El agua es un bien común de todos y todas, afirma experto de las Naciones Unidas

"El agua que extraemos de la naturaleza para diferentes usos debe ser gestionada como un bien común, un bien compartido que debe estar accesible para todas las personas, y no ser apropiado por nadie," aseguró Pedro Arrojo-Agudo, Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento

En su informe, Arrojo-Agudo define el agua como un recurso compartido y un soporte vital cuya gestión debe ser responsabilidad de los Estados.  Los Estados, añadió, deben adoptar un enfoque basado en los derechos humanos sobre la gestión de los ecosistemas acuáticos y del ciclo del agua en lugar de considerar al agua como una mercancía que ha de ser tratada conforme con la lógica del mercado.

"Desde un acceso desde una perspectiva neoliberal [...], el uso y provecho del agua dependen de la capacidad de cada persona para pagársela, a la vez que el acceso a la información y la gestión quedan en manos de los accionistas mayoritarios de las corporaciones que están a cargo de estos servicios," explicó él.  "Esto no solamente contradice la percepción del agua como un bien común sino que además es incompatible con un planteamiento de la gestión del agua basado en los derechos humanos."

El experto defendió también un enfoque basado en los derechos humanos de la gestión del agua recalcando que el agua es un factor clave en la forma en que las poblaciones se asientan sobre determinados territorios, para la cohesión social y para facilitar la coexistencia en las sociedades humanas.

Arrojo-Agudo describió tres niveles de prioridad ética para el uso del agua a la hora de ayudar a los Estados a establecer normas y legislación acerca de la gestión del agua: "el agua para la vida," o cómo el agua es esencial para preservar la vida y la dignidad humana, de forma individual y colectiva; "el agua en funciones, usos y servicios de interés general," o cómo los usos del agua son considerados de interés general por parte de la sociedad; y "economía del agua", o cómo el agua es usada para actividades productivas, tales como las industrias extractivas y la agricultura a gran escala, las cuales facilitan la mejoría de los niveles de vida de las personas.

Él también subrayó la importancia de la `subsidiariedad´, la cual implica a las comunidades locales en la gobernanza de los recursos hídricos, de forma especial al reconocer el agua como un bien común. "[Esto] requiere implicar y hacer a esa comunidad responsable de su gestión," añadió el experto, a la vez que defendía una gobernanza sin ánimo de lucro arraigada a nivel local, a nivel de las cuencas e incluso a niveles transfronterizos y globales.

Él también hizo un llamamiento a reforzar la cooperación internacional con el fin de proteger los recursos hídricos ante las crecientes amenazas del cambio climático

En su informe, Arrojo-Agudo ofrece un conjunto de recomendaciones para los Estados sobre la manera en que el agua y los sistemas acuáticos deben ser gestionados como un bien común.  Estas incluyen estrategias que promueven el uso del agua basado en principios de no deterioro, o evitando descargas tóxicas en ecosistemas que puedan conducir al deterioro de los sistemas acuáticos; la restitución, lo que supone cargar los costes de la contaminación a aquellos que la causen; la recuperación de costos, lo que significa en la práctica ajustar las tarifas por servicios de agua y saneamiento a los costes reales del servicio; así como la rentabilidad, o lo que significa tener en cuenta todas las opciones posibles y adoptar la opción más rentable con el fin de conseguir cumplir con los objetivos.  El experto también aconsejó hacer uso de los principios de derechos humanos de no discriminación, participación equitativa, transparencia y rendición de cuentas.