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Declaraciones Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Con el fin de evitar la próxima ola de violencia, es necesario abordar las causas fundamentales - Bachelet habló sobre la intensificación en Gaza y el Territorio Palestino Ocupado

27 mayo 2021

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Período Extraordinario de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos sobre el deterioro de la situación de los derechos humanos en el Territorio Palestino Ocupado, que incluye Jerusalén Oriental, Declaración por Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Vídeo: Declaración de la Sra. Bachelet

Ginebra, 27 de mayo de 2021

Señora Presidenta, 

Terribles acontecimientos en Gaza y en el territorio palestino ocupado han requerido una vez más convocar un Período Extraordinario de Sesiones de este Consejo. Hemos sido testigos recientemente de la intensificación más importante de las hostilidades desde 2014. 

De acuerdo con las cifras verificadas por mi Oficina, 242 palestinos resultaron muertos por las Fuerzas de Seguridad Israelíes en ataques en Gaza, entre los que se incluyen 63 niños.  Otros miles de personas han resultado heridos a la vez que se calcula que más de 74.000 palestinos se han visto desplazados. En la Ribera Occidental, que incluye a Jerusalén Oriental, 28 palestinos, incluyendo cinco niños, han resultado muertos desde el 24 de mayo.  Al mismo tiempo, cohetes lanzados por Hamás y otros grupos armados palestinos mataron a 10 ciudadanos y residentes israelíes, incluyendo dos niños, y obligaron a otros miles a guarecerse en refugios. 

Esta intensificación estuvo directamente vinculada con protestas y con una enérgica respuesta por parte de las fuerzas de seguridad israelíes en primer lugar en Jerusalén Oriental, extendiéndose posteriormente a todo el territorio palestino ocupado y también al interior de Israel. 

Dos cuestiones principales condujeron a este aumento de las tensiones.  Los desalojos inminentes de familias palestinas y su desplazamiento forzoso en el barrio de Sheikh Jarrah en la Jerusalén Oriental ocupada, para dejar espacio a colonos; así como el despliegue de las Fuerzas de Seguridad Israelíes en el recinto de Al Aqsa, lo que restringió el acceso de miles de devotos durante los últimos días del Ramadán.    En varias ocasiones, las FSI hicieron uso de la fuerza contra manifestantes y devotos pacíficos en el interior de la mezquita de Al Aqsa.  En otras ocasiones, conforme las manifestaciones pasaban a convertirse en enfrentamientos, las FSI recurrieron a medios de control antidisturbios haciendo un uso excesivo de la fuerza, incluyendo la violencia física, lo que recrudeció las tensiones. 

Señora Presidenta, 

La última intensificación entre Israel y grupos armados palestinos estalló el 10 de mayo, cuando Hamás, quienes son las autoridades de facto en la Franja de Gaza, exigió que las fuerzas israelíes abandonaran el recinto de Al Aqsa y Sheikh Jarrah en Jerusalén Oriental.  Cuando esto no se produjo, Hamás y otros grupos armados lanzaron un ataque de cohetes contra Israel.  Estos cohetes son indiscriminados y no distinguen entre objetivos militares y civiles, y su uso, por lo tanto, constituye una violación clara del derecho humanitario internacional.  Durante los 11 días que transcurrieron hasta el alto el fuego, varios de estos cohetes mataron e hirieron a civiles además de causar daños considerables a bienes civiles, como instalaciones públicas, viviendas, fábricas y otras estructuras de carácter civil. 

