Ecuador: Experto presenta amicus curiae en caso de explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní

GINEBRA – El Relator Especial de la ONU sobre tóxicos y derechos humanos, Marcos Orellana, ha presentado hoy un amicus curiae ante la Corte Constitucional de Ecuador en el caso de la consulta popular sobre la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní, en el que expone los estándares internacionales para el cumplimiento de las decisiones judiciales que exigen a los Estados garantizar su efectiva y pronta ejecución.

«El incumplimiento de la voluntad popular y de la sentencia de la Corte Constitucional de Ecuador pone en peligro uno de los ecosistemas más biodiversos del mundo, amenaza los derechos de los Pueblos Indígenas y socava el Estado Constitucional de Derecho», dijo el Relator Especial.

En agosto de 2023, los ciudadanos ecuatorianos, a través de una consulta popular organizada al amparo de la Constitución nacional, decidieron dejar bajo tierra indefinidamente el petróleo del Bloque 43 del

Parque Nacional Yasuní. La Corte Constitucional dio a esta decisión un plazo final de cumplimiento hasta agosto de 2024. A pesar de la sentencia, el gobierno ecuatoriano ha continuado con la extracción de hidrocarburos en el Parque Nacional Yasuní.

«Las normas internacionales de derechos humanos sobre el cumplimiento de las sentencias judiciales adquieren una importancia aún mayor cuando el incumplimiento pone en peligro la supervivencia de los Pueblos Indígenas y amenaza con causar daños medioambientales significativos», afirmó Orellana.

En su escrito de amicus curiae, el experto subrayó la relación entre los derechos de los Pueblos Indígenas y la protección de un medio ambiente sano. Señaló que los Pueblos Indígenas que viven en la selva amazónica en Yasuní enfrentan graves amenazas para su salud, tierras y territorios como consecuencia de la exposición a sustancias peligrosas y residuos generados por la extracción de petróleo.

También destacó la importancia de que la Corte Constitucional de Ecuador evalúe el cumplimiento de su sentencia en este caso. «Los tribunales constitucionales tienen un papel crucial que desempeñar en el esfuerzo por incorporar las normas internacionales de protección de los derechos humanos en el derecho interno», dijo el Relator Especial.

«Para hacer realidad el desarrollo sostenible, el Acuerdo de Escazú sobre derechos ambientales en América Latina y el Caribe prioriza el acceso a la justicia en materia ambiental y exige a los Estados Partes contar con mecanismos efectivos para hacer cumplir las decisiones judiciales», dijo Orellana.