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Declaraciones y discursos Múltiples mecanismos

Los Estados deben hacer frente al racismo y la estigmatización del colectivo LGBT

16 mayo 2023

GINEBRA (16 de mayo de 2023) – Con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia, un grupo de expertos regionales y de las Naciones Unidas pidió a los Estados que aborden el problema del racismo y la estigmatización contra las personas del colectivo LGBT. Los expertos emitieron la siguiente declaración conjunta:

“Pedimos a los Estados que defiendan la dignidad inherente a todas las personas, sin distinción alguna, mediante la adopción de medidas orientadas a erradicar la discriminación racial, la exclusión, la intolerancia, el odio, los prejuicios, la violencia y la estigmatización de lesbianas, gays, bisexuales, personas transgénero y de género diverso (LGBT).

El racismo, la etnia, la edad, el color, la discapacidad, la condición nacional y la situación jurídica exponen a las personas LGBT a diversas formas de discriminación que afectan a su capacidad de disfrutar de los derechos humanos y las libertades fundamentales sin distinción de ningún tipo. Para analizar adecuadamente cómo las desigualdades estructurales conducen a la violencia y la exposición al riesgo, es indispensable adoptar un enfoque interseccional. Aunque algunas personas son privilegiadas, aún deben afrontar la discriminación y la violencia, incluso el desplazamiento arbitrario, debido a sus múltiples identidades interseccionales.

En los pocos contextos en los que se ha realizado un acopio sistemático de datos, hay firmes indicios de que la intersección de prejuicios contra las personas de color y los miembros del colectivo LGBT genera barreras adicionales contra la inclusión plena de esas personas en la sociedad. Dinámicas similares afectan a otros grupos discriminados o racializados, tales como los árabes, los asiáticos, los latinoamericanos y las personas procedentes de Oriente Medio, los afrodescendientes o los procedentes de la región del Pacífico, así como a los pueblos indígenas, las minorías, los migrantes, los refugiados y los solicitantes de asilo. Estos factores se han visto agravados para las personas que ejercen la diversidad sexual o de género y para quienes defienden sus derechos, ya que la falta de enfoques interseccionales a menudo impide la participación en actividades culturales importantes o en la esfera pública, sin temor a sufrir represalias, el acceso a cuidados sanitarios o incluso el respeto por la autonomía personal.

La persistencia de la desigualdad de género y la falta de comprensión de la diversidad sexual y de género impulsa los prejuicios en la cultura y la discriminación en las leyes y políticas, en una amplia gama de contextos nacionales. Hacer frente a la exclusión histórica y a los retrocesos más recientes, mediante la ruptura de los estereotipos y la garantía del acceso de la sociedad civil a los recursos financieros, incluidas las leyes, las políticas y las prácticas que estorban ese acceso, es una exigencia importante en la agenda mundial de derechos humanos. Las creencias y prácticas tradicionales no deben usarse para denegar la igualdad en materia de derechos.

Las empresas también tienen la responsabilidad de abordar los daños interseccionales padecidos por las personas, incluidas las de identidades no binarias, y a tener en cuenta la justicia social como parte de sus responsabilidades en virtud de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. No basta con invocar los compromisos con las iniciativas sobre igualdad y diversidad; estas iniciativas deben acompañarse de evaluaciones sobre la diligencia debida en materia de derechos humanos que permitan poner en práctica medidas contra la discriminación.

Las estadísticas desglosadas sobre las mujeres lesbianas y bisexuales, los hombres transgénero y las personas de género diverso, basadas en su ascendencia, color y origen étnico, casi no existen en ninguna parte del mundo, pero las pocas que hay indican que padecen tasas de discriminación, violencia e inseguridad más que proporcionales. La violencia estatal y no estatal generalizada contra las mujeres trans, basada en su color, por ejemplo, es una muestra poderosa de la necropolítica en acción. De igual modo, la desproporcionada representación de jóvenes LGBT, personas mayores de color y de indígenas en las filas de los indigentes sin hogar es una clara muestra del racismo y la discriminación etaria como factores decisivos de la exclusión económica, política y social.

Para lograr la auténtica igualdad, los Estados deben adoptar un enfoque interseccional y no binario, que aborde las necesidades de la población LGBT en toda su diversidad y que las incorpore en la elaboración de las políticas que les afectan. Esto incluye, allí donde la seguridad de los datos esté asegurada, el acopio de estadísticas desglosadas que tengan en cuenta la raza, la etnia y la condición social, y que permitan alcanzar una comprensión más amplia y auténtica de cómo el racismo y la LGBT-fobia se interrelacionan, abordando las desigualdades raciales y étnicas en el acceso a los bienes, instalaciones y servicios para el colectivo LGBT y las personas de sexualidad diversa, y que permite comprender la repercusión y el legado del colonialismo sobre las desigualdades en los países y entre ellos, el proceso de construcción nacional y la exclusión de esas poblaciones. Las empresas también deberían incorporar una perspectiva intersectorial a fin de ofrecer las mismas oportunidades y eliminar la discriminación en sus actividades.

