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Desarrollo integral y buen vivir -- principios, visiones y patrón innovadores para reorientar políticas nacionales e internacionales hacia un desarrollo sostenible y más justo

Discurso de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet

Pontificia Universidad Católica de Chile 


16 de junio de 2021

Excelencias,
Estimados y estimadas participantes,
Colegas, 

Me complace unirme a ustedes en este importante debate.

Pasamos por momentos muy difíciles.

La COVID-19 ha cobrado más de 3,5 millones de vidas en todo el mundo y ha apartado a familias y amigos.

Desde hace más de un año, esta emergencia sanitaria y su consiguiente crisis social y económica han puesto al descubierto una pandemia inaceptable de desigualdad y discriminación.

La extrema pobreza y las desigualdades están aumentando, incluyendo las desigualdades entre países. Además, no olvidemos que el cambio climático sigue avanzando hacia puntos de inflexión que pueden resultar irreversibles. 

En general, la pandemia amenaza los logros alcanzados con tanto esfuerzo en materia de desarrollo e igualdad de género y nos ha alejado aún más de la realización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODSs.

El informe Panorama Social de América Latina 2020 de la CEPAL, por ejemplo, nos informa que la pobreza y la extrema pobreza aumentaron en la región.  La pobreza pasó de 187 millones en 2019 a 209 millones en 2020. A su vez, la pobreza extrema de 70 millones en 2019 a 78 millones en 2020.

Se estima que el PIB del conjunto de las economías de América Latina y el Caribe se redujo un 7,7% en 2020. El número de personas desempleadas ha aumentado hasta situarse en 44,1 millones. Tres millones de estudiantes en la región corren el riesgo de no retomar su educación después de la crisis.

Los datos son aterradores.

Y datos, no olvidemos jamás, no son solo números.

Son personas -- sus familias, sus historias, sus sueños. 

En este caso, son millones de personas que continuamos dejando atrás.

Porque son justo las personas que ya se encontraban en situaciones más vulnerables -cuyas voces han sido histórica y sistemáticamente silenciadas- que han sufrido los peores impactos de la pandemia.

Esto incluye a las mujeres y las niñas, los pueblos indígenas, los afrodescendientes, las personas LGBTI, los migrantes y los refugiados, las personas con discapacidad y los privados de libertad, entre otros grupos.

Incluso antes de esta crisis, los determinantes socioeconómicos de la salud, como la desigualdad, la discriminación y la pobreza, ya eran las principales razones por las que millones de personas carecían de acceso a servicios de calidad.

De hecho, en todo el mundo, la COVID-19 y sus repercusiones han alimentado y agravado las lagunas en la protección de los derechos humanos.

Pocas veces hemos visto una demostración tan contundente del coste de descuidar los derechos humanos, y, por eso, del valor de defenderlos.

En este sentido, para mí, la principal manera de garantizar un desarrollo global sostenible y más justo es anclar en los derechos humanos todos nuestros esfuerzos para salir de la crisis actual. 

Necesitamos construir un nuevo contrato social con oportunidades para todas y todos como nos alienta el Secretario General en su Llamamiento a la acción en favor de los derechos humanos.

Así nos recuperamos mejor.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos ofrecen un plan de acción.

Tenemos medidas urgentes y concretas a tomar.

Me refiero a medidas contra las desigualdades a través del compromiso hacia los derechos económicos, sociales y culturales.

Son fundamentales las acciones de largo plazo para fortalecer los sistemas universales públicos de salud y protección social. La cobertura sanitaria universal es una prioridad fundamental.

Necesitamos avanzar hacia la realización progresiva de esos derechos, a través de un presupuesto que refleje la priorización en los derechos humanos, aprovechando el máximo de los recursos disponibles. No podremos reconstruirnos mejor con medidas de austeridad, ni con políticas económicas que concentran aún más la riqueza.

Desde que fui nombrada Alta Comisionada, he venido fortaleciendo la capacidad de nuestra Oficina en temas de derechos económicos, sociales y culturales, del derecho al desarrollo, así como el trabajo en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluyendo a través de nuestra iniciativa Surge.

Por otro lado, es crucial seguir avanzando hacia sistemas tributarios progresivos.

Es sencillo: quien tiene más, debería contribuir más para que todos nos podamos recuperar de la pandemia. 

Todos tenemos un rol que cumplir.

Estoy convencida de que la única manera de abordar de forma eficiente los retos que nos trajo la pandemia es involucrar a toda la población.

Durante 2020, hemos observado serias restricciones al espacio cívico y a los derechos civiles y políticos en el contexto de la pandemia, como limitaciones a los derechos de libertad de movimiento, asociación y reunión, libertad de expresión y opinión.

Aunque fueron necesarias algunas medidas de emergencia para frenar la propagación del virus, en algunos casos, los Estados han restringido innecesariamente y desproporcionalmente las libertades fundamentales y el espacio cívico, y también han socavado el estado de derecho.

Para mí, está claro: la participación activa, libre y significativa no es solo un derecho, es además la clave para una recuperación inclusiva y sostenible.

Y, finalmente, reconstruirnos mejor también es proteger el derecho de todas las personas a un medio ambiente sano.

En este contexto, acojo con satisfacción la entrada en vigor en América Latina y el Caribe del Acuerdo de Escazú. Su objetivo es garantizar el derecho de toda persona a un medio ambiente sano, y proteger a las personas defensoras de los derechos humanos del medio ambiente. Aliento a los países que aún no han ratificado, a hacerlo prontamente. 

Estimadas y estimados colegas,

Me preocupa ver como históricas inequidades, tanto dentro como entre países, están repitiéndose en la distribución de la vacuna.

Es necesario garantizar que las vacunas lleguen a todas y a todos, que sean asequibles y accesibles.

La pandemia ha dejado claro que sólo estaremos a salvo cuando todos estén a salvo. Así como está claro que para ser sostenible, el desarrollo debe ser inclusivo y llegar a todas las personas en todos los países. 

En todos los sentidos, el mundo necesita nuevos niveles de cooperación global y solidaridad internacional, así como una globalización más justa, hacia la realización del derecho al desarrollo.

Teniendo que enfrentarse con el colapso del comercio, la disminución de las remesas, la fuga de capitales, la depreciación de la moneda, además de la falta de una ayuda internacional al desarrollo suficiente, los países pobres se ven obligados a menudo a elegir entre proporcionar servicios básicos para sus ciudadanos o atender al servicio de su deuda. 

Un espacio fiscal y político reducido limita sus capacidades para emprender las inversiones necesarias para garantizar los niveles mínimos y esenciales de derechos que deben ser defendidos en todo momento, incluso durante períodos de crisis.

Amigas, amigos

La recuperación de la pandemia es nuestra oportunidad para diseñar nuevas sociedades -- más igualitarias y resilientes. 

Esto requiere un nuevo espíritu de colaboración, un reconocimiento de que más allá de las diferencias que en ocasiones tenemos, están los objetivos que compartimos.

Acabar con la discriminación y la privación.  Promover la dignidad humana y la igualdad humana.  Hacer realidad el bienestar y los derechos de nuestros conciudadanos.

Estoy convencida de que los derechos humanos y el desarrollo sostenible están interconectados y vinculados: los avances de cada uno hacen progresar al otro.

Gracias por sus contribuciones a este debate.