Mensaje del Alto Comisionado Türk a la 7ª reunión intersesional sobre los derechos humanos y la Agenda 2030

Excelencias,

Distinguidos participantes:

Me complace tener la ocasión de dirigirme a ustedes, en esta reunión que trata sobre todo de las medidas específicas que se necesitan para acelerar la consecución del desarrollo sostenible para todos.

A pesar de las promesas formuladas en la Agenda 2030, la brecha de la pobreza sigue ampliándose. Desde 2020, unos 5.000 millones de personas -más de la mitad de la población mundial- se han empobrecido aún más, mientras la riqueza de los más acaudalados creció tres veces más rápido en 2024 que en 2023.

Algunos países en desarrollo están ahogados por la deuda soberana, que les impide invertir en salud pública, educación, el fomento de niveles de vida adecuados y otros derechos humanos. En promedio, los países africanos destinaron en 2024 el 27% de sus ingresos a pagar los intereses de la deuda, en comparación con el 7% que pagaron en 2007. Según informes de Oxfam, cuatro de cada cinco países del continente han reducido la fracción del presupuesto destinada a educación, salud o protección social, debido a carga de la deuda, las medidas de austeridad y los conflictos.

Pero la salud, la educación, la energía limpia y los sistemas de protección social no son lujos. Son necesidades perentorias y los Estados tienen la obligación legal de sufragarlas.

Por sí solo, el crecimiento económico no está en vías de salvar al planeta del calentamiento global ni tampoco mejora la situación de los derechos humanos.

En la Cumbre del Futuro celebrada en septiembre pasado, los Estados reconocieron la necesidad de cambiar de rumbo. Los participantes alcanzaron acuerdos sobre medidas esenciales, entre otras la revisión de la estructura mundial de la deuda soberana y la creación de un marco de trabajo para medir el progreso económico más allá del Producto Interno Bruto - los dos temas centrales de esta reunión-.

Espero que en los debates de hoy ustedes puedan aplicar el concepto de “economía de los derechos humanos”, una idea elaborada por mi Oficina. El concepto de economía de los derechos humanos entraña un esfuerzo por asegurar que todas las medidas del gobierno, - desde la política fiscal y el gasto público hasta las iniciativas sobre el clima – se centran en la promoción de los derechos humanos.

Pero, para que los Estados puedan aplicar esta economía de los derechos humanos, han de disponer de recursos. En muchos casos, el acceso a estos recursos exige cambios, tanto en el plano nacional -por ejemplo mediante políticas fiscales más justas- como en la esfera internacional, comprendida la reestructuración de la deuda soberana.

Todos coincidimos en que la estructura actual de la deuda soberana está quebrada,  y que eso contribuye a empeorar la crisis mundial de derechos humanos. Los altos niveles de deuda pública y las tasas de interés abusivas agravan las desigualdades y acentúan la pobreza.

Ahora tenemos una oportunidad excepcional para asegurar la reforma de la estructura mundial de la deuda soberana, como plantea el Pacto para el Futuro, apoyar a los derechos humanos y la Agenda 2030. Permítanme enumerar algunos de los principios fundamentales de esta tarea.

Primero, el servicio de la deuda no debe poner en peligro los compromisos de los Estados en materia de derechos humanos, que son un requisito legal. Herramientas tales como la evaluación de las repercusiones de los compromisos de la deuda sobre los derechos humanos pueden contribuir a preservar el espacio fiscal necesario para la plena realización de los derechos a la salud, la educación y la protección social, entre otros. Tal como figura en el Pacto para el Futuro, los países en desarrollo deberían contar con una mayor representación en todos los debates y las decisiones sobre este asunto.

En segundo lugar, los marcos de trabajo deben ser transparentes.  La gente debe participar en las decisiones relativas a las finanzas públicas. Esa participación exige acceso a la información exacta, instituciones representativas y un espacio cívico abierto.

En tercer lugar, los Estados deben reforzar las leyes nacionales para que reflejen las responsabilidades del sector privado en materia de derechos humanos, lo que abarca a los prestamistas privados y las entidades de evaluación crediticia. En este campo, los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos pueden facilitar una hoja de ruta.

Excelencias:

Me resulta alentador el impulso orientado a trascender los baremos del PIB como instrumento de medición del progreso.

La reciente aprobación en la Asamblea General del Índice Multidimensional de Vulnerabilidad constituye un importante paso de avance en este sentido.

Necesitamos instrumentos de medición adicionales para complementar el PIB, herramientas tales como las que permiten evaluar si un Estado emplea el máximo de recursos necesarios para fomentar la salud, la educación y otros derechos, tal como exige el derecho internacional de los derechos humanos, o si se hace realidad el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible.

El uso exclusivo del PIB contribuye indirectamente a la desigualdad de género y la discriminación, de modo que los instrumentos de medición también deberían evaluar hasta qué punto los beneficios económicos se reparten con equidad entre todas las capas sociales. Los indicadores económicos deberían reflejar las contribuciones positivas a la sociedad, tales como los cuidados y las labores de apoyo que generalmente ejercen las mujeres, y el valor añadido que aportan los trabajadores del sector informal. Y también deberían excluir las actividades económicas nocivas para el medio ambiente, tales como la quema de combustibles fósiles.

Distinguidos participantes:

En vísperas de la Cuarta Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, y con apenas cinco años restantes para alcanzar el 2030, la solidaridad y la cooperación internacionales son indispensables para la consecución de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles.

Inauguremos una era en la que todos los países puedan invertir en el cumplimiento de sus compromisos en materia de derechos humanos y en la que el éxito se mida por la medida en que la economía propicie ese cumplimiento de los derechos para todos y no sólo para unos cuantos.

Les deseo una reunión muy provechosa.