Alto Comisionado Türk denuncia una "letanía de sufrimiento humano" en Myanmar

Excelencias, distinguidos delegados y delegadas,

La situación de derechos humanos en Myanmar es una de las peores en todo el mundo.

Hoy, voy a describir una letanía de sufrimiento humano que es difícil de imaginar.

El conflicto, el desplazamiento y el colapso económico se han unido provocando dolor y miseria en todo el país.  La población civil está pagando un precio terrible por ello.  El número de personas asesinadas por la violencia en 2024 fue el más elevado desde que los militares perpetraran su golpe de estado en 2021.

Quince millones de personas se enfrentan a pasar hambre este año y según las últimas cifras recibidas, se calcula que hasta dos millones de personas están en riesgo de hambruna.

La mayor parte de los civiles fueron asesinados en ataques aéreos y por fuego de artillería brutales e indiscriminados por parte de los militares, a la vez que estos iban perdiendo el control del poder.  Los ataques deliberados contra escuelas, lugares de culto, instalaciones sanitarias, campamentos de desplazados internos y concentraciones públicas causaron víctimas civiles y desplazamientos masivos.

Al menos 1.824 personas resultaron asesinadas en 2024, incluyendo 531 mujeres y 248 niños y niñas, pero es probable que estas cifras sean solo una fracción de los números reales ya que no existe información verificada procedente de varias zonas clave donde se desarrollaron combates intensos.

Los análisis de mi Oficina sugieren que los militares han atacado instalaciones y a profesionales de atención sanitaria más de 1.500 veces desde que comenzara el golpe, lo que ha acabado con la vida de 131 profesionales de la salud.

Grupos armados que se oponen al golpe también dirigieron sus ataques contra administradores, políticos locales y otras personas afiliadas a los militares.  Si bien esta violencia no es comparable en escala y extensión a la desatada por los militares, es obligatorio que todas las partes respeten los derechos humanos y el derecho humanitario.

Los militares continuaron con su campaña destinada a aterrorizar a la población a través de actos de extrema brutalidad, que incluyeron decapitaciones, quemas, mutilaciones, ejecuciones, torturas y el uso de escudos humanos.

Hubo soldados que lanzaron ataques no provocados contra pueblos donde no había combates en activo.

Como ejemplo, el pasado octubre, los militares llevaron a cabo un mínimo de 13 ataques aéreos, incendiaron 1.000 viviendas y asesinaron a al menos 25 civiles en distintos pueblos situados en el municipio de Budalin, en Sagaing, en un solo día.

Casi dos mil personas han muerto mientras estaban bajo custodia desde que se produjera el golpe de estado, incluyendo a 410 personas en 2024, lo que supone más de una persona al día.  Análisis elaborados por mi Oficina indican que la mayor parte de las muertes se produjeron como resultado de ejecuciones sumarias y de torturas.

Se publican informes continuos del uso sistemático de tortura y malos tratos, incluyendo violencia sexual, en lugares de detención.  Se denunciaron las terribles condiciones de detención, en instalaciones precarias, en situación de hacinamiento, recibiendo alimentos podridos y agua contaminada.

Mientras tanto, la crisis humanitaria sigue haciendo estragos.  Más de 3,5 millones de personas han sido desplazadas, y otras 20 millones necesitan ayuda humanitaria.

El estado de hambruna está alcanzado niveles catastróficos y la productividad agrícola ha disminuido un 16 por ciento desde 2021.  La escasez de fertilizantes, el incremento vertiginoso de los precios de los combustibles, y las alteraciones en el comercio han llevado al aumento en el precio del arroz en un 47 por ciento en algunas regiones.

Sr. Presidente,

Estoy sumamente preocupado por un recrudecimiento de la violencia en el Estado de Rakhine. A la vez que no existen cifras completas verificadas, se calcula que combates intensos entre los militares y el Ejército de Arakán han acabado con la vida de miles de civiles y provocado que muchos más hayan tenido que huir.

Miembros de la comunidad Rohingya suelen verse atrapados entre las partes, quienes les atacan con total impunidad.

Fuentes locales han informado de que al menos 40 civiles fueron asesinados y 500 viviendas incendiadas en un solo incidente en el pueblo pesquero de Kyauk Ni Maw en enero de este año.

Se calcula que decenas de miles de Rohingya cruzaron la frontera hacia Bangladesh en 2024, a pesar de que la frontera permanece formalmente cerrada.  Más de 8.000 personas huyeron a través del mar en 2024, lo que supone un incremento del 80 por ciento respecto a 2023.  Al menos 650 Rohingya, casi la mitad de ellos siendo niñas y niñas, murieron en el mar.

En el oeste de Rakhine, está previsto que la producción de alimentos solamente cubra el 20 por ciento de las necesidades locales para mediados de 2025.  El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha advertido de una amenaza inminente de hambruna y de un retroceso al modo de supervivencia.

Sr. Presidente,

El Consejo Administrativo del Estado adoptó medidas adicionales en 2024 destinadas a militarizar a todo el conjunto de la población de Myanmar.

La activación de una ley relativa al servicio militar condujo al reclutamiento coercitivo en las fuerzas armadas, a detenciones arbitrarias, a menudo a punta de pistola, así como a la desaparición forzada de mujeres y hombres en puestos de control militares y en campamentos de desplazados.

