Trabajando juntos para proteger mejor a los vulnerables en Sudán del Sur durante la COVID-19


Anthony Nwapa, Jefe de Equipo de Derechos Humanos de la UNMISS, Estado de Ecuatoria Oriental en el Complejo de la Estación de Policía Municipal de Torit. Nwapa/ACNUDH

Anthony Nwapa es jefe de equipo de la Misión de las Naciones Unidas en la División de Derechos Humanos en Sudán del Sur en el Estado de Ecuatoria Oriental, Sudán del Sur. Tras diversas acciones para impulsar junto con el Jefe de la Administración Legal en Sudán del Sur la descongestión de los centros de detención, su equipo ha estado siguiendo la evolución de las medidas adoptadas para evitar la propagación de la COVID-19 entre detenidos y reclusos, en especial mediante la puesta en libertad de presos de prisiones y otros centros de detención.     

Le preguntamos a Nwapa cómo él y sus colegas continúan trabajando en cuestiones de derechos humanos y protección durante la pandemia.

¿Cómo ha afectado la COVID-19 a tu trabajo?

Las medidas por la COVID-19 en Sudán del Sur han cambiado radicalmente nuestro modo de funcionamiento en lo que respecta a la vigilancia y verificación de los derechos humanos. De este modo, debido a las medidas de confinamiento, hemos recurrido a la vigilancia remota haciendo uso de las alianzas que hemos creado a lo largo del tiempo con organizaciones de la sociedad civil y agentes gubernamentales a través de plataformas seguras y protegidas de redes sociales para impulsar la vigilancia y reparación de violaciones. Contamos con socios de la sociedad civil creíbles y fiables quienes comparten información con nosotros y, gracias a ellos y otros agentes gubernamentales, podemos cooperar con agentes gubernamentales para garantizar la reparación de daños por estas violaciones. 

¿Qué está haciendo ACNUDH en Sudán del Sur para proteger los derechos de las personas durante esta pandemia?

Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en asociación con la División de Derechos Humanos de la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur, está cooperando con agentes gubernamentales y socios de la sociedad civil para supervisar los centros de detención. Hemos conseguido promover con éxito junto con el Jefe de la Administración Legal la revisión de casos de delitos menores en centros de detención de la policía, lo que ha conducido a la concesión de libertad bajo fianza común, sin condiciones onerosas, lo que ha permitido a detenidos pobres beneficiarse de esta medida.  

También hemos promovido juntamente con el Presidente del Tribunal Supremo medidas de excarcelación que han arrojado resultados positivos. En las dos últimas semanas, hemos documentado la liberación de 59 detenidos de centros de detención de la policía, incluyendo 28 varones adultos, 23 menores varones, seis mujeres adultas y dos mujeres menores de edad. Además, a través de la promoción de estas acciones junto con los jueces, hemos asegurado la puesta en libertad de prisión de ocho reclusos adultos. Nuestros esfuerzos no se han centrado exclusivamente en la cuestión del derecho a la libertad, sino que también han contribuido a la descongestión de estos centros como medida para prevenir la propagación de la COVID-19. 

¿Cuáles son las principales cuestiones en materia de derechos humanos que están en juego en tu país en la respuesta a la COVID-19? 

La pandemia ha venido a agravar la situación ya de por sí precaria de los derechos humanos en nuestra región. Las medidas de respuesta a la crisis han otorgado a las fuerzas de seguridad amplios poderes para restringir libertades fundamentales y la dignidad, y esto ha permitido a algunos de estos efectivos actuar con impunidad, lo que ha llevado a un número mayor de incidentes de violaciones en nuestra región. El acceso a atención sanitaria también constituye un desafío importante debido a la ausencia de centros de asistencia sanitaria y personal suficiente para hacer frente a la demanda en aumento de servicios de salud. También nos falta coordinación entre las instituciones judiciales; esto ha conducido a retrasos indebidos en la administración de justicia, además de la congestión de prisiones y otros centros de detención, lo que podría contribuir a la propagación de la COVID-19.      

¿Mayores desafíos y lecciones adquiridas en lo que llevamos de pandemia?

Nuestro mayor desafío es cómo gestionar, con menos personal sobre el terreno, el aumento de las demandas de supervisión de derechos humanos, y los compromisos que han supuesto las medidas de prevención por la COVID-19 con los confinamientos existentes. La lección que sacamos es que es posible limitar nuestro trabajo y centrarnos en aquellas cuestiones y áreas más importantes en las que contemos con una ventaja comparativa.

¿Por qué es importante permanecer juntos durante esta pandemia?

Es vital que colaboremos con partes interesadas relevantes. Esto se debe a que nuestros recursos y capacidades son limitados pero, cuando se combinan, nuestras ventajas comparativas proporcionarán mejores resultados para aquellos grupos vulnerables a los que apoyamos. Por ejemplo, buscamos el apoyo de colaboradores humanitarios para asegurar una mayor ayuda a la hora de abordar los retos socio-económicos a los que se enfrentan las personas con discapacidades de nuestra región. Tuvimos la impresión de que somos incapaces de mitigar adecuadamente el impacto de las medidas contra la COVID-19 para este grupo. Por tanto, hicimos partícipes a las agencias humanitarias y aseguramos su compromiso para facilitar el suministro de apoyo psicológico, la distribución de alimentos y de artículos de lavado de mano incluyendo jabón, para abordar los desafíos a los que se enfrenta este grupo, medidas que nos vemos incapaces de cumplir nosotros debido a las limitaciones de nuestro mandato.     

23 de junio de 2020

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