Los parlamentarios promueven sociedades más justas


Para los Parlamentos, la función de representación es fundamental.

La diputada al Parlamento Jamila Debbech Ksiksi junto a la bandera de Túnez © JAMILA DEBBECH KSIKSI

A causa de las desigualdades socioeconómicas, a determinados individuos o grupos de población se les suele negar la posibilidad de participar en la gestión de los asuntos públicos. Esas personas y agrupaciones se enfrentan a un círculo vicioso: mientras mayor es la desigualdad, menor es la participación y a menor participación, más desigualdad. Esta situación tiende a perpetuar los privilegios de las élites, que pueden ser las únicas capaces de influir directamente en los procesos, tanto formales como informales.

El derecho a participar en la vida pública y la política es importante para lograr el empoderamiento de personas y agrupaciones, y es decisivo para erradicar la marginación. Los diputados al Parlamento que mantienen la cercanía con sus electores comprenden la importancia de tener en cuenta sus necesidades al proponer y aprobar nuevas leyes. No es preciso que los parlamentarios sean idénticos a sus electores, pero es importante que compartan las mismas experiencias y perspectivas.

Ese es el caso, por ejemplo, de Jamila Debbech Ksiksi, la primera mujer negra que alcanza un escaño en el Parlamento tunecino. La Sra. Ksiksi siempre consideró que su función en la Cámara era defender a todos los grupos vulnerables del país: los pobres, las minorías étnicas y religiosas, y los migrantes subsaharianos que viven en Túnez.

Aunque no existen estadísticas oficiales sobre la composición étnica del país, se calcula que los negros constituyen entre el 5 y el 10 por ciento de la población tunecina. Este grupo todavía no disfruta de iguales derechos y libertades que el resto de la sociedad. Sus vivencias del racismo van desde algún insulto racista que reciben hasta el hecho de que cuentan con escasa representación en la vida pública.

Además, según la Organización Internacional para las Migraciones (IOM, por sus siglas en inglés), alrededor de 75.500 migrantes subsaharianos viven en Túnez.

Muchos de ellos han denunciado actos de discriminación racial e incluso agresiones. En agosto de 2018 saltaron a la primera plana de los periódicos los violentos altercados ocurridos entre tunecinos nativos y vecinos de Najmatar, un barrio popular de los suburbios de la capital, donde coexisten varias comunidades africanas.

La Sra. Ksiksi recuerda cuando Túnez se convirtió en el primer país del Magreb en adoptar una ley contra la discriminación racial, en octubre de 2018. Algunos consideran hoy que esa legislación fue un avance histórico, comparable a la abolición de la esclavitud decretada en el país en 1846, antes que en Estados Unidos o en cualquier otro país de la región de Oriente Medio y el Norte de África.

“El instante en que aprobamos la ley en sesión plenaria fue un momento histórico para mí. Me sentí muy orgullosa de mi país y de mis colegas diputados”, dijo la Sra. Ksiksi. El hecho de contar con un texto jurídico que penalizaba la discriminación racial fue un hito para el fortalecimiento de los derechos humanos en Túnez. En mi condición de primera mujer negra que accedía a un escaño en el Parlamento tunecino, siempre me he sentido orgullosa de formar parte de esa minoría”.

La Sra. Ksiksi estuvo en Ginebra en noviembre para participar en la segunda edición del Foro de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho. La reunión, de carácter bienal, examinó este año la manera en que los parlamentarios pueden promover el disfrute de los derechos humanos para todos, proponer soluciones para fortalecer la democracia y crear sistemas legales más resilientes.

Quienes carecen de ciudadanía, entre otros los refugiados y los apátridas, no suelen tener voz ni voto en los asuntos públicos y políticos de los países donde residen. Por consiguiente, en épocas de conflictos, los parlamentos pueden desempeñar una función decisiva para promover los valores de respeto, diálogo y avenencia, y para no dejar margen a la retórica de discriminación y xenofobia que se ha elaborado en algunas sociedades en torno al fenómeno migratorio.

En 2015, la Sra. Ksiksi fue una de las primeras diputadas al Parlamento que se pronunció contra la discriminación racial. Pero en la denuncia ella nunca pierde de vista la función que los agentes de la sociedad civil han desempeñado, al promover durante ocho años la aprobación de una ley contra la discriminación racial.

En la actualidad, la Sra. Ksiksi sigue trabajando para incorporar un enfoque basado en el género y la diversidad a todas las esferas de poder de la sociedad tunecina. Túnez es uno de los dos países de la región de Oriente Medio y el Norte de África que han aprobado leyes de paridad en el Parlamento. En 2015, las mujeres ocupaban más del 30 por ciento de los escaños en el Parlamento tunecino.

“Por primera vez, hay una mujer negra en el Parlamento. En nuestro Gobierno, nombramos a un ministro judío; fue una primicia para Túnez y un buen comienzo.

La diversidad fomentará la participación y el apoyo de todas las categorías sociales a los proyectos de reforma”, declaró la parlamentaria.

“La participación política de cada persona es un derecho humano”, añadió. “Es la expresión espontánea de nuestra ciudadanía. Debemos alentar a la gente a que participe en política”.

Para la Sra. Ksiksi, al cumplirse el 70º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Gobierno de Túnez debería hacer hincapié en los derechos económicos y sociales de la población.

“Muchos de los grupos sociales del país han quedado olvidados y padecen la carga del desempleo y los bajos salarios. Necesitamos una estrategia para erradicar la pobreza y fomentar el desarrollo en el país”, afirmó.

19 de diciembre de 2018

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