De violación a infancia perdida: Guatemala es responsable por forzar niña a embarazo y maternidad no deseados, concluye Comité de la ONU

GINEBRA - El Comité de Derechos Humanos de la ONU concluyó que Guatemala violó los derechos de una niña que quedó embarazada tras una violación al obligarla a continuar con la gestación y a asumir la maternidad. Para el Comité, lo anterior vulneró sus derechos a una vida digna y a la autonomía reproductiva, y constituyó también un trato comparable a tortura.

El Comité publicó hoy su decisión en contra de Guatemala en un caso que involucra a una niña de 14 años que fue violada en múltiples ocasiones, a quien se le negó el acceso al aborto legal y que fue obligada a asumir responsabilidades parentales en circunstancias coercitivas.

“Este es el cuarto caso que el Comité ha examinado recientemente sobre situaciones similares terribles ocurridas en otros Estados de la subregión”, señaló Hélène Tigroudja, integrante del Comité. “Ninguna niña debería ser obligada a llevar en su vientre al hijo de su violador. Hacerlo, le arrebata su dignidad, su futuro y sus derechos más fundamentales” afirmó, agregando que “esto no es solo una violación de la autonomía reproductiva, es un acto de profunda crueldad”.

Fátima* tenía 14 años cuando quedó embarazada tras ser violada por un exdirector de una guardería pública a la que asistía de niña. Las violaciones ocurrieron después de que ella dejara la institución. Su agresor había mantenido contacto con la familia después de que Fátima dejara la institución, y se había ganado su confianza brindándole apoyo económico. Cuando su madre se enteró de los abusos, los denunció y luego fue sobornada y amenazada por el agresor, por la esposa del agresor y por otros integrantes de la familia del agresor.

A pesar de nueve años de procedimientos penales durante los cuales el agresor ejerció presión constante sobre Fátima y su familia para que retiraran la denuncia, este logró evadir la justicia. Guatemala no investigó adecuadamente la violación ni tomó medidas efectivas para procesar al imputado. Desde entonces, Fátima ha sido estigmatizada como una niña que inició su vida sexual a temprana edad.

Ante la imposibilidad de obtener justicia y reparación en Guatemala, Fátima llevó su caso ante el Comité, alegando que se habían violado sus derechos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

Guatemala es uno de los países de América Latina con las tasas más altas de maternidad forzada y de impunidad sistemática frente a violencia sexual. Aunque el Código Penal guatemalteco permita el aborto en situaciones específicas para evitar un riesgo sobre la vida de la madre, en la práctica, el acceso al aborto legal es prácticamente imposible.

A pesar de los riesgos previsibles de un embarazo y un parto a su corta edad, Fátima estuvo obligada a llevar su embarazo a término. Tras un parto traumático y casi fatal, también se vio obligada a amamantar a su hijo a pesar de su deseo expreso de no verlo ni de participar en su cuidado. La violencia sexual y el embarazo forzado le causaron profundos sufrimientos que la llevaron a dos intentos de suicidio como única manera de escapar a su futura maternidad forzada. Nueve años después, el niño nacido de violación vive con la madre de Fátima, aunque es ella quien lucha para cubrir sus gastos de alimentación, ropa y educación.

El Comité concluyó que Guatemala violó el derecho de Fátima a la vida, protegido por el artículo 6 del PIDCP, recordando que este derecho también implica el derecho de vivir con dignidad y que requiere que los Estados adopten medidas positivas para garantizar el derecho pleno a la salud sexual y reproductiva.

“El silencio y la inacción del Estado no son neutrales; no solo constituyen violaciones por omisión, sino que también son factores de revictimización. Forzar la maternidad sobre una niña de esta forma es una grave violación de los derechos humanos”, afirmó Tigroudja.

El Comité también concluyó que Guatemala violó el artículo 7 del Pacto, que prohíbe la tortura y el trato cruel, inhumano o degradante, dado que el Pacto se refiere no solo al dolor físico, sino también al sufrimiento moral.

“Además del trauma de las violaciones, del embarazo y de la maternidad forzada, sufrió un alto nivel de angustia causado por una combinación de actos y omisiones atribuibles al Estado parte”, afirmó Tigroudja.

El Comité también concluyó que se trata de un caso de discriminación interseccional. “Este caso revela cómo el género, la edad y la pobreza interactúan para silenciar a los más vulnerables”, señaló Tigroudja.

El Comité instó al Estado parte a establecer un sistema para registrar y monitorear los casos de violencia sexual, embarazo y maternidad forzada en niñas y adolescentes, para poder mejor trabajar en su erradicación. También le solicitó adoptar medidas para reparar el daño que el embarazo y la maternidad forzada causaron en los proyectos de vida de Fátima, facilitándole el acceso a la educación superior y a las actividades extracurriculares que ella considere necesarias para poder alcanzar sus metas profesionales y personales.

También se solicitó a Guatemala que haga un reconocimiento público de responsabilidad y que garantice el acceso a la educación y a la atención psicológica para el hijo nacido de la violación.

El dictamen completo está disponible aquí.