Israel respondió con intensos ataques áereos en Gaza que incluyeron bombardeos, misiles disparados desde cazas de combate y ataques desde el mar.  Aunque su objetivo previsto eran miembros de grupos armados y su infrastructura militar, los ataques de Israel dieron como resultado un número considerable de muertes y heridos civiles, así como la destrucción y daños a gran escala de bienes civiles.  Entre estos se incluyen edificios gubernamentales, viviendas residenciales y edificios de apartamentos, organizaciones humanitarias internacionales, instalaciones médicas, oficinas de medios de comunicación y carreteras que conectan a civiles con servicios esenciales como hospitales.  El resultado fue la destrucción parcial o total de estos bienes.  A pesar de las explicaciones de Israel de que muchos de estos edificios albergaban a grupos armados o estaban siendo usados con fines militares, no tenemos ninguna prueba a este respecto. 

Aunque Israel adoptó una serie de precauciones, como por ejemplo avisar previamente de los ataques en algunos casos, los ataques aéreos en zonas tan densamente pobladas resultaron en un alto nivel de víctimas y heridos civiles, así como la destrucción generalizada de infrastructura civil.  Estos ataques despiertan serias dudas sobre el cumplimiento de Israel con los principios de distinción y proporcionalidad en virtud del derecho humanitario internacional.  Si se resolviera que estos ataques fueron indiscriminados y desproporcionados en relación a su impacto sobre civiles y bienes civiles, podrían constituir crímenes de guerra. 

Por otro lado, ubicar efectivos militares en zonas civiles densamente pobladas o lanzar ataques desde estas zonas, supone también una violación del derecho humanitario internacional.  No obstante, las acciones de una de las partes no eximen a la otra de sus obligaciones en virtud del derecho internacional. 

A diferencia de los civiles israelíes, quienes tienen la ventaja de la «cúpula de hierro» y de fuerzas militares profesionales para ayudarles a protegerlos, los civiles palestinos apenas cuentan con protección contra los ataques aéreos y las operaciones militares que se desarrollan en una de las zonas más densamente pobladas del mundo.  No tienen lugar al que escapar, debido al bloqueo israelí por tierra, aire y mar, que ha estado aplicándose durante los últimos 14 años.  Como resultado de este bloqueo, los palestinos de Gaza han sufrido el deterioro de sus infrastructuras y una reducción de su acceso a servicios básicos, incluyendo servicios de salud inadecuados y un sistema de alcantarillado ruinoso que supone una amenaza directa para la salud y bienestar de todos los residentes civiles en esa zona.  La incapacidad del sistema sanitario para responder de forma integral a la COVID-19 con el repunte reciente de casos ha hecho que este deterioro sea especialmente notorio.  Para conseguir un sistema sanitario apropiado, muchos palestinos se ven obligados a viajar al extranjero sujeto a un permiso de Israel, que suele ser denegado. 

No hay duda de que Israel tiene derecho a defender a sus ciudadanos y residentes.  No obstante, los palestinos también tienen derechos.  Los mismos derechos.  Ellos también tienen derecho a vivir con seguridad y libertad en sus hogares, con servicios y oportunidades adecuados y esenciales, y con respeto a su derecho a la vida y a su integridad física.  La realidad del día a día de la ocupación, no obstante, es que los palestinos son en cambio privados de forma sistemática de sus derechos y libertades fundamentales que corresponden a todo ser humano. 

Señora Presidenta, 

En Sheikh Jarrah y otros barrios de Jerusalén Oriental, el riesgo de desalojos continúa y sigue alimentando las tensiones.  Estos desalojos deben terminar, en línea con las obligaciones de Israel en virtud del derecho internacional.  Apelo a las autoridades israelíes a detener de forma inmediata el proceso de desalojo. 

A la vez que la trágica pérdida de vidas y la destrucción en Gaza ha acaparado de forma lógica los titulares de medios de todo el mundo, la alarmante situación en la Ribera Occidental ha pasado inadvertida a muchas personas.  La tensión, protestas y violencia, incluyendo el uso de la fuerza por parte de las FSI, ha alcanzado niveles no contemplados en años.  Solamente el 14 de mayo, las FSI mataron a 10 palestinos en el contexto de manifestaciones y enfrentamientos, la mayor cifra alcanzada en un solo día en la Ribera Occidental desde que las Naciones Unidas comenzaron a recopilar estas cifras de forma sistemática en 2008. 

