Víctimas del terror, los asesinatos, las violaciones y el hambre: la situación de los civiles en la prolongada guerra civil de Sudán del Sur


“Ahí te dejamos para que sufras”

Estas fueron las palabras que un soldado del gobierno espetó a un anciano que había sobrevivido a un ataque de las fuerzas gubernamentales contra Tharuop, una aldea del Condado Leer, en el Estado de Unity (Sudán del Sur). Su anciana esposa había sido apaleada y muerta de un disparo, acusada de ser la madre de un rebelde.

El relato del anciano fue uno entre docenas de testimonios similares que recibió el equipo de investigación del ACNUDH que fue a Sudán del Sur para examinar las violaciones de derechos humanos en ese país. El informe, que se dio a conocer el viernes, se basa en la labor que el equipo realizó de octubre de 2015 a enero de 2016. Su trabajo se centró en las zonas más afectadas de los Estados de Unity y Upper Nile, así como en los de Western Equatoria y Central Equatoria, adonde se ha extendido el conflicto.

“La mayoría de las personas con las que hablé, tanto víctimas como testigos presenciales, habían sufrido traumas considerables desde que comenzó la guerra”, dijo un miembro del equipo de investigación. “Pero son personas muy fuertes y están ansiosas de contar su historia para que el mundo conozca su sufrimiento”.

Represalias sistemáticas

En el informe se acusa al gobierno de Sudán del Sur de practicar una política de “tierra quemada” y de asesinar, maltratar y saquear a la población civil de manera deliberada. Los relatos compilados por el equipo de investigación constituyen una lectura espeluznante.

Una mujer contó que, durante un ataque, vio cómo le disparaban por la espalda a una embarazada que huía de los soldados. En otro caso, una mujer informó de que su suegro, de 80 años de edad, había sido quemado vivo en una cabaña, junto a las cabras de la familia. Ella podía oír cómo gritaba dentro de la choza en llamas, pero los soldados del gobierno le impidieron que lo rescatara.  

La violencia sexual como arma

En el informe se documenta el uso sistemático de la violencia sexual y de género por parte de las fuerzas gubernamentales y las milicias aliadas del gobierno. La escala de la violencia sexual es impresionante: en cinco meses del año pasado, de abril a septiembre, las Naciones Unidas registraron 1300 casos de violación, solamente en el Estado de Unity. Fuentes dignas de crédito le dijeron al equipo de investigación que a los milicianos y los soldados se les permite violar a las mujeres en pago de sus servicios, un acuerdo denominado “hagan lo que puedan, tomen lo que puedan”.

Una mujer describió cómo, durante un ataque ocurrido en octubre contra la aldea de Koch, en el Estado de Unity, donde ella vivía, los soldados del gobierno mataron a su esposo. Luego la ataron a un árbol y la obligaron a ver cómo su hija de 15 años era violada por no menos de 10 soldados.

“Una de las consecuencias más notables de la continua violencia sexual y de género… es el miedo y la parálisis que provoca en la comunidad”, señala el informe. “Las mujeres se encuentran en un estado de inseguridad permanente”, afirmó una mujer desplazada. “Las mujeres sufrimos mucho. Cuando vamos al pueblo, corremos el riesgo de caer en manos de los soldados, de ser violadas y abandonadas; a las que tratan de resistir, las matan”.

Una solución posible

Aunque todas las partes en conflicto han cometido violaciones, el informe muestra que en 2015 las fuerzas gubernamentales y las milicias aliadas al gobierno fueron responsables de la mayor parte de las violaciones, tanto del derecho internacional de los derechos humanos como del derecho internacional humanitario. Esto ha generado hábitos de impunidad, miedo y un ciclo de venganza.

En el informe se recomienda al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, que pida al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la imposición de un embargo de armamento de amplio espectro en el país. Además, se recomienda la constitución inmediata del tribunal mixto que figuraba en el acuerdo de paz firmado en 2015.

“La única solución viable y duradera para proteger y promover los derechos humanos en Sudán del Sur consiste en desmontar el dispositivo de violencia y hacer que rindan cuentas los responsables del inmenso sufrimiento de la población”, expresa el informe.

11 de marzo de 2016

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