Un contexto de derechos humanos para lograr el máximo nivel de salud mental


En su último informe, el Relator Especial sobre el derecho a la salud física y mental, Dainius Pūras, señaló que las relaciones y la integración social desempeñan una función importante en el fomento de la salud mental y el bienestar.

Varios pacientes descansan en un banco, en el jardín del hospital San Juan de Dios, de Lyon (Francia), en diciembre de 2006 ©AFP PHOTO JEAN-PHILIPPE KSIAZEK

Al hacer hincapié en las explicaciones individuales y biomédicas de los trastornos emocionales, afirma el experto, los Estados desvían la atención de las políticas y medidas basadas en los derechos humanos que promueven el derecho a la salud.

“La calidad de las relaciones sociales son importantes y los vínculos intergeneracionales entre las personas, las familias y las comunidades a lo largo de la vida, así como entre el gobierno y los ciudadanos, entre diversas naciones y entre la humanidad y la naturaleza son fundamentales para la salud mental”, asegura. 

El acceso a la alimentación, la vivienda, la educación y el empleo es también un prerrequisito del bienestar mental, añade Pūras.

El Relator Especial explica que las relaciones están moduladas por las estructuras socioeconómicas, políticas y culturales: en el hogar, la escuela, el centro de trabajo, las instalaciones de cuidados sanitarios y la sociedad. Añade que las relaciones abusivas, la violencia y las desigualdades sociales afectan especialmente a los grupos que están en situaciones de vulnerabilidad, tales como las minorías, los pueblos indígenas, los miembros del colectivo LGBTI y las personas con discapacidad.

El plan de salud mental de la Organización Mundial de la Salud para 2013-2020 abarca la promoción de la salud mental mediante actividades relativas a esos condicionantes sociales, pero los Estados no han alcanzado sus objetivos.

“La carga de gestionar y afrontar los daños sistémicos causados por hacer caso omiso de los condicionantes de la salud han recaído sobre los individuos. Estas personas recurren entonces al sector de la asistencia sanitaria especializado en salud mental, que a menudo carece de los recursos y enfoques adecuados para enfrentarse a este fracaso colectivo”, señala Pūras en su informe. 

El experto recuerda que es responsabilidad de los Estados promover relaciones saludables, basadas en la confianza, el respeto y la tolerancia, mediante la realización de actividades que promuevan la integración comunitaria, los contextos pacíficos y la participación de la gente en la diversidad cultural. 

Aunque han mejorado los indicadores de bienestar basados en los derechos humanos –tales como la reducción del número de suicidios, la disminución general de la pobreza extrema, el descenso de la violencia interpersonal y una mayor igualdad de género--, “persiste la oposición de un poderoso movimiento mundial de interesados contrarios a los principios de derechos humanos, que sostienen que el orden mundial posterior a la Segunda Guerra Mundial, que estableció esos derechos, ha sido un fracaso”, declara Pūras.

En su informe, Dainius Pūras describe un marco de trabajo sobre salud mental destinado a los Estados, que incluye la financiación prioritaria de políticas y medidas vinculadas a sus obligaciones esenciales, tales como la de prestar servicios sin discriminación y la de elaborar estrategias nacionales de salud pública. 

El Relator Especial también recomienda a los Estados que incorporen la salud mental al núcleo de las decisiones sobre desarrollo y asistencia, revisen sus políticas sociales, laborales y económicas a fin de promover relaciones respetuosas, y supriman el internamiento de niños en instituciones y al mismo tiempo que den prioridad a las infraestructuras de apoyo a las familias para que estas logren establecer relaciones de calidad. 

“Muchos sectores de los sistemas de atención sanitaria consagrados a la salud mental, tales como las instituciones de internamiento y los hospitales psiquiátricos, a menudo son viveros de violencia, estigmatización y desesperanza”, dice. “Los esfuerzos deberían reorientarse hacia opciones no coercitivas que aborden el bienestar de manera holística y coloquen a las personas, sus decisiones y la definición de sus experiencias en el centro de sus estrategias”.

5 de julio de 2019


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