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Irán: En el primer aniversario de la muerte en custodia de Jina Mahsa Amini, la Misión de Investigación de la ONU advierte con profunda preocupación que se han intensificado la represión contra mujeres y niñas, así como las represalias contra manifestantes y familias de las víctimas

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14 septiembre 2023

GINEBRA (14 de septiembre de 2023) - Un año después de que comenzaran las protestas en todo Irán tras la muerte en custodia de Jina Mahsa Amini, de 22 años, el acoso estatal contra mujeres y niñas está en aumento. La Misión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Islámica de Irán advirtió hoy que las autoridades han exacerbado las medidas represivas contra quienes ejercen sus derechos fundamentales, incluyendo la libertad de religión, la libertad de expresión y la reunión pacífica.

Jina Mahsa fue arrestada en Teherán, el 13 de septiembre de 2022, por la "policía de la moral" de Irán y forzada a subir a una camioneta debido a que, presuntamente, había incumplido las leyes de Irán sobre el uso obligatorio del velo. El 16 de septiembre, Jina Mahsa murió en custodia. Su muerte desató una ola de protestas en todo el país. Según la información recibida, que está siendo investigada por la Misión, el Estado respondió a las protestas con un uso innecesario y desproporcionado de la fuerza, acudiendo a arrestos y detenciones arbitrarias, juicios injustos, ejecuciones extrajudiciales y acoso a familiares de las víctimas, lo cual continúa hasta el día de hoy.

"Jina Mahsa no debería siquiera haber sido arrestada", sostuvo Sara Hossain, Presidenta de la Misión.

"Desde la muerte en custodia de Jina Mahsa, el Gobierno de la República Islámica de Irán ha incumplido su obligación de permitir conocer la verdad, obtener justicia y recibir reparaciones tanto a su familia como a las familias de otras víctimas, mujeres, niñas y todos los manifestantes que han sido objeto de violaciones de derechos humanos fundamentales", indicó Hossain. "En cambio, la República Islámica está intensificando la represión y las represalias contra sus ciudadanos y ciudadanas y busca introducir leyes nuevas más severas que han de restringir todavía más los derechos de las mujeres y las niñas".

Existe un proyecto de ley, actualmente bajo consideración en el Parlamento iraní, que de ser aprobado expondría a mujeres y niñas a un mayor riesgo de violencia, acoso y detención arbitraria. La legislación prevé multas y penas de prisión más severas para mujeres y niñas que incumplan las disposiciones sobre el uso obligatorio del velo. También propone castigos más graves, incluyendo prohibiciones de viajar, confiscación de vehículos, negación de acceso a la educación y a los servicios públicos, incluyendo instalaciones médicas, así como sanciones contra empresas.

En declaraciones oficiales, las autoridades iraníes han indicado que las investigaciones concluidas sobre la muerte de Jina Mahsa revelan que murió por condiciones médicas preexistentes y no así por causa de una lesión en la cabeza o el cuerpo. Sin embargo, la Misión resaltó que las investigaciones del Gobierno incumplen las normas y estándares internacionales de derechos humanos, incluyendo los requisitos de independencia y transparencia.

"Nos horroriza que, en el último año, varios y varias manifestantes hayan muerto en prisión tras informes de que sufrieron torturas, incluyendo a Javad Rouhi, un joven manifestante que fue inicialmente sentenciado a pena de muerte, sentencia que luego fue anulada, pero permaneció detenido a pesar de ello, fue presuntamente sometido a torturas y murió como consecuencia de ello", afirmo Shaheen Sardar Ali, Experta de la Misión.

"El Estado continúa detentando la responsabilidad de esclarecer las circunstancias y las causas de la muerte en custodia de Jina Mahsa, así como la de otros manifestantes, incluyendo a Javad Rouhi, con total transparencia y responsabilidad", indicó Sardar Ali. La Misión recordó que, según el derecho internacional de los derechos humanos, cuando una persona muere en custodia estatal, existe una presunción general de que el Estado es responsable.

En anticipación del primer aniversario de la muerte de Jina Mahsa, las autoridades también intensificaron el acoso e intimidación de los familiares de los manifestantes, incluyendo a los niños y las niñas. Existe información que indica que decenas de familiares, incluyendo aquellos que públicamente han manifestado su luto y han intentado conocer la verdad y obtener justicia por sus seres queridos muertos en las protestas, han sido arrestados o citados a declarar en las últimas semanas.

