Voces desde el terreno: Belarús, defender los derechos de las personas vulnerables frente a la pandemia


Omer Fisher, Oficial superior de derechos humanos de la ONU en Bielorrusia.

Belarús ha adoptado pocas medidas de distanciamiento físico para responder a la pandemia, a pesar de que, en el momento de redactar estas líneas, había registrado 54.680 casos de COVID-19. Hasta ahora, han fallecido 312 personas (fuente: Organización Mundial de la Salud).

La Oficina del ACNUDH se enfoca especialmente en los derechos humanos de los grupos vulnerables, como los reclusos y las personas con discapacidades.
Omer Fisher es el Asesor Principal de derechos humanos de la Oficina del ACNUDH en Belarús.

¿Cuáles son los principales problemas en materia de derechos humanos que afronta Belarús durante la pandemia?

La respuesta de Belarús ha sido excepcional en Europa ya que, en el ámbito nacional, no ha habido confinamiento ni cuarentena. El gobierno adoptó muy pocas medidas de distanciamiento físico para responder al brote. En diversos aspectos, la vida ha continuado como si no hubiera pasado nada: las escuelas, los centros comerciales, los restaurantes y las cafeterías, así como los centros de ocio y entretenimiento han seguido funcionando. Dicho esto, se ha observado, por algún tiempo, al menos en Minsk, menos movimiento en las calles y en los lugares públicos. Algunas empresas y organizaciones, entre ellas las Naciones Unidas, tomaron medidas de inmediato para que su personal trabajara desde casa.

La cifra de contagios es elevada y se calcula que asciende a unos 800 nuevos casos diarios.

La pregunta consiste en qué grado de eficacia tienen las medidas que toma el Estado para combatir la propagación del virus. Nos preocupa también la política de comunicación que practica el gobierno en lo tocante al riesgo de contagio y la necesidad de que se escuchen las opiniones de la sociedad civil y los grupos más vulnerables, para asegurar que se cubren las necesidades y que nadie quede rezagado.

Entre estos grupos vulnerables figuran el personal sanitario y por supuesto los ancianos, las personas recluidas en establecimientos cerrados y las que se encuentran detenidas o privadas de libertad. Debido al hacinamiento, las prisiones son por desgracia un sitio ideal para la propagación del COVID-19. También nos preocupan las personas con discapacidades, muchas de las cuales viven en instituciones asistenciales. Para estas personas, el contacto con el mundo exterior se ha reducido de manera significativa, lo que afecta a su salud mental y, como ya hemos constatado en otros países, las personas residentes en este tipo de instituciones corren un riesgo muy elevado de contagio.

¿Qué hace la Oficina del ACNUDH para proteger los derechos de las personas en Belarús?

Enfocamos nuestro trabajo en los grupos vulnerables mencionados anteriormente. Además de las recomendaciones que elaboramos a medida para el contexto de Belarús sobre cómo dar respuesta a la pandemia, nos estamos ocupando de algunas cuestiones en mayor profundidad. Estamos prestando asesoramiento al Ministerio del Interior sobre políticas relativas a las personas que están en reclusión.

Actualmente colaboramos con el Ministerio de Trabajo y Protección Social para asegurar que se protegen los derechos de las personas con discapacidades, compartiendo con ellos prácticas idóneas, recomendaciones y lecciones adquiridas en otros países, a menudo y por desgracia de manera dolorosa.

Una parte importante de nuestro trabajo consiste en estar en contacto con comunidades locales y trabajar con las ONG, para evaluar la repercusión del brote, especialmente entre los grupos más vulnerables.

Nuestro objetivo general consiste en velar por que los derechos humanos se encuentren en el núcleo central de la respuesta a la pandemia. Estamos trabajando de manera conjunta con el Coordinador Residente de las Naciones Unidas y todos los órganos de las Naciones Unidas presentes en el país, así como con las autoridades y las comunidades, para lograr que así sea.

¿Cómo ha afectado el COVID-19 a vuestro trabajo? ¿Cuáles son los mayores desafíos?

En el ámbito práctico, hemos tenido que replantear los talleres, las sesiones de formación o las conferencias que habíamos planificado. Hemos tenido que adaptarnos y hacer uso de las herramientas disponibles para llevar a cabo en línea esta parte tan importante de nuestra labor. Además, el contenido actual de nuestro trabajo ha cambiado. Nuestra prioridad actual son las necesidades en materia de derechos humanos resultantes de la pandemia, y por supuesto, estas necesidades no figuraban en nuestro programa antes del brote.

Estas circunstancias son imprevisibles y cambian cada día. Debemos responder muy rápidamente. Tenemos que ser flexibles.

En lo que respecta a las experiencias adquiridas, creo que podremos expresarlas mejor en las semanas y los meses venideros. Aún es muy pronto. Sin embargo, uno de los temas que resulta evidente es la lucha contra la discriminación. Es fundamental que nadie quede rezagado para que la respuesta sea eficaz. Es indispensable proteger el derecho a la salud de todas las personas.

¿Por qué es importante defender los derechos humanos durante esta pandemia?

Existe la idea errónea de que los derechos humanos son un obstáculo y un impedimento para reaccionar eficazmente en situaciones de emergencia, como la pandemia que estamos viviendo ahora. En mi opinión, creo que es exactamente lo contrario. Una respuesta centrada en los derechos humanos, que cuente con todos los sectores de la sociedad, entre ellos las autoridades de rango subnacional, los grupos religiosos, las organizaciones comunitarias, los organismos profesionales, los medios de comunicación, las escuelas, las universidades y demás entidades, así como con figuras del mundo del deporte y el entretenimiento, supone una gran oportunidad para potenciar los lazos interpersonales, así como los vínculos entre la población y las autoridades.

La transparencia respecto a lo que se hace y la libre circulación de la información ayudan a luchar contra la propagación del virus.

Nadie debe quedar rezagado, nadie debe ser discriminado. Se trata de una obligación moral y jurídica. También es lo más inteligente que se puede hacer en el contexto de una pandemia. No se puede aspirar a limitar eficazmente la propagación del virus si sectores completos de población quedan al margen de las iniciativas.


Escuche a Omer hablar más sobre su trabajo en Belarús en el siguiente vídeo

19 de junio de 2020

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