Resumen

En el presente informe temático, que se transmite a la Asamblea General de conformidad con la resolución 54/10 del Consejo de Derechos Humanos, el Relator Especial sobre las implicaciones para los derechos humanos de la gestión y eliminación ambientalmente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos, Marcos Orellana, explica en detalle el deber del Estado de impedir que las sustancias y los desechos peligrosos generen injusticias de género o agraven las existentes, en especial contra las mujeres y las niñas, las personas de género diverso y los hombres pobres, en particular los que proceden de comunidades marginadas.

Debido a una regulación estatal insuficiente, la generación y emisión de grandes cantidades de productos químicos peligrosos, a menudo derivados de industrias petroquímicas, extractivas y agrícolas, está teniendo graves efectos negativos en los derechos humanos. Los daños para la salud relacionados con el sexo y el género causados por la exposición a sustancias peligrosas incluyen esterilidad, aborto espontáneo, muerte prenatal, nacimiento prematuro o bajo peso al nacer, cáncer y trastornos metabólicos en toda la sociedad, todo lo cual repercute gravemente en el derecho a la salud, a la vida familiar, a la integridad física y mental y a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible.

Muchas mujeres y niñas se ven especialmente afectadas por la exposición a sustancias tóxicas debido a razones biológicas, pero también porque realizan más tareas de cuidados. Los Gobiernos deberían dotar de más recursos a los servicios de salud materna y otros servicios de salud reproductiva sobre la base de un marco de justicia reproductiva y mejorar los determinantes sociales y ambientales de la salud.