Acerca de la justicia transicional y los derechos humanos

En las sociedades que intentan reconstruir y superar una historia violenta marcada por graves violaciones de los derechos humanos -ya sean cometidas en contextos de represión, conflicto armado o de otro tipo- surgen importantes cuestiones en torno a cómo reconocer las violaciones, satisfacer las demandas de justicia, evitar que se repitan, restaurar el tejido social de las comunidades y construir una paz sostenible. La justicia transicional es la disciplina que trata de desentrañar lo que se necesita para que las sociedades se enfrenten a este tipo de legados desafiantes y desarrolla diversos instrumentos para ello.

Para las Naciones Unidas, la justicia de transición comprende "toda la gama de procesos y mecanismos relacionados con el intento de una sociedad de asumir el legado de violaciones y abusos pasados a gran escala para garantizar la rendición de cuentas, hacer justicia y lograr la reconciliación". (S/2004/616). Su objetivo es reconocer a las víctimas de abusos pasados como titulares de derechos, aumentar la confianza entre los individuos en la sociedad y la confianza de los individuos en las instituciones del Estado, y reforzar el respeto de los derechos humanos y promover el Estado de Derecho (A/HRC/21/46). La justicia transicional busca así contribuir a la reconciliación y a la prevención de nuevas violaciones.

La justicia transicional tiene sus raíces en el derecho internacional de los derechos humanos. Los Estados tienen la obligación de proporcionar a las víctimas de violaciones de los derechos humanos un recurso efectivo, satisfaciendo sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Para que esta obligación se cumpla, y para que la justicia transicional pueda contribuir efectivamente a la paz y la reconciliación sostenibles, enfoques globales son necesarios. Estos enfoques pretenden avanzar en todas las dimensiones de la justicia transicional de forma complementaria.

Los procesos de justicia transicional incluyen la búsqueda de la verdad, iniciativas de enjuiciamiento, diversos tipos de reparación y una amplia gama de medidas para evitar que se repitan nuevas violaciones, como la reforma constitucional, legal e institucional, el fortalecimiento de la sociedad civil, los esfuerzos de conmemoración, las iniciativas culturales, la preservación de los archivos y la reforma de la enseñanza de la historia, según sea necesario y apropiado en el contexto específico.

Los procesos de justicia transicional deben ser: 

• Específicos del contexto: basados en las especificidades del contexto de cada país, los entornos políticos, institucionales y jurídicos, la historia, la cultura y las prioridades locales, incluidas las expectativas y demandas de las víctimas en materia de justicia, reconciliación y reconstrucción tras la violencia.
• Apropiación nacional: las autoridades nacionales y locales, así como las comunidades de víctimas y la sociedad en general, se apropian del proceso, participan en su diseño e implementación, lo reconocen y se relacionan con él para comprender el legado del pasado y construir una visión compartida para el futuro.
• Inclusivo: incluir a todas las partes interesadas, ya sean víctimas, transeúntes o agresores, independientemente de su origen político, social, religioso o étnico, así como a las comunidades y la sociedad en general, haciendo hincapié en la participación de aquellos que tradicionalmente o con frecuencia han sido dejados de lado o marginados (minorías étnicas/religiosas, apátridas, mujeres, jóvenes, niños, etc.).
• Centrada en las víctimas: reconocer la centralidad de las víctimas y su estatus especial en el diseño e implementación de los procesos de justicia transicional; su dignidad, puntos de vista, prioridades y preocupaciones deben ser plenamente respetados.
• Sensible al género: incluir a las mujeres en todas las etapas y niveles de la toma de decisiones en el proceso de justicia transicional y abordar de forma holística toda la gama de violaciones de los derechos humanos para transformar la desigualdad de género, incluso adoptando un enfoque específico en las violaciones sexuales y de género y sus causas fundamentales.
• Participación y empoderamiento: garantizar la participación significativa y la consulta con las víctimas y las comunidades afectadas en el diseño y la aplicación de los mecanismos de justicia transicional, contribuyendo así a un cambio en la percepción y la comprensión de las víctimas y de la sociedad en general de su condición y sus funciones como beneficiarios del proceso y como poderosos agentes de cambio en la búsqueda de la transformación, la paz, la democracia y la reconciliación. 
• Transformador para toda la sociedad: entendido no sólo como un ejercicio retrospectivo, sino como una oportunidad de futuro para una transformación social más significativa, abordando tanto las necesidades de las víctimas como las causas profundas de las violaciones, incluidas las grandes desigualdades, las estructuras de poder injustas, la discriminación y la exclusión arraigadas, las deficiencias institucionales, la impunidad estructural y otras violaciones de los derechos humanos que subyacen o impulsan tantas amenazas a la paz y la seguridad.

