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Poniendo Fin a la Tortura: Una Victoria Legal que Defiende la Dignidad Entre Rejas
26 marzo 2025
Cinco prisioneros en Sudáfrica han sentado un precedente legal pionero tras un juicio que implicaba casos de tortura de prisioneros en el Centro Penitenciario de Máxima Seguridad de Leeuwkop. El veredicto del Tribunal Supremo, dictado hace un año y que tardó una década en elaborarse, supuso la primera vez que la Ley de Prevención y Lucha contra la Tortura del país se aplicaba con éxito en la Sudáfrica postapartheid.
El 10 de agosto de 2014, cinco prisioneros (Abel Phasha, Benson Qibi, Mthokozisi Sithole, Llewellyn Smith y Xolani Zulu) se negaron a obedecer las órdenes dictadas por las autoridades de la prisión y bloquearon la puerta de sus celdas. Los guardias respondieron con una violencia brutal, que incluyó descargas eléctricas, confinamiento prolongado y palizas.
"Fueron golpeados con dureza y también torturados psicológicamente al ser encerrados en régimen de aislamiento," explicó Nabeelah Mia, jefa del Programa de Reforma Penal en Lawyers for Human Rights (LHR, según sus siglas en inglés), una Organización No Gubernamental local y litigante en defensa del interés público, quién lideró la denuncia presentada contra el gobierno. LHR es fideicomisaria del Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura, quién proporcionó financiación para la defensa legal de los demandantes.
"Se trata de una gran victoria, pero esta no podrá nunca deshacer el daño, dolor y sufrimiento que ha causado y continúa causando a nuestros clientes," afirmó Mia.
Una lucha por la justicia
A la vez que la demanda iba abriéndose camino por el sistema legal, el equipo de abogados iba encontrándose con un gran número de obstáculos.
En un principio, si bien los registros de la prisión mostraban pruebas de que se habían cometido agresiones, no existían pruebas médicas de que existiera tortura, algo que es imprescindible para este caso.
"Los médicos de la prisión les habían examinado pero las lesiones no fueron registradas... Sin informes provenientes de médicos privados, no habríamos contado con material suficiente para ir a juicio. Se encubrió todo lo que ocurrió," denunció la Abogada Heidi Barnes, abogada principal en representación de los demandantes.
La preparación del caso se demoró durante mucho tiempo, y además incluyó casi 100 días de vistas. Finalmente, tras varios retrasos e interrupciones, incluyendo las que ocasionó la COVID-19, el Tribunal Supremo sostuvo que "las agresiones cometidas contra las víctimas ascendían al nivel de tortura."
Abogada principal de los demandantes en la denuncia. © Kirsty Teichert/ACNUDH
Para Clare Ballard, la anterior Directora del Programa de Reforma Penal en LHR, y que fue la abogada que presentó la denuncia en primera instancia, fue inevitable tener que ir a juicio.
"Era demasiado manifiesto, demasiado grave y flagrante para ignorarlo. Y si además contamos con legislación para tratar este tipo de casos, habría resultado profundamente incongruente si yo no hubiera actuado," aseguró ella. Sudáfrica ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura , y a pesar de contar con su propia legislación nacional contra la tortura, esta no había sido aplicada nunca antes de forma integral con anterioridad a la decisión del Tribunal Supremo.
La decisión del tribunal viene a demostrar como el pasado sigue proyectando su sombra sobre Sudáfrica.
"Resulta muy triste e inquietante que algunos de los acontecimientos que tuvieron lugar durante los días más oscuros del Apartheid continúen existiendo en los centros penitenciarios de nuestro amado país," dictaminó el magistrado que presidía la sala.
El tribunal ratificó que los prisioneros, incluyendo delincuentes convictos, son seres humanos y merecen protección en virtud de la Constitución.
Una petición de una reforma del sistema
A la vez que la decisión adoptada por el Tribunal Supremo es considerada como un hito de gran relevancia a la hora de garantizar que un gobierno cumple con sus obligaciones legales, la batalla está lejos de haberse terminado.
«Muchas de las víctimas de tortura siguen estando bajo custodia. Necesitan de apoyo en salud mental para lidiar con las experiencias traumáticas que han sufrido. También necesitan de asistencia para volver a reintegrarse en la sociedad,» afirmó Wayne Ncube, director nacional de LHR.
Wayne Ncube es el Director Nacional de Lawyers for Human Rights, Sudáfrica. LHR es fiduciaria del Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura. © Kirsty Teichert/ACNUDH
Según Ballard, es preciso mejorar el sistema penitenciario de Sudáfrica, lo que debe incluir que Sudáfrica tenga en cuenta las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos y del Comité Contra la Tortura para la creación de mecanismos de denuncia y reparación judicial que sean eficientes, eficaces y económicos destinados a los supervivientes.
«No existe otro mecanismo más rápido para (reparar) irregularidades (cometidas por funcionarios penitenciarios), una vía que además no necesita entablar litigios legales. Ya han pasado 10 años y mis clientes no han recibido tratamiento alguno,» aseveró Ballard.
Las reformas cobran especial importancia si Sudáfrica tiene intención de cumplir con sus obligaciones conforme a la Convención contra la Tortura y su Protocolo Facultativo, las recomendaciones del comité y la Posición Común del Sistema de las Naciones Unidas en Materia de Encarcelamiento, todas las cuales demandan reformas judiciales que den prioridad a las condenas individualizadas y sitúen a los derechos humanos en un lugar privilegiado.
Durante un evento reciente de alto nivel, la Alta Comisionada Adjunta para los Derechos Humanos Nada Al-Nashif se hizo eco de esta inquietud, subrayando la necesidad de centrar la justicia en las necesidades de las personas.
“Las deficiencias sistémicas en los sistemas de justicia penal… alimentan los sentimientos de injusticia y desigualdad, lo que suele conducir a actos de violencia y un mayor deterioro de los derechos y del sistema penitenciario.”
El camino que queda por recorrer
Aunque la decisión de 2023 supuso una victoria de calado, este caso está a la espera ahora de una vista en el Tribunal Supremo de Apelación. Algunas personas ya anticipan que podría incluso llegar al Tribunal Constitucional, algo que Ballard duda que pueda ocurrir.
“No contemplo la posibilidad de que (ningún) Tribunal Constitucional celebre una vista sobre este asunto debido simplemente a que no creo que se esté cuestionando un asunto constitucional de manera crucial y que no se aborde plenamente dentro del proceso judicial que lleva a cabo el tribunal supremo.”
El caso viene a significar un recordatorio de que la firma de un tratado no constituye una garantía de cambios, los mecanismos nacionales efectivos han de ser los que continúen apuntalando el proceso.
Para Mia, la decisión del tribunal envía una señal evidente.
“Sirve de llamada de atención para las instituciones encargadas de supervisar y prevenir casos de tortura de que han de ejercer un papel más sólido. Han de estar facultadas para poder hacer realidad la justicia para las personas que están privadas de libertad.”
