Justicia aplazada, pero no denegada: la justicia de transición en El Salvador


Han pasado casi 40 años desde que Dorila Márquez sobrevivió a los terribles ataques que causaron cientos de muertes, entre otras las de sus hermanos y hermanas, sobrinas y sobrinos.

Una oficial de derechos humanos se acuclilla junto a otras dos personas ante el monumento a las víctimas de la masacre de El Calabozo, en El Salvador. Créditos: © OHCHR/ROCA

“Sobreviví de puro milagro”, afirmó Márquez. Ella y algunos otros vecinos estaban escondidos en su casa cuando los soldados llegaron al lugar. Allí ocurrió el milagro: los soldados se dividieron en dos grupos que partieron en sentido opuesto e hicieron caso omiso de su casa. Durante el resto de la jornada Márquez oyó los gritos, los disparos y las explosiones. Pero no fue hasta el día siguiente, cuando pudo salir a la calle, que vio las dimensiones de la violencia: casas incendiadas, campos arrasados, ganado muerto y muchos cadáveres calcinados.  

“El olor a carne quemada flotó en el aire todo el día”. Márquez hizo una pausa y tomó aliento, temblorosa. “El Mozote estaba cubierto de humo negro y casquillos de bala”.

A lo largo de tres días, en diciembre de 1981, soldados del ejército salvadoreño asesinaron a casi mil civiles en El Mozote y otros pueblos del noreste del país. La guerra civil de El Salvador se prolongó algo más de 12 años, de 1980 a 1992.

Desde entonces, los supervivientes y sus familias han luchado durante largos años con el fin de lograr reconocimiento, justicia y reparación. La negación de la masacre durante varias décadas por parte de las autoridades anteriores, la constitución de un nuevo gobierno y los laberintos burocráticos han hecho encallar las reparaciones que se esperaban.

En ese laberinto administrativo irrumpió en 2016 la Oficina Regional del ACNUDH para América Central (ROCA por sus siglas en inglés), que desde entonces trabaja en El Salvador para proporcionar apoyo y asistencia técnica en los vericuetos de la justicia de transición. ROCA ha proporcionado apoyo técnico y jurídico a la Oficina del Fiscal General y a la sociedad civil para contribuir a la investigación y el procesamiento de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra perpetrados en el contexto del conflicto bélico.

“Solo a partir de 2016, cuando el Tribunal Supremo abrogó la ley de amnistía de 1993, pudieron las víctimas y sus familiars comenzar a atisbar la posibilidad de obtener justicia y empezaron a soñar con la idea de que pudiera conocerse la verdad”, señaló Marlene Alejos, que hasta hace poco fuera Representante para América Central y Directora de la Oficina Regional de las Naciones Unidas. 

La abrogación de la amnistía 

En 2016, el Tribunal Supremo de El Salvador derogó la ley de amnistía promulgada en 1993. Esta ley impedía el procesamiento judicial de quienes habían participado en matanzas como la ocurrida en El Mozote, así como de otras violaciones graves de derechos humanos y crímenes de guerra. Julio César Larrama, miembro de la oficina del Fiscal General, afirmó que la abrogación de la ley no solo ofreció a los fiscales la oportunidad de imputar por crímenes de guerra a civiles y militares, sino que además puso de relieve la necesidad de mejorar la formación jurídica para tratar esos casos.   

“Sabemos de sobra que estos sucesos ocurrieron hace muchos años, pero cuando uno habla con una víctima de graves violaciones de derechos humanos acontecidas en el contexto de la guerra, [para ella] es como si los hechos hubieran ocurrido ayer”, afirmó Larrama. “Nosotros no queremos duplicar ese sufrimiento y por eso hemos pedido a la Oficina del ACNUDH que nos capacite para manejar esas situaciones”.

Alejos explicó que una de las principales contribuciones de la Oficina fue lograr que a finales de 2018 la Fiscalía General adoptara una “Política de investigaciones y procesamiento jurídico de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra”, un documento de políticas elaborado con el apoyo técnico de la Oficina, tras haber consultado a los supervivientes, la sociedad civil y los fiscales. El documento contiene un plan de acción y una carpeta de herramientas para ayudar a la oficina del Fiscal General en los casos de justicia de transición.

Larrama, que coordina la labor de los fiscales encargados de los casos relativos al conflicto armado, afirmó que la Oficina del ACNUDH ha propiciado importantes intercambios de información con sus homólogos de otros países que atraviesan por situaciones similares, tales como Colombia y Guatemala. “Las guerras de esos países fueron mucho más prolongadas que la nuestra y, sin embargo, han logrado excelentes resultados en los casos que han procesado”.

Esta labor ha recibido el beneplácito de la sociedad civil. Una vez al mes, el personal de la oficina se reúne con miembros de 16 ONG que forman parte de una red que fomenta la lucha contra la impunidad. La activista Sonia Rubio, una abogada que trabaja en la Fundación para el Debido Proceso (DPFL), es una de las participantes en las reuniones. En su opinión, las perspectivas de la justicia de transición en El Salvador no son muy promisorias. Aunque se derogó la ley de amnistía, se está abriendo camino en la legislatura una nueva medida que podría otorgar cierto grado de impunidad a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil.    

“Creo que en El Salvador es necesario movilizar no solo a los defensores de derechos humanos, sino también a otros sectores, tanto en el plano nacional como en el internacional, y por esa razón creemos que el apoyo de la Oficina del ACNUDH puede dar notoriedad a la situación de la justicia transicional y generar así una esperanza capaz de vencer a la impunidad”, dijo Rubio.

En febrero de este año 2020 el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, vetó el proyecto de ley que habían aprobado los legisladores. El mandatario dijo que no apoyaría ninguna medida que no incorporase tres elementos esenciales: verdad, justicia y reparación.

Vivir para la justicia 

La pugna en torno al reconocimiento, la justicia y las reparaciones se vuelve cada vez más decepcionante con el paso del tiempo. Muchos supervivientes tienen más de 70 años de edad y algunos superan ya los 80, por lo que no solo luchan contra el gobierno sino también contra el calendario.

Virgilio Cruz tiene 79 años y es de El Mozote. Aunque no estaba en la aldea en el momento de la masacre, sí perdió allí a familiares y amigos. Afirma que confía poco en el procedimiento judicial y que no espera vivir lo suficiente como para ver que se haga justicia a las víctimas.

“Dudo mucho que este sea un proceso legal limpio y transparente”, afirmó Cruz ante el muro de granito erigido en memoria de los muertos de El Mozote hace 38 años. “No creo que resulte positivo”.

Miriam Abrego vive y lucha en pos de la justicia. Abrego estaba preparando una sopa cuando los soldados llegaron al modesto poblado de San Francisco Angulo donde vivía, preguntaron por ella y le dispararon dos veces. Logró sobrevivir, pero otros 45 vecinos no tuvieron tanta suerte. Más de tres decenios después, Abrego lucha por los supervivientes como ella y por las familias de los muertos o desaparecidos, y trata de que se les escuche.

“Es muy triste que tengamos que seguir hablando de todo esto”, señala Abrego, de pie junto a la tumba que guarda los restos de los fallecidos en aquel ataque.

“[El gobierno y otras entidades] siguen diciendo que debemos callar. Pero yo no me callo. Las víctimas estamos hartas. Queremos que se nos reconozca como víctimas. Que se nos escuche. Algunos se están muriendo y todavía no hay justicia. Dígaselo a la sociedad, a las Naciones Unidas, al mundo entero. Necesitamos que nos apoyen. Que escuchen nuestros alegatos”.

2 de abril de 2020

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