Skip to main content

Comunicados de prensa Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

La ley de asilo concertada entre Rwanda y el Reino Unido: Los líderes de las Naciones Unidas advierten de sus consecuencias nocivas

23 abril 2024

Una imagen tomada con un dron muestra a migrantes cruzando el Canal de la Mancha en una pequeña embarcación, el 06 de marzo de 2024. El gobierno británico ha sufrido recientemente más reveses en la Cámara de los Lores sobre su plan de enviar migrantes a Ruanda para disuadirles de cruzar el Canal de la Mancha. A pesar de los esfuerzos de los gobiernos británico y francés por impedir que los migrantes realicen el peligroso viaje en pateras, muchos están dispuestos a correr el riesgo de solicitar asilo

GINEBRA (23 abril de 2024) – Tras la aprobación otorgada por el Parlamento británico a la denominada “Ley sobre la seguridad en Rwanda”, dos dirigentes de las Naciones Unidas han expresado de nuevo su preocupación por las nocivas repercusiones que esta norma tendrá sobre la responsabilidad compartida, los derechos humanos y la protección de los refugiados.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidieron al gobierno del Reino Unido que reconsidere su plan para trasladar a los solicitantes de asilo a Rwanda, en lugar de tomar medidas prácticas para abordar el flujo irregular de refugiados y migrantes, sobre la base de la cooperación internacional y el respeto del derecho internacional de los derechos humanos.

La Ley sobre la Seguridad en Rwanda (Asilo e Inmigración) fue presentada al Parlamento al mismo tiempo que el Tratado Conjunto Británico-Rwandés sobre Asilo, después de que el Tribunal Supremo del Reino Unido concluyera el año pasado que la propuesta de trasladar a Rwanda a los solicitantes de asilo sería una violación tanto de las leyes británicas como del derecho internacional en la materia, y señalara deficiencias en el sistema rwandés de examen de las peticiones de asilo. Pero, en la práctica, la nueva ley y el tratado no solucionan las brechas de protección detectadas por el Tribunal Supremo. En realidad, una vez que entren en vigor, estos nuevos instrumentos limitarán aún más el margen de los tribunales británicos para examinar las decisiones de traslado, lo que reducirá la capacidad de apelación de los peticionarios de asilo, incluso en el caso en que se enfrenten a riesgos considerables.

“La nueva legislación se aleja un poco más de la larga tradición británica de otorgar refugio a quienes lo necesitan y vulnera la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados”, afirmó Grandi. “La protección de los refugiados exige que todos los países -no solo los aledaños a zonas de conflicto- cumplan con sus obligaciones. Este acuerdo trata de desplazar la responsabilidad de proteger a los refugiados, por lo que socava la cooperación internacional y sienta un precedente peligroso a escala mundial”.

“El Reino Unido cuenta con un ilustre historial de escrutinio judicial independiente y eficaz. Todavía está a tiempo de adoptar las medidas correctas y poner en vigor una legislación que aborde los factores que llevan a la gente a abandonar sus hogares y compartir la responsabilidad de proteger a los más necesitados con sus socios de Europa y otras regiones”, añadió el Alto Comisionado.

Para lograr este objetivo, es indispensable contar con un sistema de asilo y migración eficaz y bien dirigido, que garantice la protección a quienes la necesitan y permita el regreso al país de origen de las personas que carezcan de justificación legal para quedarse.

Al tiempo que reconocían los retos implícitos en el movimiento irregular de migrantes y refugiados, que a menudo se produce en circunstancias peligrosas, los dirigentes de las Naciones Unidas expresaron su grave preocupación de que la nueva legislación pudiera facilitar los traslados en el marco del convenio de asilo Rwanda-Reino Unido con escasa consideración de las circunstancias individuales o los riesgos de protección inherentes. Los líderes de las Naciones Unidas exhortaron al Reino Unido a que, en vez de esto, recabara la cooperación práctica de los países a lo largo de la ruta que siguen los migrantes y refugiados, a fin de reforzar la protección y ofrecer alternativas reales. Este enfoque incluiría la ampliación de medidas de amparo orientadas a fomentar la seguridad de los viajeros.

“Al trasladar la responsabilidad sobre los refugiados, disminuir la capacidad de los tribunales británicos para examinar las decisiones de deportación, limitar el acceso al amparo jurídico en el Reino Unido y reducir el ámbito de la protección nacional e internacional de los derechos humanos de un grupo específico de personas, esta nueva legislación socava gravemente el estado de derecho en el Reino Unido y sienta un precedente peligroso a escala mundial”, declaró Türk.

“Para la protección de los derechos humanos y la dignidad de refugiados y migrantes que buscan amparo, es fundamental que todos los traslados desde el Reino Unido se lleven a cabo tras una evaluación de las circunstancias específicas de cada persona, en estricto cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos y de la convención sobre los refugiados”, añadió el Alto Comisionado.

Esta nueva legislación es la tercera de una serie de leyes británicas restrictivas que desde 2022 han erosionado el acceso de los refugiados a la protección en el Reino Unido, entre otras, la prohibición de otorgar asilo u otras formas de permiso de residencia en el Reino Unido a las personas que llegan irregularmente a través de un tercer país. Si esta norma entrase en vigor, facilitaría el envío sumario a Rwanda de los solicitantes de asilo, incluso de las familias con hijos menores, que tendrían que presentar allí sus peticiones de asilo, sin perspectiva alguna de regresar al Reino Unido. Esta medida también limitaría drásticamente la capacidad de los peticionarios de asilo para impugnar o apelar las decisiones de expulsión, ya que tanto los responsables políticos como los jueces tendrían que tratar a Rwanda como un país “seguro” en lo tocante a la protección de los solicitantes de asilo, haciendo caso omiso de cualquier prueba en sentido contrario que pudiera presentarse, lo mismo ahora que en el futuro. Esta situación es aún más preocupante habida cuenta de que la legislación autoriza expresamente al gobierno a descartar cualquier medida provisional de protección procedente de la Corte Europea de Derechos Humanos.

Para más información y solicitudes de los medios de comunicación, póngase en contacto con:

En Ginebra
Ravina Shamdasani + 41 22 917 9169 / [email protected]
Jeremy Laurence +41 22 917 9383 / [email protected] 
Marta Hurtado + 41 22 917 9466 / [email protected]

En Nairobi
Seif Magango +254 788 343 897 / [email protected]

Etiquetar y compartir

Twitter @UNHumanRights
Facebook unitednationshumanrights
Instagram @unitednationshumanrights