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Declaraciones Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Volker Türk concluye su visita oficial a Sudán

16 noviembre 2022

El Alto Comisionado durante su visita oficial a Sudán. Ⓒ ACNUDH/Anthony Headley

Jartum, 16 de noviembre de 2022

Buenas noches, As-Salaam-Alaikum, y gracias a todos y todas por venir.

Como algunos y algunas de ustedes saben, asumí el cargo de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hace un mes y Sudán es mi primera visita oficial a un país.  Agradezco a las autoridades que hayan facilitado mi visita y los debates francos y profundos que hemos mantenido.

He dado prioridad a Sudán porque quería expresar mi solidaridad con el pueblo sudanés en este momento crucial de la historia del país. Para transmitir un mensaje firme: los derechos humanos tienen que situarse en el centro de la transición.

El pueblo sudanés ha sido una inspiración para muchos de nosotros y nosotras en lugares aislados del mundo. Cuando el pueblo —en particular los y las jóvenes y las mujeres de Sudán— salió a las calles en diciembre de 2018 para reclamar sus derechos humanos y derrocar una dictadura de 30 años, les seguimos con asombro, nos unimos al impulso a favor del cambio y a la esperanza de un futuro más brillante, más pacífico y más justo para la población de este país increíble.

Los avances importantes que se realizaron entre 2019 y 2021 hacia la reforma jurídica e institucional se vieron interrumpidos por el golpe militar del 25 de octubre de 2021. Y ahora nos encontramos ante una bifurcación decisiva del camino.

Mientras continúan las negociaciones políticas sobre el marco para una nueva transición, insto a todas las partes implicadas a dejar de lado las posturas inflexibles, los juegos de poder y sus intereses personales, y a centrarse en los intereses comunes del pueblo sudanés.

A tomar medidas audaces en pro del consenso. A utilizar la protección de los derechos humanos de todo el pueblo sudanés como impulsor.

El futuro del país depende de ello.

Algunos datos dejan claro lo mucho que está en juego:

  • La mitad de la población gana solo unos 2 dólares al día. El coste de la electricidad ha aumentado 25 veces en el último año. El precio del pan se ha duplicado, al igual que el de los combustibles. La economía se encuentra en caída libre, con consecuencias graves para las personas más vulnerables de Sudán.
  • En algunas partes del país, como Darfur, Nilo Azul y Kordofán, se ha producido un incremento en las confrontaciones armadas y ataques contra ciertas comunidades. Los agravios históricos, la competencia por la tierra, el agua y otros recursos, y el flujo de armas son algunos de los factores que impulsan los enfrentamientos interétnicos.  La escasa capacidad del Estado —y, en algunos casos, su complicidad—está agravando la inseguridad. La impunidad la alimenta. Las tensiones tribales también están provocando enfrentamientos en Sudán Oriental.
  • Sudán es uno de los países que probablemente se vea más afectado por el cambio climático, y uno de los menos preparados para responder ante ello.  El cambio climático es un multiplicador de amenazas que podría alimentar aún más las tensiones por la tierra y los recursos si no se mitiga con cuidado.
  • La situación humanitaria es desesperada: un tercio de la población sudanesa necesita ayuda humanitaria. Una cifra impactante. El número de personas desplazadas internas es de 3,7 millones, con más de 211.000 personas desplazadas desde principios de este año. Siete millones de niños y niñas están sin escolarizar. Además, los niveles crecientes de inseguridad alimentaria son sumamente alarmantes.
  • Hay protestas casi a diario de los y las jóvenes, que exigen la cesión de la autoridad a los civiles, además de paz, libertad y justicia. Existe gran deseo —y necesidad— de una buena gobernanza y de un nuevo contrato social entre las instituciones del Estado y la población, basado en los derechos humanos.

La situación es desalentadora, pero las herramientas para eliminar algunos de estos retos están al alcance de la mano:

El Acuerdo de Paz de Juba, firmado en octubre de 2020 entre el Gobierno de Transición en ese momento, el Frente Revolucionario Sudanés, una coalición de 10 grupos y alianzas armadas, y el Ejército de Liberación de Sudán, fue un avance importante en la trayectoria del país hacia la paz. Ofrece compromisos importantes en cuestiones como el reparto de poder, la igualdad de género, el reparto de recursos, la rendición de cuentas, la justicia de transición, así como el retorno de los refugiados y refugiadas y las personas desplazadas internas. Este Acuerdo debe aplicarse con urgencia.

Un ambicioso Plan Nacional para la Protección de los Civiles es otra herramienta clave que puede aplicarse a fin de brindar la seguridad que necesitan en algunas de las zonas más inestables del país.

