Personal de la ONU, entre ellos ocho colegas del ACNUDH, detenidos en Yemen
El ACNUDH pide su liberación inmediata.
26 abril 2016
Antes de que Guillermo naciera, sus padres fueron víctimas de una desaparición forzada durante la dictadura militar argentina, un hecho triste del que él no tuvo conocimiento durante su infancia y adolescencia.
“Cuando llegué a la edad adulta, empecé a concebir sospechas acerca de mi nacimiento y del hombre y la mujer que decían ser mis padres”, afirma Guillermo.
Desde 1977, la organización de la sociedad civil Abuelas de Plaza de Mayo ha venido buscando a nietos como Guillermo para reunirlos con sus familias.
Durante la dictadura militar argentina, de 1976 a 1983, las desapariciones forzadas fueron una especie de tortura psicológica para las familias que ignoraban el paradero de sus seres queridos o si estaban vivos o muertos.
Hasta el momento, las Abuelas de Plaza de Mayo, que desde 1990 cuentan con el apoyo del Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura (UNVFVT, por sus siglas en inglés), han reunido a 119 nietos con sus familiares. La financiación contribuye a pagar las pruebas genéticas que permiten aprovechar mejor el banco de ADN creado en 1987, tras el restablecimiento de la democracia en Argentina, para ayudar en la identificación de los niños robados durante la dictadura, como parte de la represión ejercida contra los jóvenes opositores al régimen militar.
“A menudo los militares no ejecutaban a las mujeres embarazadas, sino que las encerraban en el Campo de Mayo, un centro de detención clandestino que adquirió siniestra fama como el lugar donde los recién nacidos eran confiscados y luego ‘desaparecían’ mediante adopciones ilícitas”, explica Guillermo.
“En 2007, mientras veía el programa Televisión por la Identidad, una transmisión en la que se describía la labor de las Abuelas para reunir a los niños con sus familias mediante el uso de pruebas de ADN, oí el relato de un caso que supe de inmediato que era el mío”, prosigue Guillermo. “Me eché a llorar y mi novia me convenció de que debía acudir a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI)”. La historia de Guillermo es sólo una de las nueve que figuran en una nueva publicación, titulada From Horror to Healing: A life-saving journey supported by the UN Fund for Victims of Torture. [Del horror a la curación: Un viaje capaz de salvar vidas, realizado con el apoyo del UNVFVT]. La administración del UNVFVT, que este año celebra su 35º aniversario, corre a cargo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con sede en Ginebra (Suiza).
La publicación arroja una mirada sincera sobre las experiencias, tanto de las víctimas de la tortura como de los profesionales que les ayudaron a recuperar la dignidad y a buscar la rehabilitación, la verdad y la reparación, un sendero que a menudo exige largos años de recorrido. Sus relatos fueron compilados por organizaciones que, con el apoyo del UNVFVT, proporcionan cada año servicios médicos, psicológicos, sociales y jurídicos de rehabilitación a unas 50.000 víctimas de torturas y a sus familiares.
En diciembre de 2007, Guillermo acudió al Banco Nacional de AND (BNDG). Pero no obtuvo respuestas inmediatas. Cuatro meses después, le comunicaron que su perfil genético no correspondía a ninguno de los núcleos familiares registrados en el banco. Pero en 2009 la CONADI lo convocó para lo que resultaría ser una entrevista conmovedora con su Directora.
“Con lágrimas en los ojos, la Directora me contó la historia de mi familia”, afirma Guillermo.
“La confirmación de mi identidad demoró dos años porque nadie sabía que mi madre estaba embarazada cuando la arrestaron, junto con mi padre, el 17 de octubre de 1979. De modo que su familia no había depositado muestras de ADN. Pero un superviviente se presentó y declaró que mi madre había dado a luz mientras estaba detenida. Así que el BNDG solicitó muestras de sangre de los hermanos y las hermanas de mis padres –mis tíos y tías- y pudo confirmar que yo era el hijo de Marcela Molfino y Guillermo Amarilla”.
Los padres de Guillermo se habían casado en 1973 y tuvieron tres hijos antes de su arresto.
“Así fue como pude saber, a los 29 años de edad, que tenía tres hermanos y una familia numerosa. Nos reunimos por primera vez en la sede de las Abuelas. Fue un gran abrazo y comprendí entonces que ese abrazo duraría para siempre”.
Desde 1981, el UNVFVT, administrado por el ACNUDH en Ginebra, ha asignado más de 168 millones de dólares estadounidenses a más de 630 organizaciones que proporcionan asistencia médica, psicológica, social y jurídica a víctimas de la tortura.
26 de abril de 2016