Antecedentes

Para el bienestar de las generaciones presentes y futuras, los Estados deben prevenir los daños ambientales como parte de sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional del medio ambiente. Estas obligaciones exigen que los Estados, las instituciones financieras internacionales, las empresas -incluidos los inversionistas - y las organizaciones conservacionistas evalúen el impacto ambiental, social y sobre los derechos humanos de los proyectos, las políticas y las estrategias mediante evaluaciones de impacto ambiental (EIA) y evaluaciones ambientales estratégicas (EAE) exhaustivas y eficaces.

Como destacó la Relatora en su primer informe a la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la aplicación del derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible (A/79/270), estas herramientas gubernamentales críticas para la adecuada aplicación del Estado de derecho en materia de medio ambiente, aún no están adecuadamente reguladas ni se aplican. "En algunos lugares, las evaluaciones no son vinculantes y en otros, ni son independientes ni abarcan todo el abanico de repercusiones ambientales y climáticas posibles. La falta de información y de participación efectivas en estos procesos reduce la posibilidad de que las personas defiendan los derechos que les corresponden y, por tanto, de que los Estados impidan cualquier nueva repercusión."

A pesar del reconocimiento mundial de esta obligación en los marcos jurídicos, siguen existiendo importantes retos. Al menos desde la Declaración de Río de 1992, las EIA se reconocen como una piedra angular para prevenir los daños medioambientales. Sin embargo, la práctica demuestra que la revisión ambiental a menudo se considera sólo un trámite de procedimiento y, en peores casos, una carga para el "desarrollo", la inversión y el crecimiento económico. Como consecuencia, muchas jurisdicciones aplican amplias excepciones o realizan evaluaciones insuficientes, con lo que agravan la degradación ambiental, contribuyen a graves violaciones de los derechos humanos y causan importantes pérdidas socioeconómicas y ambientales. Reforzar la comprensión, la regulación y la aplicación de estas evaluaciones es, por tanto, fundamental para garantizar la protección y el cumplimiento efectivos del derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible, en el contexto de la triple crisis planetaria que comprende el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación, teniendo en cuenta los límites planetarios.

Objetivos

El informe pretende analizar los retos y deficiencias en la regulación y aplicación de las EIA y las EAE en las distintas jurisdicciones. También definirá cómo se integran y deben integrarse las normas y estándares de derechos humanos en las EIA y las EAE, incluso en relación con los elementos procedimentales de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia. Ello contribuirá a aclarar cómo deben diseñarse y reforzarse las EIA y las EAE con vistas a su aplicación efectiva. La Relatora Especial propondrá recomendaciones prácticas, basadas en las buenas prácticas internacionales y en los marcos jurídicos existentes.

Preguntas clave y tipos de contribuciones/comentarios solicitados

La Relatora Especial agradece las aportaciones relativas a los siguientes temas:

1. Información relativa a la normativa vigente sobre las EIA y las EAE, incluso en relación con:
   • Si se tiene en cuenta el cambio climático y cómo, especialmente en lo que respecta a las emisiones de alcance 1, 2 y 3, si se tienen en cuenta y cómo se hace;
   • Si se considera un enfoque basado en los ecosistemas y cómo se incorpora
   • Si los impactos integrales y acumulativos figuran en la evaluación y de qué manera;
   • El grado de consulta y participación de las personas y/o comunidades afectadas; y
   • Requisitos para la divulgación pública de los resultados y conclusiones de la evaluación.
2. Información sobre la entidad estatal responsable de preparar o revisar las EIA, y las EAE en los casos en que también se soliciten.

Incluya también información sobre:

• Mecanismos para identificar y prevenir conflictos de intereses en el proceso de evaluación.
• Las cualificaciones, la experiencia y las competencias requeridas de quienes realizan las evaluaciones.

3. Información sobre las normas nacionales existentes relativas a las EIA aplicables a los proyectos, incluidas las aplicables a los proyectos financiados por instituciones financieras internacionales, organizaciones de conservación y otros financiadores importantes. En caso de que se soliciten EAE, incluya las normas existentes al respecto.
4. Principales desafíos experimentados por los Estados, las empresas y los titulares de derechos en relación con la solicitud, evaluación y aplicación adecuadas de las EIA, incluidos: a) los desafíos para comunicar los resultados y conclusiones de las evaluaciones con los titulares de derechos potencialmente afectados y otros miembros interesados del público, y b) los desafíos experimentados por los titulares de derechos para influir en el diseño de las evaluaciones, participar en ellas y acceder a los resultados y conclusiones de las evaluaciones. La Relatora agradecerá especialmente los datos o estudios que ilustren la aplicación de las excepciones estatales que reducen los requisitos de evaluación, y las consecuencias prácticas para la protección del medio ambiente y las violaciones del derecho a un medio ambiente sano.
5. Ejemplos de las "buenas" prácticas de aplicación de las evaluaciones:

• Si los impactos sobre los derechos humanos se tienen en cuenta en la evaluación y de qué manera, incluyendo ejemplos de EIA y EAE que hayan consultado de forma sustantiva y efectiva a los pueblos indígenas, mujeres y niñas, jóvenes, afrodescendientes, comunidades de pescadores a pequeña escala, campesinos o comunidades afectadas, y que hayan evaluado de forma coherente y exhaustiva los impactos diferenciados por género, cultura, edad, raza, etnia u otros.
• Descripción de mecanismos para garantizar el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia, incluyendo ejemplos de EIA y EAE realizadas en colaboración y con la participación de pueblos indígenas, afrodescendientes, comunidades de pescadores a pequeña escala, campesinos u otras comunidades rurales o urbanas. Esto incluye ejemplos que garanticen que las personas y comunidades afectadas fueron notificadas de los resultados de la evaluación.

¿Cómo se utilizarán las contribuciones?

Le rogamos que su propuesta sea concisa y se limite a un máximo de 5 páginas (o 2.500 palabras). Las propuestas pueden abordar todas o solo algunas de las preguntas anteriores.

Las contribuciones deben presentarse únicamente en inglés, francés o español.

Agradecemos sus esfuerzos por presentar sus valiosas aportaciones a este informe, así como su colaboración y apoyo a la ejecución de este mandato.

Fecha límite de presentación: 15 de abril de 2025.

Envíe sus respuestas por correo electrónico en formato Word (asunto: Evaluaciones de impacto ambiental y evaluaciones de impacto estratégico) a .[email protected]

A menos que se especifique lo contrario, las aportaciones se publicarán en el sitio web del Relator Especial. Si NO desea que su aportación escrita o cualquier otra información se publique en el sitio web del Relator Especial, indíquelo explícitamente en su aportación. Teniendo en cuenta cuestiones de consentimiento y privacidad, las aportaciones que contengan nombres de presuntas víctimas se tendrán en cuenta, pero no se publicarán en línea. 

Para ponerse en contacto con el mandato de la Relatora Especial: [email protected].