Me preocupan enormemente los incidentes documentados sobre colonos usando munición real para atacar a palestinos, en algunos casos junto a Fuerzas de Seguridad Israelíes. 

Señora Presidenta, 

El tercer aspecto de las graves violaciones de derechos humanos de la semana pasada es la situación dentro de Israel, donde se produjeron escenas sin precedentes de choques, violencia colectiva y disturbios entre ciudadanos palestinos de Israel y grupos de ultraderecha, apoyados estos por colonos Israelíes.  Especialmente preocupantes fueron varios intentos de ataques de turbas contra personas en las ciudades mixtas de Bat-Yam, Jaffa y Acre, así como ataques en lugares de culto y patrimonio cultural, instigados por ambas partes.  Me preocupan particularmente las informaciones sobre que la policía Israelí no intervino para proteger debidamente a ciudadanos palestinos de Israel ante tales ataques, a la vez que recurría a menudo a un uso excesivo de la fuerza para controlar a manifestantes palestinos. 

A la vez que celebro el alto el fuego del 21 de mayo, es evidente que, al menos que se aborden las causas fundamentales de esta violencia, será tristemente solo cuestión de tiempo hasta que comience una nueva ola de violencia, con más dolor y sufrimiento para civiles de ambos bandos.  Debe llevarse a cabo un proceso de paz auténtico e inclusivo para abordar las causas fundamentales y poner fin a la ocupación.  En este proceso y en cualquier acuerdo derivado del mismo, el respeto y protección de los derechos humanos debe ser vital, incluyendo la rendición de cuentas por violaciones y abusos de derechos humanos cometidos en el pasado.  Solo cuando se respeten y protejan plenamente los derechos humanos, se podrá generar confianza entre las diversas comunidades y se podrá conseguir una paz duradera, sostenible y justa.

Mientras tanto, reitero mi llamamiento a Hamás y a todos los grupos armados a abstenerse de usar cohetes y morteros de forma indiscriminada, por cuyos actos tendrá que haber rendición de cuentas.  Y, una vez más, insto a Israel a asegurar la rendición de cuentas en conformidad con sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario y las normas de derechos humanos. Esto incluye llevar a cabo investigaciones imparciales e independientes sobre las acciones realizadas durante esta escalada.  En su papel de potencia ocupante conforme al derecho internacional, Israel está obligada a proteger a la población de la Ribera Occidental, Jerusalén Oriental y Gaza y a garantizar su bienestar.  Se deben respetar los derechos de los palestinos a la vida, seguridad y el derecho de reunión y expresión.

Por último, la muerte y lesiones de niños en esta intensificación es una vergüenza para todos.  En estos ciclos recurrentes de conflicto, no podemos perder de vista su sufrimiento y pérdidas, como tampoco los de cualquier civil.  No importa lo duradera que venga siendo esta situación, «interminable» no debe ser un término aceptable. 

En todo el mundo, 2021 es un año de supuesta recuperación.  Y, por encima de todo, es una oportunidad para recuperarnos mejor. 

En Gaza en especial, reconstruir es por supuesto algo urgente.  La población necesita un hogar, una escuela, un hospital en funcionamiento; suministro estable de electricidad, agua limpia, saneamiento.  Todos estos factores son fundamentales para el pleno disfrute de derechos económicos, sociales y culturales, los cuales han sido también drásticamente vulnerados en el reciente conflicto. 

Reconstruir vidas también exige reconstruir medios de vida sostenibles.  Una reconstrucción de Gaza centrada en las personas, la cual garantice los derechos humanos de sus ciudadanos, es un pilar esencial para lograr una paz duradera y un futuro sostenible. 

Espero sinceramente que esta sea la última vez que necesitemos celebrar un período extraordinario de sesiones como este. 

Gracias, Señora Presidenta.