También hay muchas prácticas tradicionales y mecanismos locales de resolución de conflictos e iniciativas de paz que aprovechar y fomentar.

En esta tierra tan rica en recursos naturales, tierras cultivables y una población joven, encontramos mucha riqueza.  Esta riqueza es para el pueblo sudanés, para las generaciones actuales y futuras. Todos tienen que beneficiarse de ella, no solo unos pocos. Por ello, su buena gobernanza y gestión son una prioridad absoluta.

Y lo más importante es que existe una sociedad civil llena de vida y energía, con una visión del Sudán del futuro, para construir el país con la participación significativa de todas las comunidades, en beneficio de todos y todas. Se trata de un país con una población increíblemente joven, y cuya edad media es de solo 18,9 años. Durante el tiempo que estuve aquí, pude vislumbrar su deseo de cambio y el potencial que tienen los y las jóvenes para llevar adelante el futuro de su país. Viven y respiran los derechos humanos.

Sin embargo, uno de los mayores retos supone generar confianza entre las autoridades y la población. Tras décadas de represión y los tumultuosos últimos años, la confianza en las instituciones, gubernamentales y judiciales, es escasa. Las instituciones estatales deben ser representativas del pueblo, accesibles para el pueblo y trabajar por el pueblo. Esto significa una inclusión real y una participación significativa de las personas de todo el país, incluidas las mujeres y, en particular, los y las más vulnerables. En mis conversaciones con las autoridades, siempre puse de manifiesto la necesidad de adoptar medidas para fomentar la confianza de la población. Recordé que el respeto de los derechos humanos genera confianza.

Durante mi visita de cuatro días en el país y aprovechando la labor que realiza mi Oficina aquí, así como la de la Misión Integrada de Asistencia para la Transición en Sudán, pude debatir estas y otras muchas cuestiones con una gran variedad de agentes.

El domingo y el lunes pude reunirme con varios funcionarios de alto nivel, entre ellos, el presidente del Consejo Soberano, el teniente general Abdel Fattah al-Burhan, y el vicepresidente, el general Mohammed Hamdan Dagalo, así como con los ministros en funciones de Asuntos Exteriores, Justicia, Interior, el fiscal general y los mecanismos nacionales de derechos humanos, y más. Ayer me reuní con autoridades regionales de alto nivel en El Fashir (Darfur Septentrional), entre ellas, el presidente de la Autoridad Regional de Darfur, y los gobernadores de los estados de Darfur Septentrional y Darfur Occidental.

También me reuní con muchos representantes de la sociedad civil y víctimas de violaciones de derechos humanos en Jartum y en El Fashir. Su labor incansable en varias cuestiones relacionadas con los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales era evidente. Los problemas que plantearon —y que mi Oficina ha documentado— son graves.

Hemos asistido al uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes en Jartum, como el uso de munición real. Según nuestras informaciones y fuentes médicas, desde el golpe militar han muerto al menos 119 personas y más de 8.050 han resultado heridas, lo que en muchos casos ha cambiado sus vidas.

Una mujer nos relató que su primo, un joven futbolista, recibió un disparo en la pierna y es posible que nunca pueda volver a jugar.

Un conductor de bicitaxi me contó que ya no puede mantener a su familia después de que las fuerzas de seguridad le disparasen en una protesta, le operasen nueve veces y le amputasen la pierna. También escuché a testigos y otras personas en relación con la sentada del 3 de junio de 2019, en la que murieron más de 100 personas y muchas siguen desaparecidas. Insistí ante las autoridades en que deben exigirse responsabilidades con urgencia y de forma transparente.

Ante las protestas previstas para mañana, pido a las autoridades pertinentes que den instrucciones claras a las fuerzas de seguridad para que respondan a las manifestaciones de conformidad con las leyes y criterios de derechos humanos. Las personas gozan del derecho de reunión pacífica, y el Estado tiene la obligación de garantizar que este derecho pueda ejercerse sin miedo a recibir un disparo.

En lugar de detener a los manifestantes, he solicitado que la policía establezca una vía para relacionarse con las comunidades, que acepte el hecho de que tienen demandas legítimas, y les he instado a no ver a los manifestantes como adversarios.

Por otro lado, existen informes muy inquietantes de violencia sexual y de género contra mujeres y niñas, así como contra hombres y niños. Mi Oficina ha verificado 19 incidentes de violencia sexual y de género, en su mayoría cometidos por la policía en el contexto de las protestas. Tal vez haya más, pero las víctimas de este tipo de violencia no suelen denunciar por el gran estigma social, la falta de confianza en el sistema judicial y el miedo a las represalias. La falta de confianza en las instituciones, incluidos los órganos judiciales, se traduce en la impunidad de estas violaciones. Hasta la fecha, tengo entendido que ninguna persona responsable de estos 19 incidentes ha sido llevada ante la justicia.

