En los casos de pena capital, las familias de las víctimas merecen respeto, afirman los participantes en una mesa redonda

Mientras se refuerza la tendencia en pro de la abolición de la pena de muerte, el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon hizo hincapié en la necesidad de garantizar el respeto a los derechos de las víctimas y sus familias, como parte de los esfuerzos para asegurar una vida digna a todas las personas.

“Los derechos de las víctimas y sus familias deben recibir un respeto cabal”, afirmó el Sr. Ban en un mensaje dirigido al evento Moving Away from the Death Penalty: Voices of Victims’ Families [Desistir de la pena capital: Opiniones de las familias de las víctimas], que leyó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein.

El evento, que coincidió con el segmento de alto nivel de la Asamblea General, fue auspiciado por el ACNUDH. Esta institución señaló que un conjunto cada vez mayor de pruebas indica que, desde la perspectiva de las familias de las víctimas de asesinatos, la pena capital es nociva e interfiere en un proceso de recuperación ya de por sí dificultoso.

El castigo, aplicado en forma de pena de muerte, no significa justicia, dijo Zeid en fecha reciente. El Alto Comisionado pidió que se buscaran soluciones a los crímenes capitales que exijan no sólo castigo, sino reconocimiento del mal perpetrado por la parte culpable. Soluciones capaces de ofrecer remordimiento y contrición genuinos, afirmó Zeid.  

“Debemos seguir esforzándonos por erradicar la aplicación de la pena capital, que es el peor ejemplo de venganza. Tal vez este castigo proporcione a las víctimas un alivio básico, pero al final se sienten insatisfechas por la falta de remordimiento auténtico de parte del criminal”, declaró Zeid.     

Hace siete decenios, sólo 14 países habían abolido la pena de muerte. En la actualidad, el 82 por ciento de los Estados han aplicado una moratoria de jure o de facto, o la han abolido. Tan sólo en los últimos 12 meses, Fiji, Madagascar, Suriname y el Estado de Nebraska (Estados Unidos), han abolido la práctica de ejecutar a los reos.

Pero, a pesar de esta amplia tendencia internacional hacia la abolición, dijo el Sr. Ban, un reducido número de países ha incrementado o reanudado las ejecuciones en los últimos meses.

“A menudo, para justificar estas medidas, las autoridades invocan los derechos de las familias de las víctimas del delito. En realidad, muchas familias de víctimas creen que responder a una muerte con otra no es una manera de honrar a la víctima”.

En el acto, varios Ministros de Asuntos Exteriores y otros representantes de Estados Miembros de las Naciones Unidas expusieron las experiencias de sus respectivos países en lo tocante a los esfuerzos para abolir la pena capital. Tres activistas opuestos a la pena de muerte también participaron en el debate. La hermana Helen Prejean y Robert Curley –ambos de Estados Unidos- y Mireya García Ramírez –de Chile- relataron de manera conmovedora sus experiencias personales.

La hermana Prejean, cuyo libro Dead Man Walking fue llevado al cine, instó a los asistentes a que escucharan las opiniones de las familias de las víctimas y añadió que muchas de ellas se han manifestado frecuentemente en contra de la pena capital. Robert Curley transmitió una opinión similar, apoyándose en una tragedia personal (la tortura y el asesinato de su hijo de 10 años), que inicialmente le llevó a convertirse en un partidario activo de la pena de muerte. Su postura cambió, dijo, cuando se percató de las injusticias que comporta ese castigo.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder estipula claramente estos y otros derechos que asisten a las víctimas de delitos y expone medidas para asegurarlos.

En este sentido, dijo el Sr. Ban, son decisivos el derecho a que se realicen investigaciones eficaces y se sancionen adecuadamente los delitos, y el derecho a exigir reparación por los daños sufridos, por conducto de mecanismos judiciales y administrativos rápidos, sensibles, justos y accesibles.

2 de octubre de 2015