Skip to main content
convocatoria a contribuciones | Procedimientos Especiales

Convocatoria de contribuciones - Acceso a la justicia y a recursos eficaces en el contexto de las sustancias peligrosas

Publicado por

Relator Especial sobre sustancias tóxicas y derechos humanos

Plazo límite

04 marzo 2025

Propósito: Informar el informe temático de 2025 del Relator Especial al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

De conformidad con la resolución 54/10 del Consejo de Derechos Humanos, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, Marcos Orellana, presentará un informe temático, con recomendaciones, al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en septiembre de 2025. Su informe temático se centrará, de acuerdo con su mandato, en el acceso a la justicia y los recursos efectivos en el contexto de los tóxicos.

El Relator Especial es un experto independiente nombrado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El Consejo de Derechos Humanos es un órgano intergubernamental del sistema de las Naciones Unidas formado por 47 Estados miembros responsables de la promoción y protección de todos los derechos humanos en el mundo. El Relator Especial forma parte de un sistema de los llamados Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas, formado por expertos independientes en derechos humanos con mandatos para informar y asesorar sobre derechos humanos desde una perspectiva temática o específica de un país. Sus actividades incluyen realizar visitas a países, enviar comunicaciones a Estados u otros actores sobre preocupaciones o violaciones de derechos humanos, realizar informes temáticos, convocar consultas de expertos, contribuir al desarrollo de normas internacionales de derechos humanos y participar en la cooperación técnica. Los relatores especiales son seleccionados en función de sus conocimientos y experiencia en el ámbito de su mandato, su integridad personal, independencia, imparcialidad y objetividad. No son empleados de las Naciones Unidas y no reciben remuneración por su trabajo.

El mandato del Relator Especial sobre sustancias tóxicas y derechos humanos tiene por objeto ayudar a los Estados, las empresas y otras partes interesadas a adoptar soluciones en relación con las sustancias nocivas y las cuestiones de derechos humanos.

El Dr. Marcos A. Orellana fue nombrado Relator Especial sobre tóxicos y derechos humanos en agosto de 2020 y fue reelegido en 2023 para un segundo mandato de tres años. Es experto en derecho internacional y en legislación sobre derechos humanos y medio ambiente. Su práctica como asesor jurídico ha incluido trabajos con organismos de las Naciones Unidas, gobiernos y organizaciones no gubernamentales.

Antecedentes

El acceso a la justicia y a recursos efectivos en el contexto de los tóxicos supone un reto mundial para la protección de los derechos humanos frente a los efectos nocivos de la exposición a sustancias peligrosas. Diversas barreras dificultan el acceso de las víctimas a la justicia e incluso impiden que éstas obtengan recursos efectivos en el contexto de los tóxicos. Esto a menudo da lugar a la impunidad y pone de relieve la necesidad de reforzar los marcos normativos y los mecanismos judiciales y de otro tipo para garantizar el acceso a la justicia y a los recursos para las víctimas de la exposición a sustancias tóxicas.

Los instrumentos y normas internacionales de derechos humanos, incluidos los principios del debido proceso, combinados con los acuerdos multilaterales sobre medio ambiente, establecen las obligaciones en materia de derechos humanos relativas a la justicia medioambiental. Estas normas incluyen las establecidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones, el Convención sobre el Acceso a la Información, la Participación del Público en la Toma de Decisiones y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales (Convención de Aarhus); el Acuerdo Regional sobre al Acceso a la Información, Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), las Directrices para la Elaboración de Legislación Nacional sobre Acceso a la Información, la Participación del Público y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales (Directrices de Bali), entre otros tratados universales y regionales de derechos humanos y medio ambiente.

La reparación efectiva es indispensable para hacer frente a las consecuencias adversas de la exposición a sustancias químicas peligrosas y a residuos sobre los derechos humanos de las personas y las comunidades, incluidos los derechos a la vida, a la salud y a un medio ambiente sano. Del mismo modo, las diversas formas de contaminación suelen afectar de manera desproporcionada a las comunidades en situación de vulnerabilidad. Esto pone de relieve la importancia crítica de la no discriminación y la igualdad en el acceso a la justicia para abordar y remediar las violaciones de derechos.

