Informe pone de relieve expulsiones inseguras e indignas de migrantes de Libia Expulsiones de migrantes de Libia


© DCIM

Los migrantes en Libia corren «el riesgo continuo de sufrir una expulsión arbitraria o colectiva», según afirma un nuevo informe publicado esta semana por Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 

Estas expulsiones están ocurriendo sin una evaluación individual de sus circunstancias o sus necesidades de protección. 

El informe, Insegura e Indigna: La expulsión forzosa de migrantes de Libia, utiliza los datos oficiales proporcionados por las autoridades de Libia, junto con una supervisión y análisis a distancia llevados a cabo entre enero de 2019 y diciembre de 2020.

«Miles de migrantes llegan a Libia cada año, en busca de seguridad y dignidad para ellos y sus familias,» declara Carolina Hernández, asesora de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre migración y derechos humanos.  «Pero se ven a menudo atrapados en Libia debido a un planteamiento sobre la migración y la gestión de fronteras que se centra en impedir su llegada a Europa.»

Aunque no existen datos oficiales del gobierno, se calcula que existen más de 600.000 migrantes de más de 44 nacionalidades diferentes en Libia, muchos de los cuales carecen de documentos y se encuentran en una situación extremadamente vulnerable. 

Expulsiones de migrantes en aumento

En contra de las obligaciones internacionales de Libia en materia de derechos humanos, la legislación libia criminaliza la entrada, salida y presencia irregular en el país e impone condenas severas consistentes en detención obligatoria, multas y expulsión del país para cualquier migrante que se halle en situación irregular. 

A pesar de que en la práctica las expulsiones forzadas de Libia han ocurrido en raras excepciones en años recientes, el informe documenta cómo estas parecen estar al alza, a la vez que varios funcionarios libios están promoviendo planes para deportar «un mayor número de personas a una velocidad nunca vista antes.» Estos planes incluyen expulsiones desde centros de detención libios, a menudo usando los llamados «procedimientos de emergencia» relacionados con la pandemia de COVID-19 y otras «enfermedades contagiosas» en los cuales los migrantes se enfrentan a una elaboración discriminatoria de perfiles. 

De acuerdo con estadísticas oficiales publicadas por la oficina de Benghazi de la Dirección para la Lucha contra la Migración Ilegal (DCIM, según siglas en inglés) del Ministerio del Interior libanés, aproximadamente 7.500 migrantes fueron expulsados en 2019 y 2020. 

No obstante, supervisiones independientes realizadas por las Naciones Unidas y la sociedad civil señalan que estas cifras pueden ser bastante inferiores a la realidad y que no incluyen las expulsiones llevadas a cabo por las autoridades de facto libias. 

Falta de un debido proceso y de garantías procesales

Las expulsiones a gran escala están sucediendo sin que haya una evaluación de caso por caso, y además se les suele denegar a los migrantes el acceso a asistencia legal, intérpretes, y otras garantías procesales básicas, afirma el informe, como la capacidad de impugnar de forma efectiva la legalidad de la devolución. 

«Estas devoluciones, ajenas a un debido proceso, no cumplen con la prohibición de la expulsión colectiva y violan el principio de no devolución,» explica Hernández.

Uso de detención y reclusión arbitrarias

El informe también subraya cómo el régimen de detención de Libia supone una herramienta fundamental para llevar a cabo las expulsiones forzosas del país y expresa su grave preocupación por el uso continuo de detención y reclusión en Libia, advirtiendo que el sistema es «básicamente arbitrario.»

Miles de migrantes son detenidos cada año y ubicados en centros de detención deficientes, donde son sometidos a una serie de violaciones de sus derechos humanos que incluyen la tortura, violencia sexual, desaparición forzada, trata, y la negación constante de su derecho a alimentos adecuados, agua y atención médica.  

Derechos Humanos de las Naciones Unidas muestra su preocupación porque parece que se está produciendo un número cada vez mayor de deportaciones desde un entramado de «Centros de Recogida y Devolución» nuevos, renovados o con un nuevo nombre ubicados en todo el país, y bajo el control de las autoridades libias. 

En algunos casos, centros de detención que se habían cerrado previamente debido a  violaciones generalizadas de los derechos humanos cometidas contra migrantes se incluyen ahora entre los centros que se están volviendo a abrir.  Además, también se abrieron nuevos centros de detención que están bajo el control directo de grupos armados afiliados al Gobierno de Unidad Nacional, lo que plantea una gran preocupación sobre la seguridad de los migrantes y la rendición de cuentas por violaciones cometidas contra ellos. 

Trayectos por devolución forzada: peligrosos e indignos

El informe detalla además que las autoridades libias no están actuando para garantizar de manera adecuada la seguridad y bienestar de los migrantes durante las operaciones de devolución forzada, y que tampoco se están coordinando de forma efectiva con las autoridades en los países a los que son expulsados los migrantes. 

Durante una expulsión de casi 900 hombres y mujeres de al-Kufra en abril de 2020, los migrantes denunciaron haber sido conducidos durante cientos de kilómetros de desierto para ser abandonados en ciudades fronterizas lejanas pertenecientes a Chad o el Sudán.  No contaban con alimentos suficientes, agua o refugio, y se les obligó a hacer cuarentena en un terreno abierto debido a las restricciones relacionadas con la COVID-19. 

«Los migrantes nos dijeron que no se les había dado opción, a pesar de que les aseguraron que este proceso era “voluntario”,» continúa explicando Hernández. 

 «Muchos de ellos están siendo básicamente abandonados en el desierto.  Están expuestos a una angustia psicológica extrema, habiendo o bien experimentado directamente o sido testigos de explotación por medio de trabajos forzados, palizas, tortura o violencia sexual.»

Falta de acceso a la justicia

A pesar de estas serias preocupaciones, Derechos Humanos de las Naciones Unidas no tiene conocimiento de una sola denuncia presentada en Libia entre 2019-2020 por parte de o en representación de migrantes impugnando, por ejemplo, la legalidad de su expulsión, el uso de detención arbitraria para ejecutar la expulsión, o de pruebas de malos tratos durante el proceso de expulsión. 

No existe tampoco ningún mecanismo conocido de denuncia formal dentro del DCIM donde se puedan presentar estas pruebas o denuncias, además de existir una falta de acceso a supervisión independiente de los procedimientos de devolución, incluso por parte de Naciones Unidas en Libia. 

En este contexto, el informe presenta una serie de recomendaciones que incluyen el cese inmediato de las expulsiones arbitrarias y colectivas.  Apela a un “replanteamiento de los fundamentos” del enfoque actual para la migración y la gestión de las fronteras, además de una mayor diligencia debida a la hora de dar apoyo operativo, económico y de creación de capacidad para el gobierno libio. 

La despenalización de la migración irregular en Libia debe convertirse en una prioridad urgente, afirma el informe, y se deben ampliar las rutas para una migración segura en la región, en especial para migrantes en situaciones vulnerables, que incluyan oportunidades para la regularización y la ampliación de permisos de residencia y de trabajo.

25 de noviembre de 2021


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