El Fondo de las Naciones Unidas para las víctimas de la tortura ha desempeñado una función importante en la adopción de una decisión histórica en pro de las mujeres indígenas de Guatemala


“Los soldados destruyeron mi matrimonio”, dijo una mujer guatemalteca. “Quemaron todas nuestras pertenencias. No teníamos a dónde ir. Cuando terminábamos el turno de trabajo en la base, nos obligaban a buscar comida para los soldados, a preparar tortillas y lavar uniformes. Eso duró seis años”.

La testigo afirmó que, tras la desaparición de su marido, fue obligada a trabajar en turnos de 12 horas en la base militar de Sepur Zarco, en Guatemala.

Se trata de una de las 14 víctimas que ofrecieron testimonios aterradores que ayudaron a condenar a dos ex militares a 360 años de prisión por asesinato, violación y esclavitud sexual de mujeres indígenas.

En el primer juicio que ha acabado con una condena por violencias sexuales cometidas durante el conflicto militar de Guatemala en el decenio de 1980, a Steelmer Reyes Girón y Heriberto Valdez Asij se les declaró culpables de crímenes de lesa humanidad, entre otros de violencia sexual y asesinato.

El apoyo que durante varios años recibieron del ACNUDH y de numerosos agentes de la sociedad civil guatemalteca, que abarcó de la ayuda psicológica a la asistencia letrada, contribuyó a que se hiciera justicia a estas mujeres.

Mediante sus actividades de capacitación, la Oficina del ACNUDH en Guatemala y ONU Mujeres proporcionaron asistencia técnica a la Oficina del Fiscal General de la Nación, los jueces de la jurisdicción penal y los “tribunales de alto riesgo”, así como a los querellantes, en relación con las normas internacionales pertinentes para la justicia de transición. También colaboraron con el Programa Maya para apoyar el proceso de litigios.

Diversas organizaciones de la sociedad civil, entre otras la Asociación Mujeres Transformando el Mundo, la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas y el colectivo Jalok´U, una organización de supervivientes de etnia quekchí, que apoyaron a las mujeres que habían sido víctimas de violencia sexual, les proporcionaron un respaldo fundamental durante el juicio.

El Fondo de contribuciones voluntarias de las Naciones Unidas para las víctimas de la tortura, administrado por el ACNUDH en Ginebra, desempeñó una función temporal pero esencial, al otorgar en diciembre de 2015 un donativo de emergencia al Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP), una entidad de la sociedad civil especializada en el apoyo psicológico a las víctimas de torturas y a sus familiares.

Los procedimientos judiciales acarrean una enorme presión sobre las víctimas, ya que incluyen el visionado de numerosos vídeos y la prestación de testimonios orales privados y públicos. El apoyo psicológico especializado y oportuno a las personas que declaraban en calidad de testigos durante los juicios fue un aspecto fundamental para evitar que volvieran a revivir su condición de víctimas.

El tribunal señaló que los delitos se habían cometido en el contexto de una estrategia orientada a eliminar a los hombres que trataban de exigir sus derechos colectivos a las tierras indígenas y obligar a sus viudas a servir como esclavas a las tropas, incluso a brindar servicios sexuales.

“Teníamos que lavar el arroz y los frijoles, y cocinar. Nos violaron varias veces. Decían que nadie nos buscaba”, relató otra superviviente.

Algunas de las víctimas padecieron este calvario durante seis años, hasta que la base militar fue clausurada en 1988.

Las mujeres de etnia maya quekchí y quienes las apoyan han exigido durante años que los autores de los delitos cometidos en Sepur Zarco respondan ante los tribunales, aun si las supervivientes han debido afrontar la discriminación y la estigmatización, y han tenido que revivir su condición de víctimas.

La directora del ECAP, la Sra. Susana Navarro, destacó el apoyo decisivo que proporcionó el Fondo de las Naciones Unidas y dijo que “había acompañado y fortalecido a las mujeres durante el juicio, para que pudieran ser protagonistas del proceso judicial”.

La Sra. Navarro añadió que el triunfo ante los tribunales envió un mensaje a otras mujeres del mundo entero: “Si esto puede ocurrir en Guatemala, a pesar de las deficiencias de su sistema judicial, las mujeres de otros lugares del mundo también pueden exigir justicia”.

Desde 1981 el Fondo de contribuciones voluntarias de las Naciones Unidas para las víctimas de la tortura ha distribuido 168 millones de dólares estadounidenses a más de 620 organizaciones del mundo entero. A su vez, esas organizaciones han proporcionado servicios esenciales a víctimas de la tortura. El Fondo, que cumple ahora 35 años de existencia, es el mayor y más antiguo fondo de derechos humanos, y premia a proyectos que facilitan servicios médicos, psicológicos, humanitarios, sociales y jurídicos para rehabilitar cada año a unas 50.000 víctimas de torturas y a sus familiares.

16 de marzo de 2016

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