Informe sobre Myanmar detalla continuas violaciones de derechos humanos


Personas desplazadas por la violencia llegan a un campamento en Kyauktaw, Estado de Rakhine (Myanmar), en enero de 2019. © AFP Según un nuevo informe publicado este mes por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, las continuas y graves violaciones de los derechos humanos siguen asolando varias zonas de Myanmar.

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos Michelle Bachelet afirmó, en la presentación del informe en el 45º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, que el Gobierno de Myanmar no ha adoptado “ninguna medida concreta” de rendición de cuentas y que las iniciativas nacionales para tratar la situación han resultado “insuficientes y no han cumplido con las normas internacionales”.

El conflicto sigue agravándose en los estados de Rakáin y Chin con el aumento de los enfrentamientos entre el ejército de Myanmar y el grupo armado étnico conocido como el Ejército de Arakán. Los civiles siguen pagando un alto precio en una zona ya frágil tras años de conflicto y crisis.

En los últimos años, miles de personas han abandonado sus hogares en busca de seguridad. En la actualidad, existen alrededor de 860.000 refugiados rohinyás en el país vecino de Bangladesh y desde 2008, cerca de 200.000 de todas las comunidades se han convertido en desplazados internos en Rakáin y Chin.

El informe de Derechos Humanos de las Naciones Unidas detalla los efectos cada vez mayores que está teniendo el conflicto armado en las comunidades de Rakáin, Chin, Mro, Daignet y Rohinyá. Entre ellos se encuentran las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales de civiles, el desplazamiento masivo de la población civil, los arrestos arbitrarios, tortura y muertes durante las detenciones, además de la destrucción de bienes civiles. Asimismo, las bajas civiles han aumentado.

Según el informe, aunque la violencia afectó a todas las comunidades en Rakáin y Chin, los civiles de etnia rakhine y rohinyá han sufrido la peor parte del conflicto.

En 2020, al menos 500 civiles han perdido la vida, incluidos mujeres, niños y mayores.

Una situación “compleja y delicada”

El Embajador Kyaw Moe Tun, Representante permanente de Myanmar, subrayó, al dirigirse al Consejo de Derechos Humanos, que la cuestión de Rakáin plantea retos enormes al gobierno y calificó la situación de muy “compleja y delicada”.

Alegó que el gobierno está dando prioridad a la búsqueda de una solución sostenible y que se deberían evitar las presiones políticas desmedidas sobre Myanmar, ante las elecciones generales que se realizarán en el país en noviembre. Solicitó a la comunidad internacional “su plena cooperación, una participación constructiva y ayuda” para Myanmar.

Un llamamiento a la rendición de cuentas

El Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General de las Naciones Unidas han solicitado repetidas veces que el Gobierno de Myanmar se responsabilice de las violaciones de derechos humanos, un llamamiento respaldado por muchos agentes de la comunidad internacional.

“Nos mantenemos atentos, y las personas que cometen actos de violencia deberían saber que se están recogiendo y conservando pruebas”, aseveró Nicholas Koumjian, Director del Mecanismo Independiente de Investigación para Myanmar (IIMM). Koumjian presentaba el segundo informe anual del IIMM, órgano al que el Consejo de Derechos Humanos ha encomendado la tarea de reunir pruebas de los crímenes internacionales más graves.

Khin Omar, un orador del grupo y el presidente de Progressive Voice, una organización de derechos humanos de Myanmar, también reiteró la petición de la rendición de cuentas.
“Han transcurrido tres años desde el genocidio de los rohinyás”, recordó Omar. “Aún no se ha hecho justicia, no se han depurado responsabilidades, ni ha habido ninguna señal de su retorno seguro a casa. Aquellos que permanecen en el estado de Rakáin siguen soportando condiciones similares al apartheid”.

Omar instó a la comunidad internacional a remitir a Myanmar a la Corte Penal Internacional o a establecer un tribunal especial, con el propósito de depurar responsabilidades por el genocidio contra los rohinyás, así como por delitos contra la humanidad y crímenes de guerra contra otras minorías étnicas.

Elecciones de noviembre: una “gran oportunidad”

Bachelet especificó que las elecciones generales que se celebrarán en noviembre supondrán una “gran oportunidad para que todas las partes demuestren su compromiso con las normas democráticas”. Al mismo tiempo, expresó su decepción por el hecho de que la gran mayoría de rohinyás no puedan votar al haber sido despojados de ese derecho.

Del mismo modo, se mostró alarmada por las continuas represiones contra los defensores de derechos humanos, los periodistas y los críticos del Gobierno y el ejército, y apeló a que se tomen medidas inmediatas para “subsanar adecuadamente las graves violaciones sufridas por los rohinyás”.

“Dado el compromiso expreso de Myanmar con la democracia, también aliento al gobierno a eliminar los obstáculos que impiden las libertades democráticas y socavan el disfrute en pie de igualdad de los derechos humanos por parte de toda la población de Myanmar”, concluyó.


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17 de septiembre de 2020

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