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Myanmar: Alto Comisionado detalla violaciones graves ocurridas en medio de una violencia alarmante

06 marzo 2023

AC Volker Türk 52º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos Diálogo interactivo sobre Myanmar ©OHCHR Anthony Headley

Pronunciado por

Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

En

52º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos

Desde

Diálogo interactivo sobre Myanmar

Lugar

Ginebra

Sr. Presidente,
Excelencias,
Colegas, Amigos y Amigas

Myanmar es un país al que siento muy cercano, un país al que he viajado en repetidas ocasiones. Cuando ocurrieron las elecciones de 2015, fui testigo del complicado proceso de abrirse al mundo en el que se había embarcado el país, y me resultaron muy motivadores la esperanza y el optimismo que pudimos contemplar en ese momento como parte del proceso de construcción de una nación.

El pueblo de Myanmar ya sabía que se enfrentaba a un gran número de retos. Décadas de aislamiento. Una represión dilatada en el tiempo. El nacionalismo étnico, y de manera especial una grave discriminación, exclusión estructural y violencia ejercida contra los Rohingya, a muchos y muchas de los cuales he podido conocer durante estos largos años. Oportunidades de educación desperdiciadas. Pobreza. Ya se sabía que no iba a resultar sencillo, pero no obstante había una esperanza sincera y comprometida por el proceso.

No obstante, hoy es difícil ver esa esperanza en Myanmar.

A la vez que el país entra en su tercer año de la crisis generada por el poder militar, su pueblo continúa sufriendo vulneraciones graves de sus derechos humanos; existe una acuciante emergencia humanitaria; continúa la impunidad de las autoridades militares; y además el país está sumido en una profunda crisis económica.

El conflicto armado ha seguido creciendo en su alcance e intensidad, con ataques contra civiles que recuerdan a los ocurridos en 2017, cuando los militares atacaron comunidades Rohingya en el Estado de Rakhine.

El conflicto armado ha seguido creciendo en su alcance e intensidad, con ataques contra civiles que recuerdan a los ocurridos en 2017, cuando los militares atacaron comunidades Rohingya en el Estado de Rakhine.

Nuestro último informe (A/HRC/52/21) detalla una serie de incidentes, que han sido investigados por mi equipo, durante los cuales cientos de viviendas fueron incendiadas y docenas de personas, incluyendo niños y niñas, resultaron muertos por bombardeos e incursiones militares.

En términos generales, los ataques aéreos militares contra localizaciones civiles aumentaron en un 141% en el segundo año desde la toma del poder por los militares. Sus ataques de artillería contra comunidades, incluyendo hospitales, escuelas y lugares de culto, se incrementaron en más de un 100%.

A pesar de las versiones oficiales que afirman que estas tácticas van dirigidas contra grupos armados que se oponen a los militares, en numerosos casos, los testimonios recogidos por mi Oficina no indican la presencia de grupos de este tipo.

El uso de incendios provocados por todo el país se asemeja al de los ataques del pasado contra civiles en el Estado de Rakhine. Los incidentes en los cuales viviendas y barrios enteros han sido incendiados han aumentado en un 380% durante el segundo año desde el golpe, lo que ha conducido a un aumento estimado del 1.200% en el número de viviendas destruidas.

De forma especial en la Región de Sagaing, al noroeste de Mandalay, seguimos recibiendo informes diarios de nuevos incidentes, donde supuestamente los soldados se desplazan de pueblo en pueblo, saqueando y a continuación prendiendo fuego a viviendas y granjas.

Colegas de las Naciones Unidas señalan que desde la toma del poder por los militares, cerca de 39.000 estructuras han sido incendiadas en pueblos y ciudades en donde han actuado los militares. Imágenes por satélite confirman que en numerosos incidentes se han destruido pueblos enteros, a la vez que se han incendiado otros pueblos en múltiples ocasiones.

Las personas que no consiguen huir corren peligro de ser quemadas vivas. Aquellas personas que logran escapar (más de 1,3 millones de personas desplazadas desde que se ejecutó el golpe de estado) se enfrentan a la pobreza.

En términos generales, fuentes creíbles han comprobado que al menos 2.947 civiles han resultado asesinados por los militares y sus afiliados desde 2021, incluyendo a 244 niños y niñas. Más de una tercera parte de esas muertes confirmadas ocurrieron estando bajo custodia militar. La cifra real de asesinatos de civiles es casi seguro mucho más alta.

Excelencias,

La indiferencia y el desprecio por la vida humana y los derechos humanos que muestran de forma continua los militares constituyen una afrenta para la conciencia de la humanidad.

Se ha informado de varios casos donde grupos armados atacan y asesinan a civiles que se considera que trabajan para o que colaboran con los militares. En algunos de estos incidentes, los objetivos atacados han incluido a familiares de los sospechosos. Estos actos no constituyen de ningún modo una forma legítima de oposición o resistencia. Constituyen asesinatos y deben ser condenados.

A la vez que he de destacar que la escala de abusos de derechos humanos cometidos por grupos armados parece ser considerablemente inferior a la de las violaciones cometidas por los militares, tengo que subrayar que todas las partes armadas deben realizar o incidir en sus esfuerzos para cumplir con los principios fundamentales del derecho humanitario internacional, en especial en lo que respecta a la protección de civiles.

Es indispensable que los militares respeten la resolución S/RES/2669 de diciembre del Consejo de Seguridad y que adopten pasos para acabar con la violencia.

Sr. Presidente,

El 1 de febrero de 2023, dos años desde que usurparan el poder, los militares extendieron el estado de emergencia, y desde entonces han ampliado en dos ocasiones la ley marcial para incluir a zonas extensas del noroeste y sureste del país.

