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Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Comunicado de prensa sobre la flagelación en Irán, las injustas restricciones en el acceso de las ONG a las Naciones Unidas y las ejecuciones en Gaza

Nota de prensa: Irán, restricciones a ONG y Gaza

31 mayo 2016

Portavoz del El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos : Rupert Colville
Lugar: Ginebra
Fecha: 31 de mayo de 2016

(1) Flagelaciones en Irán

Condenamos la ultrajante flagelación de unos 35 jóvenes de ambos sexos en Irán la semana pasada, después de que fueran arrestados por celebrar una fiesta de graduación en Qazvin, al norte de Teherán. Según la prensa estatal, el jueves los estudiantes fueron arrestados, interrogados, sentenciados por la oficina del fiscal a 99 latigazos cada uno y luego azotados, todo esto en un plazo de 24 horas.

La flagelación está prohibida por el derecho internacional de los derechos humanos, en particular por la Convención contra la Tortura. El Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, el Comité de Derechos Humanos y los Relatores Especiales de las Naciones Unidas ha expresado en numerosas ocasiones su grave preocupación por el hecho de que los Estados usen la flagelación, en particular contra las mujeres, y han pedido su abolición. La aplicación por las autoridades de este castigo cruel, inhumano y degradante –que podría equivaler a una tortura- resulta totalmente desmesurada y abominable.

En otro caso, se informó de que 17 mineros fueron flagelados este mes en la provincia iraní de Azerbaiyán Occidental, por haber participado en una protesta con motivo del despido de 350 trabajadores de la mina de oro Agh Dara. El mes pasado, una mujer fue azotada públicamente por haber mantenido relaciones sexuales extramatrimoniales. Aunque no disponemos de un cálculo fiable del uso de la flagelación en el país, los informes apuntan a que este castigo se emplea regularmente en una amplia gama de presuntos delitos.

Instamos a las autoridades iraníes a que pongan fin al uso de este castigo cruel, inhumano y degradante.

(2) Injustas restricciones en el acceso de las ONG a las Naciones Unidas

Quisiéramos sumar nuestra voz a muchas otras –entre ellas, la del Secretario General- que han expresado su preocupación en relación con la decisión adoptada la semana pasada por la mayoría de los 19 Estados Miembros del Comité de las ONG del ECOSOC, por la que se denegó al Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) el reconocimiento como entidad consultiva. Creemos que la decisión de no permitir que tan acreditada ONG participe en las reuniones de las Naciones Unidas, incluidas las del Consejo de Derechos Humanos aquí en Ginebra, además de ser imprudente, injusta y arbitraria, es diametralmente opuesta a otras iniciativas adoptadas por los Estados Miembros de las Naciones Unidas, encaminadas a proteger mejor a los periodistas en el mundo entero.

El CPJ es una voz fundamental y respetada en cuestiones relativas a la protección de los periodistas y la libertad de prensa, y las estadísticas que compila sobre asesinatos, ataques y encarcelaciones de periodistas en todo el mundo están consideradas entre las más fiables de todas las disponibles.

De hecho, los votos de tan solo diez Estados lograron que la opinión y las importantes investigaciones que el CPJ lleva a cabo sigan excluidas de todos los debates y procesos pertinentes de las Naciones Unidas. De los 19 Estados que componen el Comité de las ONG, seis votaron a favor de otorgar al CPJ el reconocimiento como entidad consultiva que claramente merece y otros tres se abstuvieron. La votación se efectuó después de que la solicitud del CPJ, presentada inicialmente en 2012, hubiera sido aplazada siete veces por el Comité. Como señala el Alto Comisionado en un informe recién publicado y que se presentará oficialmente al Consejo de Derechos Humanos el 20 de junio*, el aplazamiento, a menudo durante largos años, de un gran número de solicitudes de ONG que aspiran a ser reconocidas como entidades consultivas, por motivos al parecer arbitrarios, ha privado al debate internacional de importantes contribuciones de la sociedad civil.

También tenemos graves preocupaciones acerca de la reciente negativa de los Estados Miembros a autorizar a 11 organizaciones de la sociedad civil que representan al colectivo LGBTI y a otras comunidades marginadas, para que asistan a la próxima Reunión de Alto Nivel para poner fin al SIDA, que tendrá lugar en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York.

El Secretario General pronunció un importante discurso sobre el tema ayer, en la República de Corea, en el que denunció la restricción del espacio democrático y pidió más libertad para las organizaciones de la sociedad civil, las ONG y los defensores de derechos humanos: “Por desgracia”, afirmó, “esa libertad se encuentra amenazada, incluso en el último lugar donde esto debería ocurrir: en las Naciones Unidas”. **

El Alto Comisionado comparte plenamente esta preocupación, a medida que aumentan las pruebas de que un número cada vez mayor de Estados reprimen las libertades de expresión, asociación y reunión, empezando por la prensa y los defensores de derechos humanos. Aunque estas medidas sirvan a los intereses de las autoridades que desean sofocar la crítica y conservar el poder, sin duda no operan en el interés de sus pueblos. Este lamentable incidente relativo al CPJ es un ejemplo cabal de esta tendencia desafortunada y sumamente negativa.

*Véase:  http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/32/20
** Véase: http://www.un.org/sg/statements/index.asp?nid=9755

(3) Ejecuciones en Gaza

Condenamos la ejecución de tres hombres que han llevado a cabo hoy las autoridades en Gaza, a pesar de la grave y generalizada preocupación acerca de que no se respetaron los criterios internacionales que definen un proceso justo y a pesar de los llamamientos de numerosos agentes locales e internacionales para que se detuvieran las ejecuciones.

Estas ejecuciones se realizaron sin la aprobación del presidente palestino Mamoud Abbas, tal como exigen las leyes de Palestina, con lo que, en la práctica, se les denegó a esos hombres el derecho a solicitar el perdón o la conmutación de sus sentencias. Este derecho a pedir el perdón o la conmutación también está consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que Palestina se adhirió en 2014.

Seguimos profundamente preocupados por las ejecuciones previstas para el futuro próximo. Reiteramos que las sentencias de pena capital ejecutadas de conformidad con lo dispuesto en un juicio injusto constituyen una violación del derecho internacional. Instamos a las autoridades de Gaza a que suspendan cualquier ejecución futura y cumplan con sus obligaciones en virtud del derecho nacional e internacional de respetar los derechos a la vida y a un juicio justo. Pedimos al presidente palestino que establezca urgentemente una moratoria sobre la pena capital, en consonancia con la tendencia mundial al respecto, con miras a su abolición.

FIN

Para mayor información y solicitudes de prensa favor contactar a Rupert Colville (+41 22 917 9767 / [email protected]) or Ravina Shamdasani (+41 22 917 9169 / [email protected]) or Cécile Pouilly (+41 22 917 9310 / [email protected])

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