En la región de Darfur, la sociedad civil y las personas desplazadas internas destacaron la impunidad creciente de los graves abusos y violaciones de derechos humanos, incluso a manos de las Fuerzas de Apoyo Rápido. Mi Oficina ha documentado 11 enfrentamientos mortales a gran escala que han dejado al menos 1.091 muertos desde enero de 2021. Los ataques cometidos principalmente por la tribu árabe Rizigat contra las comunidades no árabes han dejado el mayor número de víctimas. También se ha documentado actos de violencia sexual.  La respuesta de las autoridades a los indicios de alerta temprana de violencia ha sido escasa, lo que fomenta la idea de que las autoridades no están dispuestas a proteger a los y las civiles pertenecientes a diferentes tribus.

Un joven me comentó que su ambición es solo sobrevivir.

Ante la falta de escolarización, de agua potable, la propagación de enfermedades y la falta de perspectivas, afirmó: "No sé qué hacer en el día a día y no puedo tener ninguna aspiración". Me temo que habla en nombre de muchos y muchas jóvenes, hecho que me rompe el corazón.

Asimismo, desde julio de 2022, se han producido incidentes mortíferos que han causado la muerte de al menos 441 personas en el estado del Nilo Azul. Y en los estados de Kordofán hemos registrado el asesinato de más de 150 personas.

Las comunidades piden seguridad, poder volver a sus hogares y a sus tierras y un sistema judicial que sea efectivo para ellas. Temo que los ciclos de violencia continúen y pido a las autoridades que presten atención a las señales de advertencia y tomen medidas inmediatas para poner freno a la violencia, conforme a sus obligaciones internacionales de derechos humanos.

Un elemento clave de casi todas las interacciones que mantuve durante mis cuatro días en Sudán fue la necesidad de depurar responsabilidades y hacer justicia.

La justicia de transición nunca es fácil y la depuración de responsabilidades presenta muchas facetas, máxime en un contexto tan complejo como el de Sudán, con la impunidad arraigada ante las violaciones de derechos humanos durante décadas. Es crucial que se reconozcan los daños causados a las víctimas, así como que se reconozca, honre y compense debidamente la difícil situación de los supervivientes. Y es crucial que se investiguen las violaciones graves de derechos humanos y se lleve a los autores ante la justicia, al margen de su afiliación. La impunidad genera más violencia. Esta debe abordarse de forma directa.

La lucha por la justicia de los supervivientes y las familias de las víctimas es fundamental para el futuro del país, además de ser un derecho fundamental en sus casos individuales.

Toda transición es delicada, y en Sudán nos encontramos en una fase especialmente delicada de esta transición. Exhorto a todas las partes implicadas en el proceso político a que hagan un esfuerzo adicional, trabajen en pos del pronto restablecimiento del régimen civil en el país, y pongan fin a la incertidumbre que ha dejado a gran parte de la población en peligro.

El apoyo de la comunidad internacional también será clave. Tendremos que poner manos a la obra para preparar ahora "el día después", tanto en Sudán como a nivel internacional.

Por nuestra parte, la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas está dispuesta a seguir trabajando con diversos agentes en Sudán para reforzar la capacidad del Estado de promover y proteger los derechos humanos y el respeto del Estado de derecho, apoyar las reformas legales, supervisar la situación de los derechos humanos e informar sobre ella, y apoyar el fortalecimiento del espacio cívico y democrático.  Mi Oficina está dispuesta a compartir nuestros conocimientos en el ámbito de la justicia de transición, basados en los modelos empleados y en las enseñanzas extraídas de esos procesos en otros países.

Sudán es la tierra donde convergen los dos Nilos. La confluencia de estos dos afluentes en un río caudaloso es una imagen poderosa de unidad, fuerza combinada y gran potencial: mis esperanzas más profundas para la próxima fase de la transición de Sudán.

Gracias, Shukran Jazeelan.

FIN

Para más información y solicitudes de medios de comunicación, póngase en contacto con:

Ravina Shamdasani (portavoz, que viajará con la Alta Comisionada) – [email protected]

En Khartoum:
Walaa Salah - +24930059946/ [email protected]

En Nairobi:
Seif Magango – +254 788 343 897 / [email protected]  

En Ginebra:
Liz Throssell – + 41 22 917 9296 / [email protected] o
Marta Hurtado – + 41 22 917 9466 / [email protected] o
Jeremy Laurence – +41 22 917 9383 / [email protected]

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