Llamamiento a una respuesta basada en derechos humanos a la degradación medioambiental en Madagascar


Un joven que lleva herramientas agrícolas sale de su pueblo para echar una mano en una aldea cercana. Beraketa, distrito de Katrafy Sur, Madagascar, octubre de 2019. Reuters/Marion Joly/Hans Lucas

Madagascar es uno de los países que menos han contribuido a la crisis climática, aunque es el cuarto más afectado por esta según el Índice de Riesgo Climático Global 2020. El país es también un punto clave de la biodiversidad.

Desde su establecimiento en 2012, el Centro de Investigación y Apoyo a las Alternativas de Desarrollo en el Océano Índico con base en Antananarivo ha venido trabajando para promocionar alternativas de desarrollo sostenible centradas en el fomento y la protección de los derechos humanos de las poblaciones más vulnerables al cambio climático, a la minería de tierras raras y a proyectos agroindustriales en Madagascar.

“Madagascar dispone de un ecosistema muy valioso y sensible, aunque se ve gravemente comprometido por el cambio climático.  Es uno de los países que contribuyen menos a la crisis climática con emisiones de dióxido de carbono de casi 0,1 toneladas per cápita, declaró Volahery Andriamanantenasoa, Director del programa para el Centro de Investigación y Apoyo a las Alternativas de Desarrollo en el Océano Índico. Ahora, más de 1.800 especies endémicas se encuentran en peligro de extinción, según la Lista Roja de Especies Amenazadas de 2020 de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, entre las que se incluyen un 80 por ciento de especies endémicas de plantas y animales del país”.

Con anterioridad a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) en septiembre de 2021, Derechos Humanos de las Naciones Unidas colaboró con el Centro de Investigación y Apoyo a las Alternativas de Desarrollo en el Océano Índico para organizar el primer Foro público sobre justicia climática y derechos humanos en Madagascar. El foro contó con más de 100 representantes de comunidades locales de todo el país afectadas por el cambio climático, así como con organizaciones de mujeres y juveniles y el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Andriamanantenasoa resaltó que la mayoría de las organizaciones ecologistas de la sociedad civil de su país se centraron en la responsabilidad individual, aunque un movimiento juvenil nacional incipiente ha comenzado a cambiar el discurso hacia la justicia climática. Madagascar ha sido azotada por un conjunto de desastres naturales, sequías y hambre en el sur que ha obligado a las poblaciones a migrar al norte en busca de tierras agrícolas para sobrevivir.

“Lamentablemente, la degradación generalizada del entorno natural del país va acompañada de políticas de desarrollo de Madagascar que tienden a perpetuar el sistema extractivista heredado de la época colonial y los regímenes posteriores a la independencia”, alegó Andriamanantenasoa.

“Estas políticas se centran especialmente en el fomento de los sectores extractivos y agroindustriales, así como en el desarrollo de la economía azul y el establecimiento de zonas económicas especiales dedicadas a los inversores extranjeros. En consecuencia, estas estrategias de desarrollo se caracterizan por una gran huella ecológica e invasión de tierras, lo que da lugar a una cuestión recurrente de apoderamiento de tierras.

El foro organizado por Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el Centro de Investigación y Apoyo a las Alternativas de Desarrollo en el Océano Índico finalizó con la adopción de la Declaración por la Justicia Climática de Antananarivo, cuya elaboración corrió a cargo del movimiento social juvenil de Madagascar por la justicia climática para alertar a las autoridades nacionales sobre cuestiones económicas, sociales y culturales vinculadas al cambio climático. También confían en que la Declaración apoye su reivindicación ante el gobierno para fomentar e integrar la educación medioambiental en las escuelas; establecer un “Fondo Verde para el Clima” y asegurar el acceso de los jóvenes al mismo; reformar el código penal malgache para introducir delitos medioambientales, poner en marcha un tribunal ecológico; y ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

En la COP21 de París en 2015, se instó a los países desarrollados a aumentar su apoyo para movilizar 100 mil millones de dólares al año para 2020 en pro de la acción climática en los países en desarrollo.

“En la COP, pedimos que los grandes países del Norte Global paguen su deuda histórica, ecológica y climática a Madagascar. Han suscrito numerosos compromisos y ahora es el momento de compensar la pérdida y los daños irreversibles que han provocado sus acciones”, aseveró.

“Es preciso que intenten reparar, en la medida de lo posible, los daños que han causado y procuren aplicar las medidas de adaptación y mitigación en consulta con las comunidades locales”, añadió Andriamanantenasoa. “Hasta el momento se han tomado decisiones sobre la compensación del carbono a nivel general, aunque el dinero no ha llegado a las comunidades locales. Necesitamos planes de clima concretos con medidas concretas que puedan tener un efecto determinado en la población”.

17 de noviembre de 2021


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