Por todas esas razones, hoy reiteramos nuestra convicción de que la orientación sexual y la identidad de género siguen siendo puntos de acceso indispensables para el análisis adecuado de la discriminación y la violencia, y para despejar las vías que permitan erradicarla”.

Entre los titulares de mandatos de los Procedimientos Especiales de la ONU que se suman a esta declaración figuran: Victor Madrigal-Borloz, Experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género; Ashwini K.P., Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo; Barbara G. Reynolds (Presidente-Relator), Bina D’Costa, Catherine S. Namakula, Dominique Day, y Miriam Ekiudoko,  Grupo de Trabajo de Expertos sobre las Personas de Ascendencia Africana; Yvonne Mokgoro (Presidente), Tracie Keesee, y Juan Méndez, Mecanismo de expertos para promover la justicia y la igualdad racial en la aplicación de la ley; Dorothy Estrada Tanck (Presidente), Ivana Radačić (Vicepresidente), Elizabeth Broderick, Melissa Upreti, y Meskerem Geset Techane, Grupo de trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas; Priya Gopalan (Presidente-Relator), Miriam Estrada-Castillo, Grupo de trabajo sobre la detención arbitraria; Ravindran Daniel (Presidente-Relator), Jelena Aparac, Sorcha MacLeod, Chris Kwaja, Carlos Salazar Couto, Grupo de Trabajo sobre el uso de mercenarios; Felipe González Morales, Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes; Siobhán Mullally, Relator Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños; Tlaleng Mofokeng, Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; Gerard Quinn, Relator Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad; Fabián Salvioli, Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; Margaret Satterthwaite, Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados; Irene Khan, Relator Especial sobre la libertad de opinión y de expresiónAlexandra XanthakiRelator Especial en el ámbito de los derechos culturales; Alice Cruz, Relator Especial sobre la eliminación de la discriminación contra las personas afectadas por la lepra y sus familiares; Balakrishnan Rajagopal, Relator Especial sobre el derecho a una vivienda adecuada; Farida Shaheed, Relator Especial sobre el derecho a la educación; Olivier De Schutter, Relator Especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos; Ian Fry, Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos en el contexto del cambio climático; Surya Deva, Relator Especial sobre el derecho al desarrollo; Fionnuala Ní AoláinRelator Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo; Fernand de Varennes, Relator Especial sobre cuestiones de las minorías; Mary Lawlor, Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; Clément Nyaletsossi Voule, Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación; Ana Brian Nougrères, Relator Especial sobre el derecho a la privacidad; Obiora Okafor, Experto independiente sobre derechos humanos y solidaridad internacional; Claudia Mahler, Experto independiente sobre el disfrute de todos los derechos humanos por las personas de edad; Pedro Arrojo-Agudo, Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento; Pichamon Yeophantong (Presidente), Damilola Olawuyi (Vicepresidente), Fernanda Hopenhaym, Elżbieta Karska, y Robert McCorquodale, Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales; Paula Gaviria Betancur, Relator Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos; David Boyd, Relator Especial sobre derechos humanos y medio ambiente; Tomoya Obokata, Relator Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias; Morris Tidball-Binz, Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Michael Fakhri, Relator Especial sobre el derecho a la alimentación; Francesca Albanese, Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967; José Francisco Calí Tzay, Relator Especial sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas; Richard Bennett, Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Afganistán; Vitit Muntarbhorn, Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Camboya; Yao Agbetse, Experto independiente sobre la situación de los derechos humanos en la República Centroafricana; Javaid Rehman, Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en la República Islámica de Irán; Elizabeth Salmon, Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea; Tom Andrews, Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar; y Isha Dyfan, Experto independiente sobre la situación de los derechos humanos en Somalia.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también se suma a esta declaración.

Los expertos forman parte de lo que se conoce como la Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.

Para más información solicitudes de medios de comunicación póngase en contacto con el mandato del Experto Independiente de las Naciones Unidas sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género (IE SOGI) en [email protected].

For consultas de los medios de comunicación sobre otros expertos independientes de la ONU, póngase en contacto con Maya Derouaz ([email protected]) y Dharisha Indraguptha ([email protected])

Siga las noticias relacionadas con los expertos independientes en derechos humanos de la ONU en Twitter: @UN_SPExperts

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