Para ser eficaz, en los casos de violaciones de derechos humanos que impliquen la exposición a sustancias químicas tóxicas y residuos, el recurso debe garantizar una reparación integral. Esto abarca no sólo la indemnización económica de las personas y las comunidades, sino también la restitución, la reparación, la limpieza, la rehabilitación y las garantías de no repetición, entre otras medidas, según proceda.

En el ámbito legal, los obstáculos en el acceso a la justicia y a recursos efectivos son varios e incluyen limitaciones a la legitimación; tasas y costes legales, incluso cuando un caso no prospera; la necesidad de pruebas técnicas complejas; la lejanía geográfica de las comunidades rurales; dificultades para asegurar una representación legal adecuada; y la ausencia de jueces especializados, entre otros. Asimismo, la falta de aplicación efectiva de las decisiones judiciales puede agravar y perpetuar la impunidad. Los daños medioambientales y sanitarios irreversibles también plantean obstáculos a la reparación integral. Estas barreras afectan de manera desproporcionada a los grupos en situación de vulnerabilidad, agravan las desigualdades y perpetúan los riesgos para las comunidades expuestas a sustancias peligrosas.

Una barrera específica de los casos de contaminación tóxica es la invisibilidad de los riesgos químicos, ya que los sentidos humanos tienen una capacidad limitada para ver o percibir de otro modo los elementos o compuestos químicos. Además, a menudo la información necesaria para establecer que ha habido exposición a sustancias peligrosas, o para relacionar causalmente la exposición con alteraciones clínicas de la salud, es muchas veces inexistente o requiere tiempo para recopilarla y establecerla. Esto podría significar que la carga de probar el riesgo, el daño y/o la causalidad, según el caso, podría constituir un obstáculo insuperable para la víctima.

Se han realizado avances significativos para reforzar el acceso efectivo a la justicia y a recursos eficaces en diversas jurisdicciones. Algunos ejemplos son la aplicación de la carga dinámica de la prueba o su inversión, la ampliación de la capacidad procesal y las normas que dan prioridad a las pruebas de la peligrosidad de las sustancias químicas y de la exposición a ellas sin exigir pruebas directas de la causalidad del daño. También cabe destacar el uso de tribunales móviles.

Objetivos

El informe temático sobre acceso a la justicia y recursos efectivos en el contexto de los tóxicos tiene como objetivo proporcionar información y recomendaciones para fortalecer los marcos normativos y los mecanismos judiciales y administrativos con el fin de garantizar recursos efectivos a las víctimas de violaciones de derechos humanos relacionadas con productos químicos y residuos tóxicos. El informe identificará los obstáculos, analizará las normas y la jurisprudencia pertinentes, destacará las buenas prácticas nacionales e internacionales y evaluará la aplicación de los instrumentos internacionales, entre otras cosas. El informe también propondrá directrices para mejorar la equidad, accesibilidad y eficacia de los recursos jurídicos en el contexto de los tóxicos.

Los objetivos específicos de este informe incluyen:

  1. Identificar y proporcionar recomendaciones para reducir las barreras estructurales y discriminatorias que dificultan o impiden el acceso a la justicia y a recursos efectivos, incluidos los obstáculos jurídicos, procesales y económicos, con especial atención a las personas y comunidades en situación de vulnerabilidad.
  2. Apoyar a los Estados en la implementación de marcos regulatorios e institucionales para hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia y a recursos efectivos en el contexto de los tóxicos.
  3. Explorar cómo los instrumentos internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Acuerdo de Escazú, la Convención de Aarhus, las Directrices de Bali, entre otros, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pueden contribuir aún más al acceso a la justicia y a recursos efectivos en el contexto de los tóxicos.
  4. Promover la creación y fortalecimiento de mecanismos idóneos, tales como tribunales ambientales especializados, programas de muestreo y pruebas ambientales, programas de apoyo técnico y financiero, y medidas procesales equitativas, para asegurar la efectividad de los recursos legales y la protección de los derechos en juego en casos relacionados con tóxicos.
  5. Proponer estrategias para asegurar la reparación integral de las violaciones relacionadas con los tóxicos dentro de los marcos nacionales.
Preguntas clave y tipos de contribuciones/comentarios solicitados

