Violencia y armas de fuego

Lo que antaño fueron actos de violencia parciales, se ha transformado en un asalto coordinado contra la sociedad haitiana. La coalición de bandas denominada Viv Asnsam (Vivamos juntos), ha ocupado áreas importantes de Puerto Príncipe, extendiéndose desde zonas marginales hacia el centro urbano y las barriadas de clase media, y han atacado a diversas instituciones.

Entre julio de 2024 y febrero de 2025, el ACNUDH documentó 4.239 asesinatos y 1.356 casos de personas heridas. En una sola masacre, 207 personas fueron ejecutadas en el plazo de cinco días en Cité Soleil. Las bandas armadas utilizan armas cada vez más potentes, algunas traídas de contrabando desde Estados Unidos en contenedores de comida congelada o de artículos de electrónica.

“Este armamento, cada vez más refinado, no se elabora en Haití, sino que entra regularmente en el país desde el extranjero”, dijo el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk.

Las armas de fuego son esenciales no solo para asesinar, sino también para realizar secuestros, agresiones sexuales y actos de extorsión. Los puntos de control establecidos por las pandillas en las carreteras principales exigen “impuestos de circulación” a todo el que trata de pasar. Quienes se resisten, suelen ser abatidos a tiros.

Para poner fin a la violencia de las pandillas, es indispensable reducir la entrada ilícita de armas de fuego. Esto entrañaría aplicar el embargo impuesto por las Naciones Unidas, reforzar los controles en puertos y fronteras, y desmantelar las redes de traficantes. Asimismo se recomiendan medidas de desarme voluntario y de recompra de armamento. En el informe se indica que las empresas de seguridad, algunas de las cuales se han visto vinculadas al tráfico de armas, deben ser sometidas a escrutinio y regulación. 

La restauración de la seguridad en Haití también implicaría la urgente provisión de equipamiento y recursos adecuados a la Policía Nacional, así como la rendición de cuentas de los agentes que hayan participado en violaciones de derechos humanos, señala el informe.

En el documento se pide además el despliegue cabal de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití (MSS) para que contribuya a la recuperación de las zonas dominadas por las pandillas y a los esfuerzos nacionales de estabilización.

La violencia sexual y los niños en el conflicto

Las niñas y las mujeres están expuestas a la violencia sexual generalizada de las bandas armadas. En el informe figuran casos de secuestros perpetrados por pandilleros, que han raptado a mujeres en sus hogares o en el transporte público, las han violado en público y, en algunos casos, las han asesinado después. A otras víctimas se les mantiene en “relaciones” de explotación, bajo la amenaza constante de la violencia.

Por lo general, el número de casos de violencia sexual es muy superior al que se denuncia, debido al temor de las víctimas a las represalias, el estigma social y la falta de confianza en las instituciones públicas.

La repercusión de la violencia de las pandillas sobre la infancia también es enorme. Miles de niños no pueden asistir al colegio, muchos han presenciado los más horribles actos de violencia, incluso asesinatos, y algunos de ellos son víctimas de la trata de personas y la explotación que practican las pandillas, y son traficados junto con el armamento.

“Millones de niños han visto actos de violencia que ningún menor debería presenciar”, afirmó O’Neill. “Muchachas que han sobrevivido a la violencia sexual nos han contado los horrores que padecieron a manos de los pandilleros. Y, sin embargo, estas víctimas no están derrotadas, como tampoco lo están muchos otros haitianos”.

Para empezar a superar esta grave situación, es preciso crear un sistema exhaustivo de apoyo a las víctimas, que incluya atención médica inmediata y a largo plazo, asesoramiento psicológico y programas de reintegración social, señala el informe.

En marzo, con el apoyo del ACNUDH, las autoridades anunciaron la creación de dos equipos de trabajo especializados que permitirán tratar de manera más rápida y rigurosa los casos de asesinatos masivos y violencia sexual. 

Desplazamiento interno y crisis humanitaria

Las pandillas controlan carreteras esenciales, trastornan el comercio y la ayuda humanitaria, y los ataques armados contra instalaciones escolares y hospitalarias han agravado la crisis.

“Más de un millón de personas han sido desplazadas en Haití, muchas de ellas lo han sido varias veces y solo en las últimas semanas, 40.000 de ellas han sido obligadas a abandonar sus hogares”, afirmó Türk. “Uno de cada cinco haitianos -5,5 millones de habitantes- se enfrentan a la inseguridad alimentaria aguda. Dos millones de personas afrontan niveles de hambre que exigen medidas de emergencia. Unos 6.000 desplazados viven en situación de hambruna”.

Según un informe del ACNUDH, los desplazados internos deben ser alojados en instalaciones seguras y apropiadas, donde puedan disfrutar de sus derechos esenciales, como el derecho a la alimentación, la educación y la atención médica, incluso si están en zonas controladas por las pandillas. Los trabajadores sanitarios y el personal humanitario sufren ataques frecuentes y necesitan apoyo.

Corrupción, impunidad y fracasos en la aplicación de las leyes

En Haití prevalece la impunidad para los abusos y las vulneraciones de derechos humanos. Los tribunales siguen infrafinanciados y suelen ser atacados por las pandillas. Los jueces están amenazados o han abandonado el país, y los casos principales vinculados a las masacres apenas han progresado.

“Quienes proporcionan apoyo político o económico a las bandas armadas deben pagar por sus delitos”, dijo O’Neill. “Habrá que intervenir cuentas bancarias, confiscar bienes y anular visados. Esas personas tendrán que enfrentarse a la justicia y rendir cuentas de sus actos”.

Pero en Haití la transparencia es débil. Solo tres de las 23 causas de abusos policiales fueron remitidas al sistema judicial.

Aunque la policía haitiana se ha enfrentado a las pandillas en condiciones muy difíciles, en el informe se plantean preocupaciones acerca de la falta de medidas para prevenir y proteger del uso innecesario o desproporcionado de la fuerza letal.

“Durante el plazo que abarca el informe, más de 2.000 personas resultaron muertas o heridas en operaciones policiales contra las pandillas, lo que representa un aumento del 60 por ciento en comparación con el semestre precedente”, dijo Türk. “Por lo menos un tercio de las víctimas mortales fue baleado aunque no participaba en actos violentos; a menudo por balas perdidas mientras estaban en sus hogares o en la calle”.

Un llamamiento mundial a la acción urgente

Pese a todo lo anterior, el pueblo haitiano conserva la esperanza y la capacidad de resistir. En algunas zonas, el despliegue de la MSS, respaldada por las Naciones Unidas, ha facilitado la reapertura de escuelas y hospitales. Pero las necesidades siguen siendo inmensas. O’Neill pidió una acción internacional urgente.

“Las soluciones son sencillas y bien conocidas. Los países del mundo deben proporcionar a la MSS, coordinada por Kenya, todo lo necesario para triunfar. Si esperamos mucho, quizá quede poco que pueda salvarse en Haití”, dijo.

Al concluir su intervención, Türk exhortó directamente al Consejo y al mundo entero, comprendidos los medios de comunicación, a que presten especial atención a esta crisis, para poner fin al intolerable sufrimiento y la destrucción.