Antecedentes

La legitimidad fiscal es una de las áreas prioritarias de trabajo identificadas por la Experta Independiente en Deuda Externa y Derechos Humanos, la Sra. Attiya Waris, en su informe temático sobre "Balance e identificación de áreas prioritarias: una visión para el trabajo futuro de la titular del mandato" (A/HRC/49/47). Desde el punto de vista de un enfoque basado en los derechos humanos, la legitimidad fiscal descansa en el contrato social entre el Estado y la sociedad: a las autoridades estatales se les confía la recaudación de ingresos, la distribución de recursos y la definición de la política fiscal para llevar a cabo sus funciones, incluida la realización de los derechos humanos. La sociedad, por su parte, acepta aportar recursos, con el acuerdo de que se utilizarán para llevar a cabo esas funciones. La legitimidad fiscal está garantizada cuando la sociedad confía en que la(s) institución(es) que gobierna(n) los recursos fiscales puestos en su confianza lo hará(n) en interés de la sociedad y de los derechos humanos. Sin embargo, la relación que parece haberse desarrollado entre la población en general y el Estado, a través de los mecanismos e instituciones estatales, no siempre ha conseguido mejorar la vida de la población, incluidas las minorías, los refugiados, los inmigrantes, los inmigrantes indocumentados, los apátridas y, más en general, los más vulnerables de la sociedad.

El Experto Independiente argumenta que el uso de una lente de derechos humanos, incluyendo el principio de realización progresiva y el deber de proporcionar cooperación y asistencia internacional, ayudaría con los esfuerzos para aumentar los recursos disponibles, y que la legitimidad fiscal está garantizada cuando un sistema fiscal funciona de acuerdo con los siguientes siete principios:

1. Rendición de cuentas (los sistemas fiscales no deben ser arbitrarios, sino basarse en criterios predeterminados, claros y estables, y estar dotados de mecanismos de rendición de cuentas);
2. Transparencia (la toma de decisiones fiscales debe ser un proceso transparente y participativo);
3. Responsabilidad (los Estados son responsables de crear las condiciones previas para la legitimidad fiscal, que incluyen la educación y la información de los contribuyentes);
4. Eficiencia (el coste de un sistema fiscal debe ser el mínimo posible tanto para el gobierno como para el contribuyente);
5. Eficacia (los sistemas fiscales deben concebirse de la manera más eficaz para garantizar la realización del contrato social, incluidos los derechos humanos);
6. Equidad (todos los interesados en la toma de decisiones fiscales deben participar en pie de igualdad, y el sistema fiscal debe basarse en la capacidad de contribuir);
7. Justicia (los sistemas fiscales deben ser lo menos onerosos posible y guiarse por principios más generales de justicia social, y no sólo económica).

La Experta Independiente invita a todas las partes interesadas a proporcionar opiniones, documentación, análisis e información pertinente para su informe temático sobre "Legitimidad fiscal y derechos humanos", en particular, a las instituciones académicas/universitarios, investigadores independientes, grupos de reflexión, organizaciones internacionales, entidades de las Naciones Unidas, instituciones financieras internacionales, organismos fiscales, instituciones nacionales de derechos humanos, empresas y asociaciones empresariales, organizaciones y redes no gubernamentales, así como a particulares y otras partes interesadas. El informe se presentará en la 55º Sesión Ordinaria del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.

Preguntas clave

Para facilitar la recepción de aportaciones, la Experta Independiente preparó la siguiente lista de información clave que considera esencial para el informe. La lista puede responderse total o parcialmente en función de los conocimientos y la experiencia de los actores dispuestos a contribuir a este informe (por favor, haga referencia al número de la pregunta en su respuesta).

General

1. ¿En qué medida los sistemas fiscales y tributarios existentes a nivel subnacional, nacional, regional e internacional garantizan la legitimidad fiscal?
2. ¿Qué tipo de medidas/políticas fiscales (por ejemplo, impositivas) pueden obstaculizar o, por el contrario, reforzar la legitimidad fiscal a nivel subnacional, nacional, regional e internacional?
3. ¿Cuáles son los principales retos -económicos o de otro tipo, incluidos los culturales- a los que se enfrentan los sistemas de legitimidad fiscal a nivel subnacional, nacional, regional e internacional?
4. ¿Qué tipos de sistemas impositivos existentes parecen obstaculizar o reforzar la legitimidad fiscal? ¿Cómo privilegian a unos o afectan desproporcionadamente a otros?

Principios de legitimidad fiscal

5. ¿Hasta qué punto los sistemas fiscales existentes a nivel subnacional, nacional, regional e internacional incorporan y hacen realidad alguno de los siete principios de legitimidad fiscal señalados anteriormente (rendición de cuentas, transparencia, responsabilidad, eficiencia, eficacia, equidad y justicia)?
6. ¿Puede dar ejemplos de cómo los Estados, las organizaciones internacionales u otras partes interesadas ya han aplicado (alguno de) estos principios? (Por ejemplo, medidas/políticas para garantizar la rendición de cuentas, la transparencia o la justicia de sus sistemas fiscales).
7. ¿Qué posibles retos -no sólo jurídicos, sino también económicos, sociales, culturales o de otro tipo- obstaculizan la aplicación de estos principios? ¿Qué tipo de medidas/políticas pueden recomendarse para aplicar y/o reforzar (cada uno de) estos principios a nivel subnacional, nacional, regional o internacional?
8. En términos más generales, ¿cómo pueden estos principios de legitimidad fiscal ser más útiles para todas las partes interesadas?

Otros

9. Por favor, facilite cualquier otra información, documento o material de referencia que pueda ser relevante para el informe.

Tratamiento de las respuestas

Todas las contribuciones se publicarán en la página web oficial del Experto Independiente. Las organizaciones de la sociedad civil o los particulares pueden solicitar que sus contribuciones sean confidenciales.