Los hombres de edades comprendidas entre 18 y 35 años, y las mujeres de edades comprendidas entre 18 y 27 años, se enfrentan a un riesgo constante de ser detenidos y reclutados por la fuerza en las fuerzas armadas.  Este hecho ha ocasionado un miedo generalizado y nuevos desplazamientos.  Muchos jóvenes intentan encontrar seguridad fuera del país, lo que les sitúa en una posición de mayor probabilidad de ser víctimas de trata de personas, extorsión y explotación, a la vez que acentúa el impacto para la región de esta crisis.

La creación de los denominados "Grupos de Seguridad y de Lucha contra el Terrorismo" a nivel local ha difuminado también la distinción entre militares y civiles, con el consiguiente riesgo añadido para la población civil.

De forma colectiva, estas políticas han tenido graves repercusiones para la economía, la cual se encontraba ya en una situación desastrosa.  Tres cuartas partes de la población están en el umbral de la pobreza o por debajo del mismo.  Menos del 80 por ciento de los niños y niñas de Myanmar van al colegio, y más de 3,7 millones de jóvenes han abandonado el país en busca de protección más allá de las fronteras del país.

El Producto Interior Bruto de Myanmar se ha contraído en un diecisiete por ciento desde 2020 y está previsto que tenga un crecimiento cero este año.  Su divisa se ha desplomado, y las restricciones sobre las importaciones y las interrupciones en la cadena de suministro han disparado los precios.  Se prevé que la inflación alcance el treinta por ciento este año.

Paralelamente a que la economía formal se derrumbara, han aparecido el crimen y la corrupción. El Índice Global de Crímen Organizado ha informado de que Myanmar se convirtió en el mayor nexo de crimen organizado en el mundo en 2024.  El país sigue siendo el principal productor mundial de opio, además de uno de los mayores productores de drogas sintéticas.

Los centros de estafa en la región oriental de Myanmar plantean una grave preocupación en toda la región y por extensión en el mundo entero, en lo que afecta a la trata de personas y otras violaciones y abusos.  Las personas que son coaccionadas a cometer delitos cibernéticos suelen ser sometidas a tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, incluyendo violencia sexual, detención arbitraria, y trabajos forzados.

Incluso cuando estas personas son liberadas, se arriesgan a ser enjuiciadas en sus propios países.

Sr. Presidente,

Resulta más que evidente que esta situación preocupa bastante a la comunidad internacional, ya que conlleva implicaciones graves para la paz y la seguridad en la región y más allá.

En respuesta a esta situación tan lamentable, y teniendo en cuenta que la realidad es bastante deprimente, es urgente que los militares pongan fin inmediato a la violencia, que permitan un acceso sin obstáculos de la ayuda humanitaria, y que pongan en libertad a todas las personas detenidas de forma arbitraria, tal como exige la resolución 2669 del Consejo de Seguridad.

En el Estado de Rakhine, el Ejército de Arakán ha de emplearse más a fondo para cumplir con sus obligaciones conforme al derecho internacional humanitario y las normas de derechos humanos, además de proteger a toda la población que vive en las zonas bajo su control.

Para romper el ciclo de impunidad que ha caracterizado al régimen militar en Myanmar durante décadas, es necesario exigir responsabilidades a los autores de violaciones y abusos de derechos humanos.

En noviembre, el Fiscal de la Corte Penal Internacional solicitó una orden de detención contra el líder de la junta militar, Min Aung Hlaing, por supuestos crímenes de lesa humanidad relacionados con varios aspectos de la deportación y persecución de la población Rohingya en 2017.  El Fiscal ha asegurado que se van a emitir más solicitudes de órdenes de detención.

En la Corte Internacional de Justicia, han intervenido hasta la fecha 11 Estados en la causa presentada por Gambia contra Myanmar, alegando violaciones de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.

En base a los principios de la jurisdicción universal, un tribunal federal argentino ha emitido una orden de arresto contra Min Aung Hlaing y otros líderes militares y políticos de Myanmar por la violencia desatada en 2017 contra los Rohingya.

Estos pasos envían una señal muy relevante, junto con la imposición por parte de varios países y de una organización regional de sanciones específicas contra personas y empresas en Myanmar.

No obstante, teniendo en cuenta las repercusiones humanitarias, políticas y económicas, las cuales están provocando inestabilidad por toda la región, es necesario que la comunidad internacional adopte medidas adicionales.

Es por eso que reitero mi llamamiento a aplicar un embargo de armas, que se sume a sanciones específicas con arreglo al derecho internacional, y que incluyan el combustible para aviación y artículos de doble uso, con el fin de proteger mejor a la población de Myanmar.

Se requieren estrategias imaginativas para ofrecer asistencia humanitaria a través de las fronteras y apoyar a proveedores de servicios locales.

Los Estados Miembros, en especial aquellos con influencia, han de trabajar conjuntamente con el objeto de fortalecer y apoyar a los miembros de la ASEAN a acabar con la violencia y resolver esta crisis.  Para esto hará falta una ruta política que incluya no solamente al Gobierno de Unidad Nacional, los grupos armados étnicos, y el movimiento democrático, sino también a representantes de grupos de mujeres, los jóvenes, y la sociedad civil.

Estoy sumamente preocupado por el impacto que los recortes en el presupuesto van a tener sobre la acosada sociedad civil y organizaciones de ayuda humanitaria de Myanmar.

Entre todas las situaciones de derechos humanos que revisten complejidad en todo el mundo, yo hago un llamamiento a la comunidad internacional a dar prioridad a Myanmar.

Gracias.