Colombia: El Comité de la ONU publica su informe de visita con una hoja de ruta para combatir las desapariciones forzadas

GINEBRA - El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED) publicó hoy las conclusiones de su reciente visita a Colombia, en las que identifica ámbitos concretos de preocupación y ofrece una hoja de ruta exhaustiva para apoyar al Estado en la lucha contra el persistente y atroz crimen de las desapariciones forzadas.

El CED visitó Colombia del 21 de noviembre al 5 de diciembre de 2024. Estuvo en Bogotá, Cali, Cúcuta, Medellín, Santa Marta y Villavicencio, donde sostuvo 55 reuniones con más de 80 autoridades de todas las ramas del gobierno, y 61 reuniones con víctimas, colectivos de víctimas y organizaciones de la sociedad civil. También visitó cinco lugares de privación de libertad.

El Comité agradeció la cooperación y las facilidades brindadas por las autoridades del Estado antes y durante la misión, destacando que la visita marca un nuevo hito en su diálogo constructivo con Colombia.

En su informe, el Comité señaló que el fenómeno de las desapariciones forzadas en Colombia no terminó con los acuerdos de paz de 2016. Por el contrario, siguen ocurriendo a diario, tanto en el contexto de los conflictos armados como fuera de ellos, afectando a diversos grupos en todo el país, especialmente en regiones bajo el control de grupos armados no estatales y delincuenciales.

Expresó especial preocupación por las desapariciones vinculadas al reclutamiento forzado, en particular las que afectan a niños, niñas y adolescentes, que son captados a través de redes sociales o fuera de las escuelas, y a veces, según alegaciones, con el apoyo, soporte o aquiescencia de las autoridades.

El Comité también expresó su preocupación por el creciente número de desapariciones vinculadas a la trata de personas, que afectan especialmente a niños, niñas, adolescentes y mujeres. Durante su visita, el Comité escuchó dolorosos testimonios de familias afectadas por estas desapariciones y el consiguiente clima de miedo. Una madre dijo: "Nuestros hijos e hijas se van a la escuela por la mañana. No sabemos si volverán. Muchos han desaparecido".

El Comité tuvo conocimiento de desapariciones durante operaciones militares de contrainsurgencia y de actos llevados a cabo para eliminar a supuestos "enemigos" internos, como personas defensoras de los derechos humanos, periodistas, líderes sociales y comunitarios y personas LGBTIQ+. "La desaparición forzada se utilizó y se sigue utilizando como método de terror para controlar territorios", afirma el informe.

Otro motivo importante de preocupación son las desapariciones en el contexto de la migración. Según la información facilitada al Comité, estas desapariciones se producen especialmente en tres zonas: el Tapón del Darién (frontera con Panamá), Norte de Santander (frontera con Venezuela) y San Andrés (puerto de salida).

Una cuestión estructural crítica destacada en el informe es la falta de datos fiables y unificados sobre el número de personas desaparecidas en el país. Las estimaciones proporcionadas a la delegación durante la visita variaron enormemente, oscilando entre 121.768 y 210.000, mientras que se sabe que muchos casos siguen sin denunciarse. La ausencia de un registro coordinado y estandarizado es un obstáculo importante que dificulta los esfuerzos para establecer estrategias de búsqueda e investigación adaptadas y proporcionar reparación a las familias.

Al tiempo que subrayaba la amplitud del marco jurídico vigente, el Comité se centró en su aplicación en la práctica, que, según la abundante información recibida, era limitada.

Para hacer frente a estos retos, el Comité urgió al Estado Parte a reforzar sus mecanismos de búsqueda, investigación y prosecución. Hizo hincapié en que las autoridades tienen el deber de actuar inmediatamente una vez que tienen conocimiento de que ha ocurrido una desaparición, incluso en ausencia de una denuncia formal. Subrayó la necesidad de garantizar que los procesos de búsqueda e identificación cuenten con los recursos adecuados y se adapten a los diferentes contextos en los que son perpetradas las desapariciones, incluidos el agua, los cementerios y las fosas comunes.

Con respecto a las desapariciones en el contexto de la migración, el Comité recomendó una mayor coordinación entre Colombia y los países vecinos para rastrear y responder a las desapariciones de migrantes. Destacó la importancia de vincular los registros de desapariciones con los de las autoridades migratorias, y de garantizar que las personas migrantes desaparecidas sean buscadas e identificadas sistemáticamente.

El Comité instó a Colombia a garantizar que todas las víctimas de desapariciones forzadas, incluidas sus familias, sean reconocidas como tales y puedan acceder a la totalidad de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Subrayó que los protocolos existentes, incluidos los relativos a los servicios de apoyo y atención, deben aplicarse para garantizar respuestas adecuadas y adaptadas a los requerimientos específicos de las víctimas.

El Comité destacó la urgencia de ir más allá de las medidas reactivas. "La adopción de una política de Estado integral para prevenir las desapariciones es una necesidad impostergable. Esta política debe atender y combatir las causas de las desapariciones, en especial las desapariciones forzadas, apuntar a su no repetición y ser sostenible", declaró el Comité.

El Comité expresó su compromiso de continuar su cooperación constructiva con Colombia para ayudar a convertir estas recomendaciones en avances significativos y duraderos hacia la erradicación de las desapariciones forzadas.

El informe (índice, hallazgos, recomendaciones y anexos) ya están disponibles en línea.