En un desarrollo profundamente preocupante, hay informes que sugieren que las autoridades han intimidado y acosado a la familia de Jina Mahsa, incluyendo a Ahmjad Amini, su padre, para evitar que la familia haga duelo por su muerte. El tío de Jina Mahsa, Safa Aeli, fue arrestado el 5 de septiembre de 2023 por las fuerzas de seguridad en Saqqez, y su destino y paradero permanecen desconocidos. Mientras tanto, los medios han informado que el lugar de entierro de Jina Mahsa ha sido dañado en al menos dos ocasiones.

Además, según fuentes oficiales, el abogado de la familia de Jina Mahsa, Saleh Nikbakht, ha sido citado para ser interrogado y está siendo juzgado bajo cargos de "actividades de propaganda". Dos periodistas que informaron sobre su caso, Niloofar Hamedi y Elahe Mohammedi, permanecen detenidas y están siendo juzgadas por cargos de "colaboración con un gobierno hostil", "reunión y conspiración con la intención de cometer delitos contra la seguridad nacional" y "actividades de propaganda contra el sistema". Otra periodista, Nazila Maroofian, supuestamente ha sido condenada por "propaganda contra el sistema" y "difundir mentiras para distorsionar la opinión pública" y ahora enfrenta cargos de "promoción del vicio".

"Las familias de las víctimas tienen derecho al duelo, a conmemorar a sus seres queridos de acuerdo con sus creencias culturales y religiosas, incluyendo a través de la celebración de ceremonias públicas. Según el derecho internacional de los derechos humanos, el Estado debe respetar y garantizar el derecho a conocer la verdad, obtener justicia y recibir reparaciones de las víctimas y sus familias y abstenerse de intimidar, acosar y ejercer represalias", sostuvo Viviana Krsticevic, Experta de la Misión.

La información recibida por la Misión de Investigación sugiere preliminarmente que, en lugar de defender los derechos humanos, el Gobierno de la República Islámica de Irán ha perfeccionado y reforzado su capacidad y sus actividades para sofocar la disidencia, inclusive la vigilancia a través del uso de tecnología. Cualquier persona que participe en el movimiento "Mujer, Vida, Libertad", sea participando en las protestas o mostrando públicamente su apoyo, por ejemplo en las redes sociales, corre el riesgo de ser arrestada, detenida, maltratada, torturada y procesada por delitos graves que pueden llevar a la imposición de la pena de muerte.

La Misión de Investigación insta al "Comité Especial" del Gobierno, establecido el 7 de mayo de 2023, a investigar las protestas para examinar las denuncias de acoso e intimidación y las presuntas violaciones de los derechos humanos de las personas manifestantes, periodistas, abogadas y defensoras de los derechos humanos de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos. Sus hallazgos deberían hacerse públicos.

La Misión de Investigación también reitera su llamado al Gobierno de la República Islámica de Irán para que coopere plenamente con sus investigaciones y asegure que todas las personas afectadas tengan medios seguros e irrestrictos para proporcionar pruebas, incluyendo la remisión de sus casos a la Misión.

Hasta ahora, el Gobierno no ha respondido a las repetidas solicitudes de información enviadas por la Misión de investigación, que va a presentar un informe completo sobre sus conclusiones durante un diálogo interactivo en el 55º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, en marzo de 2024.

FIN

El 24 de noviembre de 2022, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas creó la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Islámica de Irán con el mandato de investigar violaciones de derechos humanos cometidas en Irán relacionadas con las protestas que comenzaron el 16 de septiembre de 2022, especialmente con relación a las mujeres y los niños y niñas. El 20 de diciembre de 2022, el Presidente del Consejo de Derechos Humanos informó que Sara Hossain (Bangladesh), Shaheen Sardar Ali (Paquistán) y Viviana Krsticevic (Argentina) fueron designadas como miembros independientes de la Misión y designó a Sara Hossain como Presidenta.

La Misión aprovecha esta oportunidad para agradecer a todas aquellas personas, en particular a las víctimas y testigos, que le han proporcionado información. Asimismo, la Misión renueva su llamado a quienes tengan información sobre violaciones de derechos humanos en el contexto de las protestas que comenzaron el 16 de septiembre de 2022, así como sobre las causas estructurales de las presuntas violaciones de derechos humanos, a enviarla (sea en inglés o en persa) a la siguiente dirección de correo electrónico [email protected].

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