“Es más urgente que nunca disponer de una economía de derechos humanos”, ha declarado el Jefe de Derechos Humanos, Volker Türk. “Necesitamos líderes que reconozcan que basar nuestras economías y actividades empresariales en los derechos humanos puede hacer que nuestras sociedades sean más estables, predecibles, pacíficas y, en última instancia, más prósperas”.

Türk intervino durante la sesión de apertura del 13º Foro sobre las Empresas y los Derechos Humanos. El Foro congregó a gobiernos, empresas, organizaciones internacionales, sociedad civil, sindicatos, académicos y comunidades para debatir sobre las prácticas empresariales y el respeto de los derechos humanos.

Desde 2011, los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos han proporcionado un marco mundialmente aceptado para mejorar las normas y prácticas relativas a las empresas y los derechos humanos. Los Principios Rectores instan a los Estados a adoptar una “combinación inteligente” de medidas voluntarias y obligatorias para fomentar el respeto empresarial de los derechos humanos.

Türk afirmó que en la última década se han producido avances importantes, y los Estados y las empresas han adoptado medidas relevantes.

No obstante, él advirtió que los abusos de los derechos humanos vinculados con las empresas abundan en algunas partes del mundo. La industria de combustibles fósiles y su impacto en la biodiversidad, la extracción de materias primas en países en conflicto, las prácticas agrícolas que expulsan a la fuerza a los pueblos indígenas de sus tierras y las tecnologías de vigilancia por IA han desembocado en desigualdades e injusticias más profundas, según Türk.  

“Las estrategias diseñadas de forma voluntaria no bastan por sí solas”, ha aseverado Türk, y ha añadido que los gobiernos, las empresas y la sociedad civil tienen que trabajar unidos para encontrar soluciones que sean sostenibles, equitativas y justas.

“Está comprobado que una combinación inteligente de medidas políticas y reglamentarias coherentes, de carácter nacional e internacional, obligatorio y voluntario, es una forma eficaz de que los Estados proporcionen claridad a las empresas, nivelen el terreno de juego y, por último, garanticen unos resultados mejores para las personas perjudicadas por las actividades comerciales”.

Récord de participación

La reunión, de tres días de duración, brindó a los 4.000 participantes de 156 países la oportunidad de debatir temas como el cambio climático, las nuevas tecnologías, los derechos de los pueblos indígenas, la protección de las personas con discapacidad, el acceso a vías de recurso en casos de abusos de derechos vinculados con las empresas y la diligencia debida en materia de derechos humanos, entre otros. Se alcanzó la cifra récord de casi 3.000 participantes presenciales.

Fernanda Hopenhaym, Presidenta del Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos, ha afirmado que los Estados tienen la obligación de respetar los derechos humanos en el contexto de las actividades empresariales por medio de políticas públicas que sitúen “a las personas y el planeta en un lugar central”. Pero, al mismo tiempo, ha explicado que el sector privado también tiene un papel decisivo en el contexto mundial actual de tensiones geopolíticas y crisis climática.

“También necesitamos iniciativas del sector privado, incluidos los inversores, que mejoren nuestras prácticas y aceleren el cambio”, ha señalado Hopenhaym en la sesión de apertura.

Sanda Ojiambo, Directora Ejecutiva del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, ha indicado que desde que se adoptaron los Principios Rectores, a escala mundial se ha aceptado que las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos. Citó ejemplos de empresas asiáticas que emplean tecnología por satélite para vigilar la deforestación en el abastecimiento de materias primas o de empresas agrícolas africanas que trabajan para generar confianza entre los trabajadores y los miembros de la comunidad.

Según los Principios Rectores, las empresas tienen la responsabilidad de actuar con la diligencia debida en materia de derechos humanos. Sin embargo, Ojiambo ha declarado que existe un impulso creciente en todo el mundo para exigir a las empresas que actúen con la diligencia debida obligatoria en materia de derechos humanos y medio ambiente, y pidió una mayor coherencia.

“Aunque algunas regiones avanzan en la diligencia debida obligatoria y la protección de los derechos humanos, otras simplemente se quedan atrás, situación que deja un mosaico de normas y contextos operativos”, según ella.

Para Hannah Koep-Andrieu, responsable de Diligencia Debida del Centro de Conducta Empresarial Responsable de la OCDE, la cooperación entre los Estados es clave.

“Las cadenas de suministro son globales, con lo cual la adopción de medidas obligatorias y voluntarias significativas requiere cooperación internacional”.

Cadenas de valor mundiales

Desde el Sur Global, Chantal Chambu Mwavita, Ministra de Derechos Humanos de la República Democrática del Congo, señaló que la responsabilidad de las empresas y los derechos humanos son más importantes que nunca, puesto que las cadenas de valor mundiales están interconectadas en la actualidad, y su impacto va más allá de las fronteras nacionales.

Mencionó el caso de su país, rico en recursos naturales pero que sufre graves violaciones de los derechos humanos relacionadas con la explotación de minerales preciosos.

“Es imperativo encontrar soluciones concretas para regular las prácticas comerciales y garantizar el respeto de los derechos humanos en todas las etapas de la producción, distribución y consumo de bienes y servicios”, aclaró.

La sociedad civil lleva años presionando para que se impongan requisitos más firmes en materia de derechos humanos a las empresas en sus cadenas de suministro mundiales. En el Foro, los líderes empresariales se unieron a los llamamientos en favor de marcos políticos sólidos que garanticen el respeto de los derechos humanos.

“Nuestras cadenas de suministro están plagadas de abusos contra los derechos humanos, y las mejoras que observamos no son lo bastante importantes. Debemos mejorar en este sentido”, afirmó Annie Agle, Directora sénior de Impacto y Sostenibilidad de la minorista de ropa estadounidense Cotopaxi.

Rachel Cowburn-Walden, Directora global de Derechos Humanos de la multinacional de bienes de consumo Unilever, afirmó que cualquier empresa que quiera sobrevivir a largo plazo debe ser responsable desde una perspectiva económica, medioambiental y social.

“La única forma de que pueda hacerlo con eficacia es que el respeto por los derechos humanos sea la base de toda actividad que lleve a cabo”, concluyó Cowburn-Walden.

Conocimientos que aportan las poblaciones indígenas

Los pueblos indígenas afirmaron que sus comunidades pueden aportar conocimientos sobre formas de hacer negocios que respeten el medio ambiente y sus derechos. Según David Chemutai, coordinador de la comunidad Benet Mosopisyek de Uganda, ya es hora de que los Estados y las empresas asuman compromisos reales y tomen medidas para acabar con las violaciones y la impunidad.

“Las comunidades indígenas se ven obligadas a abandonar sus tierras a causa de la minería, los agronegocios, los proyectos energéticos y las denominadas soluciones climáticas como el comercio de carbono, la producción de biocombustibles e incluso las áreas protegidas controladas por entidades privadas”, aseveró.

“Defender los derechos indígenas supone defender el camino de la humanidad hacia la equidad, la sostenibilidad y la justicia para todos y todas. Estamos dispuestos a comprometernos, pero nuestro mensaje es claro:   No tomar ninguna decisión que afecte a los pueblos indígenas sin contar con ellos”.