Si los procesos de justicia transicional cumplen con estos criterios, les permite hacer una contribución crítica a la profundo cambio de actitud que exigen las transformaciones sostenibles. En todo esto, es esencial asegurar la una participación lo más amplia posible de las organizaciones de la sociedad civil en la toma de decisiones.

La justicia de transición como herramienta de consolidación de la paz

La paz duradera está interrelacionada con la justicia, el desarrollo y el respeto a los derechos humanos. Los procesos de justicia transicional han demostrado en repetidas ocasiones que pueden ayudar a resolver los agravios y las divisiones de la sociedad. Para ello, los procesos de justicia transicional deben ser específicos del contexto, de titularidad nacional y centrados en las necesidades de las víctimas. Entonces, pueden mejorar conectar, potenciar y transformar las sociedades y contribuir así a una paz duradera. 
Las resoluciones paralelas de 2016 sobre el mantenimiento de la paz, la resolución de la Asamblea General 70/262 y la resolución del Consejo de Seguridad 2282, reconocen igualmente que la apropiación nacional y la inclusión son fundamentales para que los esfuerzos de consolidación de la paz tengan éxito.

Justicia transicional, responsabilidad y prevención  

Los procesos de justicia y rendición de cuentas ayudan a romper los ciclos de violencia y atrocidades, a restablecer el Estado de Derecho y la confianza en las instituciones, y a construir sociedades fuertes que puedan disminuir el riesgo de graves violaciones de los derechos humanos. Las resoluciones del Consejo de Seguridad han hecho hincapié en "subrayar [...] la importancia de la responsabilidad para prevenir futuros conflictos, evitar que se repitan las violaciones graves del derecho internacional y posibilitar la paz sostenible, la justicia, la verdad y la reconciliación". La justicia y la rendición de cuentas son cruciales para abordar y corregir los factores de riesgo de la comisión de crímenes atroces (véase el Marco de análisis de la ONU para los crímenes atroces).

Cada uno de los componentes de la justicia de transición puede desempeñar un papel en la prevención de atrocidades y otros tipos de violaciones graves de los derechos humanos (A/HRC/37/65). La responsabilidad penal envía una clara señal de que nadie está por encima de la ley: esto es crucial para la integración y la cohesión social. También desbarata o desactiva las redes delictivas y tiene el potencial de disuadir de nuevas violaciones y delitos.

La búsqueda de la verdad proporciona a las víctimas y a las comunidades afectadas una plataforma pública para expresar sus puntos de vista y permite a las diferentes comunidades escuchar las percepciones de los demás, proporcionando así una base objetiva y factual para desarrollar una comprensión compartida del pasado. Esto proporciona la base para las recomendaciones de prevención. Las reparaciones contribuyen a la prevención mediante el reconocimiento de las víctimas como individuos con derechos y su potencial como herramienta catalizadora para la transformación de sus condiciones. 

Las garantías de no repetición son intrínsecamente prospectivas y preventivas. Se trata de medidas específicas que abordan las causas profundas e inmediatas de las violaciones con el fin de evitar que se repitan. Más allá de la reforma institucional -que incluye la reforma constitucional, así como la reforma del sector de la justicia y la seguridad, incluida la investigación de antecedentes-, estas medidas pueden consistir en cambios en la educación sobre la historia, el asesoramiento sobre el trauma, el archivo y las iniciativas de conmemoración.