Personal de la ONU, entre ellos ocho colegas del ACNUDH, detenidos en Yemen
El ACNUDH pide su liberación inmediata.
26 julio 2023
La vida de Leyner Palacios se partió en pedazos la mañana del 2 de mayo de 2002.
En medio de intensos combates entre paramilitares y guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el municipio de Bojayá, en la espesa selva del Pacífico colombiano, la población había buscado refugio en la iglesia local. La mayoría eran ancianos, niños y mujeres, algunas de ellas embarazadas.
“Las balas cruzaban por todas partes y nos protegíamos bajo los colchones en nuestras casas. A las 10 sonó un estruendo y cuando miramos el techo de la iglesia estaba desbaratado”, recordó Palacios.
“Se me viene a la cabeza la imagen de las personas destrozadas entre las paredes caídas de la iglesia. Es un recuerdo que crea mucho dolor e indignación”, dijo Palacios al relatar cómo huyó y cruzó el río cargando a su hija de dos años.
Por lo menos 81 personas murieron, incluidos 46 niños, cuando un cilindro bomba lanzado por las FARC cayó sobre la iglesia, causando una de las peores matanzas de la guerra en Colombia.
Palacios, un líder local de la comunidad afrocolombiana, inició un proceso de resistencia colectiva y de demandas frente al Estado que se mantiene hasta hoy. Pese a perder amigos y familiares en la matanza, Palacios desempeñó un papel destacado en los diálogos de paz que condujeron al acuerdo de paz de 2016 entre las FARC y el gobierno, y fue miembro de la Comisión de la Verdad.
“Vi en el proceso de paz una oportunidad para mejorar la situación de los derechos humanos de mi comunidad y de mi país y contribuir al silenciamiento de los fusiles”, dijo. “Cuando has vivido un conflicto y has sufrido discriminación y pobreza como yo, haces cualquier cosa para ponerle fin”.
Uno de los pilares del acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC es la centralidad del papel de las víctimas y los mecanismos judiciales y extrajudiciales de justicia transicional. Otro pilar clave es la puesta en práctica de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad para promover las reformas y consolidar las políticas necesarias para garantizar la no repetición y la consolidación de la paz, la democracia y el Estado de Derecho.
ONU Derechos Humanos, que ha estado presente en Colombia desde 1997 trabajando en la promoción y protección de los derechos humanos tanto con el Estado como con la sociedad civil, está brindando apoyo para implementar las recomendaciones de la Comisión. Al mismo tiempo, la Oficina está prestando asistencia a los demás mecanismos de justicia transicional en el país: la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad Especial de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
"La participación de las víctimas en el proceso de diálogo y en los mecanismos de justicia transicional de Colombia ha sido algo inédito en el país y en el mundo," dijo Juliette de Rivero, representante de ONU Derechos Humanos en Colombia, quien agregó que el proceso de paz colombiano puede ser un modelo para poner fin a otros conflictos.
"La Comisión jugó un papel excepcional no sólo en la restauración de las voces de las víctimas, sino en su posición como constructoras de paz y como transformadoras de país", dijo.
El compromiso anunciado por el Gobierno de implementar las recomendaciones de la Comisión de la Verdad es de suma importancia para abordar las causas profundas de la violencia y el conflicto, y como parte del proceso de curación.
JEFE DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS, VOLKER TÜRK
La Comisión de la Verdad pasó cuatro años celebrando audiencias públicas en todo el país para recopilar testimonios de víctimas y perpetradores y exponer la verdad detrás de los abusos de derechos humanos, incluidas masacres, secuestros, desplazamientos y violencia sexual y de género.
Para Francisco de Roux, sacerdote jesuita que encabezó la Comisión de la Verdad, conocer la verdad de todas las víctimas es el primer paso para sanar las heridas del conflicto.
“Si queremos rescatarnos a nosotros mismos como seres humanos, tenemos que ser capaces de encarar nuestra historia y hablar sobre la tragedia humana de la guerra”, dijo De Roux.
Palacios, de 47 años, fue uno de los 24 hijos de un pequeño agricultor e inspector local que se ganaba la vida comerciando con las comunidades a lo largo del río Atrato en la región del Chocó.
“La vida junto al río nos enseñó el valor del diálogo”, dijo Palacios. “Aprendimos a navegar por las diferentes comunidades y a escuchar a todo el mundo. Hablábamos con las poblaciones indígenas y afrocolombianas, negociábamos con la guerrilla, el ejército, los paramilitares. Así fue como gané una experiencia que me iba a ser útil para mi vida adulta”.
Cuando las FARC y el gobierno iniciaron conversaciones de paz en La Habana en 2012, Palacios fue una de las decenas de víctimas de la guerra que viajaron a Cuba para dar su testimonio.
Sus habilidades para empatizar y escuchar a todas las partes fueron fundamentales para obtener una disculpa pública de las FARC, una de las condiciones del acuerdo de paz. Para ello, se organizó una ceremonia especial en las escaleras de la iglesia destruida de Bojayá; los ataúdes de los fallecidos, incluidas decenas de ataúdes blancos que contenían los restos de niños, viajaron río abajo en barco en medio de oraciones y cantos para recibir la sepultura final.
Palacios estima que escuchó más de 800 testimonios en la Comisión de la Verdad, desde madres hasta terratenientes, policías, empresarios y miembros de grupos armados.
“Aprendí que mi dolor no era diferente al de tantos otros colombianos”, dijo.
El acuerdo con las FARC es extraordinariamente complejo y abarca desde la reintegración de los excombatientes hasta el desarrollo rural, la reforma de las fuerzas de seguridad, el derecho a la tierra, la política de drogas y el empoderamiento de género y mujeres. Para De Rivero, “las recomendaciones de la Comisión de la Verdad son una brújula para la no repetición, y constituyen una gran posibilidad para que el futuro sea construido sobre la paz la igualdad y la no-discriminación, y la inclusión”.
Pero el camino será largo y arduo, advierten los expertos. A pesar del acuerdo de paz, el país sigue enfrentando altos niveles de violencia contra líderes campesinos, reclamantes de tierras, ambientalistas y guerrilleros desmovilizados. Solo en 2022, la Oficina registró 83 casos de masacres y 112 asesinatos de defensores de derechos humanos.
El propio Palacios ha recibido amenazas de muerte y ahora se encuentra escondido bajo protección del Estado. Ha continuado defendiendo a las víctimas, denunciando la violencia y la extorsión de los grupos armados, la corrupción y la falta de desarrollo rural. Todavía no hay médico en Bojayá, dijo.
Sin embargo, Palacios sigue siendo optimista sobre el futuro, aunque sólo sea porque no hay otra opción.
“El conflicto de Colombia ha despedazado el alma de los colombianos durante casi 70 años. El único camino que nos queda es la reconciliación. Nunca terminaremos este conflicto con más violencia”.