Una espera demasiado prolongada por la paz y la justicia, dice la Comisión de Investigación


El denominado Estado Islámico de Irak y el Levante (EIIL) está perpetrando un genocidio contra los yazidíes, según el informe titulado They Came to Destroy: ISIS Crimes Against the Yazidis,[Vinieron a destruir: Los crímenes del EIIL contra los yazidíes], publicado el 16 de junio por la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Árabe Siria. En el informe de la Comisión de Investigación también es establece que los abusos cometidos por el EIIL contra los yazidíes equivalen a delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.

Tras los asesinatos y las conversiones forzosas de hombres y niños yazidíes mayores de 12 años, el EIIL trasladó por la fuerza a miles de mujeres y niños yazidíes de Irak hacia las zonas de guerra de Siria, donde los mantuvieron en cautiverio. La gran mayoría de mujeres y de niñas de nueve o más años de edad, son retenidas en calidad de esclavas sexuales. A los niños yazidíes, cuando cumplen los siete años, se les separa de sus madres y se les lleva a los campamentos de adiestramiento militar del EIIL en Siria, donde reciben adoctrinamiento. La Comisión llegó a la conclusión de que el EEIL cometió estos actos con el propósito de destruir total o parcialmente a los yazidíes de Sinjar, que constituyen la mayoría de la población yazidí del mundo.   

El presidente de la Comisión, el Sr. Paulo Sérgio Pinheiro, declaró que las mujeres y las niñas yadizíes, hasta de nueve años de edad, son objeto de servidumbre sexual, esclavitud, violaciones brutales, palizas y además disponen de un acceso restringido a la alimentación, el agua y la atención médica adecuada. Por motivo de su religión se ven permanentemente insultadas y despreciadas.     

“Estas personas se venden y se compran en el mercado, pasan de un combatiente a otro como si fuesen ganado y ven cómo su dignidad humana se les arrebata cada día que pasa”, afirmó el Sr. Pinheiro. “A los niños se les separa de sus madres cuando cumplen los siete años y se les lleva a los campamentos militares del EIIL, donde reciben adiestramiento. Las declaraciones públicas formuladas por el EIIL ponen de manifiesto su intención de destruir a los yazidíes en tanto que grupo étnico”. Las conclusiones de la Comisión se basaron en decenas de entrevistas con supervivientes, dirigentes religiosos, activistas, personal médico, periodistas y contrabandistas, así como en numerosos documentos.

“La amenaza que el genocidio representa para la paz y la seguridad internacional debe generar medidas mucho más enérgicas por parte de la comunidad internacional, en particular, por el Consejo de Seguridad, que está en condiciones de aprobar medidas para frenar este genocidio”, declaró el Sr. Pinheiro. La Comisión ha pedido una vez más que la situación de Siria sea remitida a la atención de la Corte Penal Internacional.

Durante su presentación oral de actualización ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, que tuvo lugar en junio, la Comisión instó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y a las partes en conflicto a que reanuden las negociaciones de paz y alcancen una solución política para la contienda.

Desde 2011, la guerra de Siria ha causado innumerables víctimas civiles y el desplazamiento de la mitad de la población del país. Decenas de miles de desplazados están atrapados entre los frentes de combate y las fronteras norte y sur de Siria. Se calcula que unas 600.000 personas siguen atrapadas en ciudades asediadas, en las que el hambre se utiliza como arma de guerra. La ayuda humanitaria tan sólo ha llegado a la mitad de los sitiados.

“Una niña de 12 años refugiada de Madaya le mostró a la Comisión el testamento que escribió cuando creyó que iba a morir de hambre. En el texto, le pedía a su madre que recordara su risa”, relató el Sr. Pinheiro.

El presidente señaló que algunos niños de Alepo e Idlib nacieron durante la guerra y fallecieron sin haber podido ver el final del conflicto.

Los elementos de la infraestructura civil, tales como escuelas, mezquitas, plantas de agua y hospitales, son destruidos diariamente por los bombardeos de las fuerzas gubernamentales y los grupos terroristas. Según los integrantes de la Comisión, más de 700 médicos y otros miembros del personal sanitario han muerto como consecuencia de estos ataques desde el inicio del conflicto. 

La Comisión recomienda la adopción de un conjunto de medidas que podrían acordar las partes en conflicto con miras a lograr una solución pacífica, poner fin al bombardeo indiscriminado y permitir el acceso de ayuda humanitaria a las poblaciones asediadas.

“Las víctimas exigen una rendición de cuentas. La respuesta a sus peticiones de justicia debe escucharse en las esferas de poder, incluso en el Consejo de Seguridad”, añadió el Sr. Pinheiro. “Pero la rendición de cuentas, en sentido lato, es mucho más que la aplicación de la justicia penal. Es un proceso a largo plazo que debe basarse en el respeto de los principios fundamentales del derecho internacional”.

1 de julio de 2016

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