El conflicto de Yemen causa 13 bajas civiles al día


Se calcula que desde marzo de 2015 unos 3.799 civiles han muerto en el conflicto de Yemen, cuya intensidad va en aumento. Al menos 7,6 millones de personas, entre las que figuran tres millones de mujeres y niños, padecen actualmente de desnutrición y como mínimo tres millones se han visto obligadas a abandonar sus hogares.

Las bajas han sido documentadas por un equipo enviado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para prestar asistencia técnica a la comisión nacional de investigación de Yemen. La comisión ha encontrado dificultades para llevar a cabo su tarea de investigación.

Los testimonios facilitados al ACNUDH por víctimas y testigos constituyen la base del nuevo informe, que abarca el periodo del 1 de julio de 2015 al 31 de junio de 2016 y contiene denuncias de ataques reiterados contra la población civil. Según esta información, las zonas de Taizz, Am Al Asimah y Adén han sido las más afectadas por el uso de bombas de racimo y minas terrestres; disparos de francotiradores y ataques con drones contra civiles; y por el bombardeo de infraestructuras públicas y privadas, tales como viviendas, instalaciones médicas y educativas, y mercados. 

Entre otras violaciones del derecho internacional figuran la privación de libertad, los asesinatos selectivos y los desahucios y desplazamientos forzosos.

La mayoría de las bajas se atribuyen a las principales partes en conflicto, la coalición de fuerzas leales al presidente Abd Rabbo Mansour Hadi, que combaten a los Comités Populares, aliados de los hutíes y de las unidades del ejército partidarias del ex presidente Ali Abdullah Saleh. Los bombardeos terrestres y aéreos también han dañado infraestructuras públicas y particulares, y han dificultado el suministro de ayuda humanitaria vital a las poblaciones afectadas.

En el informe se señala que los dos años de conflicto en Yemen han generado vacíos en materia de seguridad que ahora aprovechan los grupos armados aliados de la rama local de Al-Qaida, la Ansar al-Sharia y el denominado Estado Islámico de Iraq y el Levante. Ambos grupos han realizado ataques contra sitios religiosos y culturales que están especialmente protegidos, en virtud del derecho internacional.

Desde agosto de 2015, el bloqueo impuesto por los Comités Populares en Taizz ha causado el colapso virtual del sistema de salud; ninguno de los seis hospitales públicos está operativo y las clínicas privadas se encuentran desbordadas por la necesidad de atender a los heridos en los combates.

Además, siguen en vigor las restricciones sobre los desplazamientos por aire y tierra, así como el bloqueo naval impuesto por la coalición. Las restricciones que pesan sobre las importaciones de productos esenciales han generado escasez de combustible en las estaciones de bombeo de agua, los hospitales y los hogares, así como una escasez de medicamentos. En las zonas bajo control de los hutíes y las fuerzas aliadas a Saleh, a los organismos humanitarios se les deniega con frecuencia el acceso a determinadas áreas y se ha suspendido la entrega de ayuda a la población.  

La situación de los niños sigue siendo motivo de gran preocupación: la información recibida por el ACNUDH indica que 559 niños han sido reclutados por las partes en conflicto, que los han usado durante las hostilidades. La mayoría de las denuncias atribuyen estas violaciones a los Comité Populares, en la provincia de Saná.

El conflicto también ha hecho que unos 560.000 niños abandonen los estudios, con lo que el número de niños en edad escolar que se encuentran sin escolarizar ha aumentado en Yemen hasta alcanzar los 2,2 millones. Durante el curso 2015/2016, el UNICEF informó de que 1.600 escuelas habían sido clausuradas en todo el país.

Las mujeres que han sido desplazadas dentro de Yemen informan de diversos malos tratos, entre otros de torturas y violaciones. En febrero de 2016, un inspector de derechos humanos de las Naciones Unidas visitó la prisión central de mujeres de Saná, que se encuentra bajo el control de los Comités Populares. Cuatro víctimas declararon que durante su arresto les habían vendado los ojos y las habían llevado a un lugar no identificado, donde, según las denuncias, las habían torturado con descargas eléctricas y los Comités Populares las habían acusado de ejercer la prostitución. En julio de 2015, una visita al hospital de Thawra en Saná reveló el caso de una niña de 10 años que había sido ingresada por las lesiones sufridas tras haber sido violada mientras se dirigía a la tienda de comestibles del barrio.

Otros grupos de población han sido atacados en el curso de las operaciones militares, entre ellos periodistas, defensores de derechos humanos y militantes de otros partidos políticos, como el Islah, el Partido Socialista y la Organización de Unidad Popular Nasserista. Incluso dirigentes religiosos, como imanes suníes y rabinos judíos, profesores universitarios, estudiantes y representantes de la sociedad civil afiliados al Partido Islah han sido víctimas de ataques. 

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, instó a todas las partes en pugna a que pongan fin a las hostilidades y colaboren para lograr una solución negociada y duradera del conflicto, en el mejor interés del pueblo de Yemen. Zeid exhortó también a la comunidad mundial a crear un órgano internacional independiente que lleve a cabo investigaciones exhaustivas.

“Los civiles de Yemen han experimentado terribles sufrimientos estos años, a causa de varios conflictos simultáneos y solapados”, afirmó el Alto Comisionado. “Y siguen padeciendo, en ausencia de toda modalidad de rendición de cuentas y de justicia, mientras que los autores de las violaciones y los abusos que padecen disfrutan de impunidad. La comunidad internacional no puede tolerar por más tiempo esa situación de manifiesta y prolongada injusticia”.

25 de agosto de 2016

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