El Relator Especial invita a todas las personas, organizaciones y Estados interesados en las cuestiones relacionadas con el acceso a la justicia y a recursos efectivos en el contexto de las sustancias peligrosas a que hagan aportaciones para la preparación de su informe temático. Lo ideal sería que las aportaciones incluyeran información sobre los siguientes temas

  • Jurisprudencia relevante: Información sobre decisiones judiciales locales, regionales o internacionales relativas al acceso a la justicia en casos de sustancias tóxicas, incluido el análisis de obstáculos y buenas prácticas.
  • Aportaciones de instrumentos internacionales: Ejemplos de cómo los instrumentos de derechos humanos y ambientales, como el Acuerdo de Escazú, la Convención de Aarhus y las Directrices de Bali, han fortalecido el acceso a la justicia y a los recursos en el contexto de los tóxicos, y sugerencias de otros marcos pertinentes.
  • Carga dinámica de la prueba: Ejemplos de casos en los que se ha aplicado la carga dinámica de la prueba en asuntos medioambientales en general, o específicamente en casos relacionados con sustancias tóxicas.
  • Reclamaciones colectivas: Ejemplos de decisiones judiciales relevantes que impliquen acciones colectivas o populares.
  • Principios medioambientales y de derechos humanos: Ejemplos de cómo las decisiones judiciales relevantes pueden haber dado efecto a los principios de prevención, precaución, quien contamina paga, no regresión, entre otros.
  • Papel del acceso a la información y la participación pública: Ejemplos de cómo el acceso a la información medioambiental y sanitaria, incluida la información científica, los conocimientos indígenas y la participación pública han contribuido al acceso a la justicia y a los recursos en casos de contaminación tóxica.
  • Obstáculos a la justicia: Información sobre obstáculos, como la limitada capacidad jurídica, los costes legales prohibitivos, los complejos requisitos de pruebas técnicas o la falta de ejecución de las decisiones judiciales sobre contaminación tóxica.
  • Impactos diferenciados en grupos en situación de vulnerabilidad: Barreras a las que se enfrentan individuos y grupos en situación de vulnerabilidad, como Pueblos Indígenas, pueblos tribales, mujeres, niños, comunidades rurales o defensores de los derechos ambientales, para acceder a la justicia y a las reparaciones en casos de contaminación tóxica, incluyendo los impactos diferenciados que experimentan.
  • Buenas prácticas en reparaciones integrales: Ejemplos de mecanismos judiciales, administrativos o de mediación que han dado lugar a reparaciones integrales por daños ambientales y de otro tipo causados por sustancias peligrosas.
¿Cómo se utilizarán las aportaciones?

Las aportaciones servirán de base para la preparación del informe temático del Relator Especial al Consejo de Derechos Humanos.

A menos que se especifique lo contrario, las aportaciones se publicarán en el sitio web del Relator Especial. Si NO desea que su aportación escrita o cualquier otra información se publique en el sitio web del Relator Especial, indíquelo explícitamente en su aportación. Aunque alentamos las aportaciones sobre situaciones generales, en vista de las cuestiones de consentimiento y privacidad, las aportaciones que contengan nombres de presuntas víctimas se tendrán en cuenta, pero no se publicarán en línea.

A continuación se indican contactos y enlaces útiles para las organizaciones y representantes que deseen ponerse en contacto con el Relator Especial sobre sustancias tóxicas y derechos humanos:

Redes sociales

Siga al Relator Especial:

El Relator Especial sobre tóxicos y derechos humanos le agradece su aportación.

Próximas etapas

Las contribuciones/comentarios pueden enviarse por correo electrónico. Deben recibirse antes del 4 de marzo de 2025 a las 00:00 (hora de Ginebra).

Dirección de correo electrónico: [email protected]

Asunto del correo electrónico: Contribución al informe sobre acceso a la justicia y recurso efectivo

Límite de palabras o páginas:
2500 palabras / 5 páginas y, si es necesario, con enlaces a los documentos pertinentes o anexos adjuntos.

Formatos de archivo:
Word

Idiomas aceptados:
inglés, francés, español

VER ESTA PÁGINA EN: