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Política de drogas y consumo de drogas

Relator Especial sobre el derecho de toda persona a la salud física y mental

Los derechos humanos son fundamentales para el control internacional de las drogas. Los Estados siguen estando jurídicamente obligados a respetar, proteger y cumplir los derechos humanos, incluso al desarrollar y aplicar sus respuestas a las drogas.

El Relator Especial sobre el derecho a la salud ha examinado el impacto en los derechos humanos del control internacional de las drogas, y sigue profundamente preocupado por el hecho de que los enfoques políticos existentes contribuyan a un entorno de mayor riesgo para los derechos humanos que, en muchos casos, puede alimentar abusos generalizados y sistémicos.

La pena de muerte por delitos de drogas no alcanza el umbral de los "delitos más graves" a efectos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La privación arbitraria de la vida va más allá de las ejecuciones judiciales e incluye las ejecuciones sumarias por parte de militares y policías, así como el uso innecesario de la fuerza letal en la aplicación de la ley antidroga. Las políticas de represión de las drogas pueden agravar los violentos mercados criminales de la droga, dentro de los cuales los homicidios aumentan significativamente. Por lo tanto, los Estados deben garantizar la plena adhesión al derecho internacional de los derechos humanos y a las normas vigentes en lo que respecta al uso de la fuerza en las operaciones antidroga.

La criminalización del consumo y la posesión de drogas para uso personal ha tenido consecuencias negativas para la salud, la seguridad y los derechos humanos de personas y comunidades de todo el mundo. Aleja a los más necesitados de intervenciones sanitarias vitales o los encarcela, con importantes consecuencias para la salud pública. La criminalización alimenta las tasas de encarcelamiento, el hacinamiento en las prisiones y la sobrecarga de los sistemas de justicia penal, y expone a las personas a un mayor riesgo de detención arbitraria y de trato inhumano o degradante mientras están encarceladas. Tratar la posesión de drogas para uso personal como un delito intensifica la discriminación. Las personas se encuentran en mayor conflicto con la ley, lo que reduce sus posibilidades de empleo, educación y otras oportunidades de inclusión social.

Algunos Estados han adoptado medidas para despenalizar el consumo personal de drogas como forma de mejorar la seguridad y el bienestar de sus comunidades. En el informe temático sobre la fiscalización internacional de drogas se detallan ejemplos de los resultados positivos de la despenalización para la salud y la seguridad pública (A/65/255).

Un enfoque integral del problema de las drogas

Los Estados deben proteger, respetar y cumplir el derecho a la salud de la población comprometiendo el máximo de recursos disponibles para garantizar el acceso a servicios sanitarios asequibles y de calidad. Esto incluye el acceso a los medicamentos esenciales, los cuidados paliativos, la prevención y educación integral en materia de drogas, el tratamiento de las mismas y la reducción de los daños.

Informes, declaraciones y comunicados de prensa