Este hecho somete a los civiles a la jurisdicción ampliada de los tribunales militares, sin derecho de apelación, incluso en casos donde se dicta la pena de muerte. Fuentes creíbles verificaron que desde el 1 de febrero de 2021, al menos 17.572 han sido detenidas (incluyendo a 381 niños y niñas), de las cuales 13.763 permanecen bajo arresto.

Las personas detenidas por todo el país han denunciado ser víctimas de fuertes palizas; ejecuciones simuladas; ser colgados del techo sin alimentos ni agua; electrocución; y actos de violencia sexual. Yo condeno este uso aparentemente generalizado del uso de la tortura y los malos tratos, así como los informes coherentes de condiciones precarias de detención.

Los derechos a la libertad de expresión, de asociación, de reunión, y de movimiento se han restringido cada vez más (supuestamente por razones estratégicas) y se siguen suprimiendo las libertades de los medios de comunicación y el espacio cívico.

Simplemente dar a un «like» en un post de Facebook puede conllevar acusaciones de terrorismo, con penas de diez o más años en prisión, tras llevar a cabo juicios opacos que no cumplen de ninguna manera con las normas de un juicio justo.

Se han impuesto restricciones adicionales y engorrosas para el registro de organizaciones sin ánimo de lucro y para su capacidad de operar.

Los efectos de la pandemia de COVID-19 en los niveles de subsistencia básica y de pobreza de la población son también alarmantes.

Por todo el país, 17,6 millones de personas necesitan en estos momentos de ayuda humanitaria, y más de 15,2 millones se enfrentan a una situación de inseguridad alimentaria grave. En un momento de necesidades humanitarias imperiosas, estas normas impedirán la capacidad de muchas ONGs para proporcionar productos y servicios esenciales.

Excelencias,

La comunidad Rohingya que aun permanece en Myanmar, y que ya ha tenido que soportar décadas de persecución, continúa enfrentándose a una discriminación generalizada y sistemática en todos los aspectos de sus vidas.

Las condiciones necesarias para un retorno voluntario, seguro y digno de los refugiados y refugiadas al Estado de Rakhine simplemente no existen, y los más de un millón de Rohingya que siguen sufriendo un exilio forzoso en Bangladesh y otros países, así como los cientos de miles de personas que son desplazadas internas, se enfrentan a un presente desolador, y a un futuro todavía peor.

Durante el año pasado, otros miles más de Rohingya han huido de condiciones insoportables de vida. Al menos 3.500 de ellas intentaron una travesía por mar en 2022, un incremento del 360 por ciento desde 2021. Al menos 348 de ellas murieron o desaparecieron en el mar. Esto es una tragedia.

Además, cerca de 2.000 personas Rohingya fueron detenidas en 2022 por realizar un denominado «viaje no autorizado» dentro de Myanmar.

Los objetivos más urgentes a conseguir son el reconocimiento de su ciudadanía, sumado al ejercicio de los derechos que vienen asociados con el mismo, así como plena seguridad, lo que ha sido solicitado repetidamente por los Rohingya por ser condiciones indispensables para posibilitar su retorno.

Entretanto, solicito a todos los países a que presten un apoyo firme y continuado a las personas que huyen de Myanmar, así como a las comunidades de acogida en la región, en especial a Bangladesh. Los países de acogida están realmente necesitados de un apoyo continuo y prolongado.

El terrible incendio que arrasó la noche pasada parte de los campamentos en el sur de Bangladesh donde más de un millón de refugiadas y refugiadas Rohingya tienen su refugio viene a poner de relieve la precariedad de su posición. Las recientes reducciones severas de las raciones de alimentos en los campamentos, debido a la insuficiencia de recursos, viene a agravar sus dificultades y la inseguridad general que se respira en estos campamentos.

Es necesario un incremento del apoyo internacional, así como proporcionar oportunidades de educación y de medios de vida a los refugiados y refugiadas, con el fin de defender su dignidad y reducir su dependencia. Me conmovió el gesto que pude ver el mes pasado por parte de varias personas Rohingya, quienes han perdido todo lo que tenían, pero que aun así prestaron su apoyo a víctimas de los terremotos en Türkiye y Siria.

No podemos concebir un futuro esperanzador sin que exista rendición de cuentas por la violencia cruel ejercida en el pasado.

Los procedimientos que se llevan a cabo de forma continua tanto ante la Corte Internacional de Justicia como ante la Corte Penal Internacional, con respecto a las graves violaciones de los derechos humanos más básicos que han sufrido los Rohingya como grupo por ser simplemente lo que son, merecen todo nuestro apoyo.

Señor Presidente,

Sigo estando sumamente preocupado por la perspectiva de las nuevas elecciones a celebrarse en Myanmar a la vez que la violencia está fuera de control, existe un desplazamiento masivo de personas, sumado a la detención arbitraria en febrero de 2021 de líderes políticos elegidos, además de otros miles desde esa fecha, cuyo único crimen fue el de oponerse a la toma del poder por los militares.

Las elecciones de noviembre de 2020 dejaron claro que lo que el pueblo del país quería era continuar por la senda de la reforma democrática que tanto ha costado conseguir. Es vital que el futuro del país se decida en un proceso dirigido por el pueblo de Myanmar.

Hago un llamamiento a todos los miembros de este Consejo a hacer todo lo posible para entregar ayuda humanitaria directamente a la población de Myanmar, incluyendo el uso de operaciones de canalización a través de organizaciones comunitarias.

Y también solicito a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas que promuevan el diálogo y busquen soluciones sostenibles que sean representativas de la voluntad del pueblo de Myanmar, con el fin de terminar con esta crisis tan feroz.

El pueblo de Myanmar se merece un futuro mejor.

Gracias.

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